En el primer año de existencia del programa Obras por Impuestos, que pretende que empresarios realicen inversiones en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac) a cambio de recibir exoneraciones tributarias, solo impacto el 8.1% de esas regiones, ya que los proyectos llegaron únicamente a 25 municipios de los 344 que están priorizados.
Para su segunda ronda fueron asignados 250.000 millones de pesos, que serían invertidos en parte de los 65 proyectos priorizados. Este monto no llegará entonces a las arcas de la Dian como impuesto de renta, van directamente a los proyectos priorizados por las comunidades (ver radiografía).
Por esta vía, el Gobierno Nacional priorizará educación, agua potable, saneamiento básico, mejoramientos viales, puentes y redes de energía eléctrica. “Estas obras van de la mano de la concepción que tenemos de cómo se deben desarrollar las zonas más afectadas por la violencia y la pobreza”, comentó Emilio José Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.
Sin embargo, tras la primera ronda, hay aspectos del mecanismo que deben ser mejorados para que esté de acuerdo con su objetivo.
¿Es un gana - gana?
Obras por Impuestos no se trata de exenciones tributarias para las empresas que opten por el esquema. La filosofía de esta herramienta contempla beneficios para el Estado, que no debe hacerse cargo de la ejecución de los proyectos; la comunidad, que es la favorecida, y las empresas contribuyentes, que además de los descuentos impactan de buena forma a la población y entran a ser parte del tejido social con la comunidad.
De hecho, Francisco Noguera, gerente de Prosperidad Compartida de Ecopetrol S.A., la empresa que más ha invertido en el mecanismo (94.000 millones de pesos en 2018), aseguró que “es más fácil pagar impuestos que entrar a proyectos; pero acá el criterio que empleamos no es de qué es menos complejo, sino cómo aprovechar este mecanismo para que los impuestos tengan mayor impacto sobre las comunidades”.
Y es que los réditos que las empresas obtienen al apostarle a la transformación de esas poblaciones no se ven en dinero, ni en corto tiempo, pero es un hecho que las relaciones en el territorio se transforman, de ahí que la mayoría de las compañías que se vinculan al programa prioricen proyectos en su zona de influencia.
“El primer criterio es geográfico: cruzar esos municipios priorizados con la presencia actual o futura de las operaciones de Ecopetrol o de sus filiales, muchos en regiones como Arauca, Putumayo, Catatumbo, Antioquia, la zona cafetera y en La Guajira”, anotó Noguera.
En el caso del Grupo EPM, por ejemplo, buscó un nicho cercano a su operación y que además coincidiera con el tipo de servicio que presta la empresa. Carlos Pinilla Gallego, gerente de EPM para Urabá, contó que por gestión del grupo empresarial, el Gobierno decidió incluir entre los sectores priorizados el de agua potable y saneamiento básico, lo que le permitió entrar a la optimización del acueducto de Apartadó, en la construcción del tanque de almacenamiento en Turbo, y del alcantarillado en el barrio Obrero de ese mismo municipio.
“Este mecanismo permite que quienes conocen esas falencias puedan proponer cómo invertir los recursos de una manera adecuada y que se pueda utilizar una parte del pago de sus impuestos en la ejecución de proyectos de alto impacto, con beneficios cuantificables en las comunidades y de una manera más ágil”, manifestó Santiago Cardona Múnera, vicepresidente Colombia de Mineros S.A.
Podría considerarse que esta herramienta es un gana - gana en el que hay un importante impacto reputacional de la empresa y las comunidades tienen los proyectos que necesitan de una forma más rápida y eficiente.
Oportunidades de mejora
El primer aspecto a considerar, según María Lucía Méndez, coordinadora del área Empresas y Paz de la Fundación Ideas para la Paz, es el alto riesgo de que los proyectos no sean materializados acorde con las solicitudes y necesidades de los pobladores de las Zomac. Señala que las empresas, en su mayoría, no escogen los proyectos priorizados por la comunidad, porque no conocen los estudios previos y se podrían dar problemas como sobrecostos, por eso, decidieron formular sus propias iniciativas.
Al respecto, Noguera explicó que “existe mayor nivel de control y de conocimiento de los proyectos que son desde el principio estructurados por nosotros y existe un mayor nivel de incertidumbre en los proyectos que son estructurados por terceros”.
Sin embargo, exaltó que el programa de Obras por Impuestos permite que las empresas revisen los planes que están disponibles y hagan sugerencias de ajustes técnicos para mitigar algunos de estos riesgos, por ejemplo, ampliar los cronogramas para no estar tan ajustados en la ejecución o dejar ciertas holguras en el presupuesto en caso de que se presenten imprevistos.
De acuerdo con el consejero Emilio José Archila, el 80 % de los proyectos seleccionados en la primera ronda correspondían a las solicitudes de las comunidades, lo que habla de la armonía del programa.
Por otro lado, Cardona advirtió que “la reglamentación del mecanismo evidenció la necesidad de desarrollar mejor los roles y actuaciones de cada entidad que interviene en la ejecución de los proyectos, la normatividad aplicable en cada caso según el tipo de empresa que lo ejecuta, la combinación de figuras en la contratación, entre otras”.
Pero quizá lo que más impacto puede llegar a tener, dijo Méndez, es que los recursos son muy limitados y la idea es que se distribuyan por muchos municipios, por lo que consideró que si en vez de 344 municipios se hablara de los 180 priorizados en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial podría tener mejores efectos o ampliando el cupo máximo, asunto que fue tratado en la ley de financiamiento pero que entrará en vigencia para los proyectos ejecutados en 2020.
El techo de los recursos es decidido en el Consejo Superior de Política Fiscal, que vela porque los recursos de la nación sean bien invertidos y, como finalmente lo que alimenta este mecanismo son los impuestos, no se pueden desfinanciar otros programas.
La buena noticia sigue siendo que las obras que las comunidades requieren poco a poco van llegando, y esta vez llegan vestidas de empresario.
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