Compartir datos de inteligencia sobre movimientos criminales de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Guacho, es la tarea que se impusieron Colombia y Ecuador para frenar una ofensiva criminal que costó la vida de tres policías y heridas a 43 personas en el vecino país, en lo que va corrido del año.
Por ello, los viceministros de Defensa de Ecuador, Felipe Vega, y de Colombia, Aníbal Fernández, se reunieron y concertaron operar, en el mes de abril, un Centro de Información Conjunta (CIC) en Ipiales (Nariño). Desde allí se manejará la información de sospechosos, estadísticas, mapas y operaciones que se realizan en las poblaciones ubicadas en la franja fronteriza.
Fernández confirmó que “ese análisis en la frontera nos ha permitido tomar decisiones”, en términos de “fortalecimiento de inteligencia, generar operaciones y acciones coordinadas que redunden en una mayor seguridad para la región”.
La frontera entre ambos países está, por decirlo de algún modo, “caliente”. Guacho es ecuatoriano (nacido según autoridades civiles en Limones, población de Esmeraldas), y junto a los hombres que decidieron no acatar el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, más los que ha logrado reclutar, ha desplegado acciones en ambos países.
Inteligencia Militar tiene conocimiento de que por esa frontera porosa pasa la minería ilegal, el tráfico de personas y combustibles y, obviamente, el narcotráfico.
De acuerdo con el centro de investigación del crimen organizado, Insight Crime, la disidencia, que ellos llaman Farcrim, está interesada en darle paso a la gran cantidad de cocaína que sale de Tumaco (Nariño), la zona del país con más cultivos de uso ilícito según el informe de ONU, y en Ecuador está la clave: “la zona costera de San Lorenzo ofrece características consideradas ideales por los grupos narcotraficantes como punto de salida de cargamentos de cocaína dirigidos al exterior”.
Pablo Antonio Hadathi, gobernador de la provincia Esmeraldas (Ecuador), dijo a EL COLOMBIANO que en la frontera únicamente operan organizaciones criminales colombianas y que no han identificado reclutamiento forzado en su territorio. Explicó, además, que se hace necesario que las fuerzas armadas de ambos países compartan información sobre estos movimientos y trabajen junto con las comunidades para que se sientan más tranquilas, y evitar así la militarización de la frontera (ver radiografía).
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