Eran las 8:20 de la noche cuando unos hombres desconocidos sacaron de su propio hogar a Aníbal de Jesús Castaño Gallego, de 26 años, en presencia de su esposa y de su pequeño hijo.
“Nosotros teníamos una tiendita y ellos llegaron, tocaron la ventana, él salió y nunca más lo volví a ver”, recuerda su esposa María Obeida Gallego, a quien los hombres armados le dijeron: “éntrese y apague todo, no vuelva a salir y no le abra la puerta a nadie”.
Junto a Aníbal se llevaron a Óscar Hemel Zuluaga, de 16 años, de quien tampoco se supo su paradero.
Para la familia Castaño Gallego murieron muchos sueños. Al día siguiente Obeida y Aníbal tenían planes de hacerse una prueba de embarazo, pues un retraso de un mes anunciaba que posiblemente esperaban a su segundo hijo. La prueba dio positivo pero Aníbal nunca se enteró.
22 de junio
Muy temprano, hombres armados llegaron a la casa de la familia Cardona Quintero. Los habitantes de La Esperanza recuerdan que la madre dormía junto a sus hijos en una cama gigante elaborada por ellos mismos con palos y espuma para que todos cupieran. De su rincón fueron sacados dos menores: Juan Crisóstomo y Miguel Ancízar Cardona, de 12 y 16 años.
“La mamá de los niños lloraba todo el tiempo”, recuerdan sus vecinos, “no comía, decía constantemente que soñaba con ellos, que volvían, pero nunca lo hicieron”.
Esa misma mañana los paramilitares se llevaron de la casa a Fredy y a su esposa, dejando a un menor de dos meses, hijo de la pareja, a cargo de unos vecinos.
Fredy, más adelante, acompañado de militares y de paramilitares, señalaría como guerrilleros a los pobladores de la vereda La Esperanza que desaparecerían.
De Fredy se sabía muy poco porque llevaba escasos 20 días viviendo allá, supuestamente provenía de Urabá.
“El acuerdo con Fredy, alias ‘El Costeño’, era que si ellos (los paramilitares) le perdonaban la vida él les decía quiénes eran los milicianos y guerrilleros de esta vereda que estaban saliendo a hacer retenes. Por la presión, Fredy empezó a señalar a todo el que veía en la vía”, recuerda Verónica Giraldo, una de las víctimas, quien dice haberlo escuchado en las versiones libres de Ramón Isaza en Justicia y Paz.
26 de junio
Más de 50 soldados de la Fuerza de Tarea Águila de la Cuarta Brigada dispararon indiscriminadamente, a las dos de la mañana, en contra de la casa de la familia Gallego Hernández.
“Mi padre (Eliseo Gallego) recogió 350 casquillos de balas de diferentes calibres, la casa quedó destruida, le dieron a todo, pero gracias a Dios todos quedaron vivos”, afirma Flor Gallego.
7 de julio
Javier Giraldo, de la vereda El Tesoro, salió a mercar a Cocorná como lo hacía todos los domingos.
Él tenía conocimiento de las desapariciones pero tranquilizaba a su familia diciéndole: “eso ocurre en La Esperanza y en San Vicente, nosotros somos de otra vereda, y finalmente el que nada debe nada teme”.
Según el relato de su hija, Verónica Giraldo, una vez Javier compró los víveres, un vecino, Carlos Estrada, lo invitó a ensayar una moto que había acabado de comprar, así que dejaron los paquetes donde un familiar y salieron en el vehículo hacia la autopista. Frente a las cascadas del río Cocorná se les cayó la moto y de inmediato fueron retenidos por unos hombres en camionetas y dos de ellos tomaron la moto.
En la camioneta iban también el promotor de salud Juan Carlos Gallego, a quien habían sacado de la capilla, y Jaime Alonso Mejía, retenido de un establecimiento público.
“Mi papá puso mucha resistencia, al frente de la capilla se les tiró de la camioneta, pero lo agarraron de nuevo, y un poco más adelante, casi a un kilómetro, volvió a tirarse, en ese momento los que iban en la moto se chocaron contra la camioneta y quedaron levemente heridos, otro hombre con rabia le disparó a mi papá y lo mató”, cuenta Verónica, quien con solo 6 años tuvo que ver a su padre abaleado al borde de la vía.
Carlos Estrada logró huir mientras asesinaban a Javier y contar cómo ocurrieron los hechos.
Años más tarde, Ramón Isaza y Luis Eduardo Zuluaga, alias “McGuiver”, reconocerían este asesinato como un error en las audiencias de Justicia y Paz.
“Mi papá estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada”, asegura Verónica.
9 de julio
Ese día los paramilitares, ayudados por militares que fueron reconocidos, mas no identificados por los habitantes de La Esperanza, atacaron y desaparecieron campesinos en diferentes lugares.
Doña Flor Gallego estaba a cargo de Andrés Suárez Cordero, el bebé de tan solo dos meses, que habían tenido que dejar Fredy y su esposa tras la retención de los paramilitares.
Ella recuerda ese día con una “honda tristeza”.
Cinco hombres armados llegaron a su casa a reclamarle por qué tenía al niño, ella explicó que el menor rodó por diferentes casas de vecinos y al final llegó a la suya. Flor, encañonada por dos hombres, vio cómo obligaron a irse a su esposo, Hernando Castaño Castaño: “yo les rogué y les imploré, les mostré a mis cuatro hijitos y les expliqué que estaba embarazada, pero como apenas tenía dos meses y medio no me creyeron. Se lo llevaron y me dijeron ‘él vuelve’. Nunca más volvió y toda la vida me quedé esperando”.
Su recuerdo más nítido de aquella tarde fue cuando con sus manos sujetó su vientre helado, creyó que su minúsculo bebé no soportaría el dolor infinito que sentía, en ese momento llegó la noticia: otros hombres se llevaron a su hermano Octavio Gallego, los mismos que se habían llevado ya a su otro hermano, Juan Carlos.
Octavio estaba averiguando por el paradero de Juan Carlos en Cocorná, dice su esposa María Florinda Gallego, quien recuerda que por esos días estaban trabajando muy fuerte para poder construir la vivienda en la que iban a vivir con sus tres hijas pequeñas. Y cuando él regresó a la casa se lo llevaron unos hombres en una camioneta asegurando que lo necesitaban para que rindiera una declaración.
Asimismo, Carlos Muñoz asegura que ese día les avisaron que “iba a haber plomo” y por el miedo, sumado a que se aproximaba la lluvia, dejó las labores que hacía en el campo y se fue corriendo para su casa, dejó en el cultivo a su hermano Orlando Muñoz, quien cuando iba por el camino hacia su hogar también fue retenido por los paramilitares.
27 de diciembre
“Mi esposo Leonidas Cardona, de solo 21 años, fue desaparecido ese día, junto a don Andrés Gallego. Eso fue faltando un cuarto para las siete de la noche, que llegaron tres camionetas: una roja, una verde y una beige y cinco motos. Mi esposo acababa de llegar en la bicicleta de lavar carros. Yo cerré la puerta y le serví la comida. Nos tocaron la puerta y unos tipos encapuchados y otros de civil nos apuntaron con las armas. Yo cogí al bebé de ocho meses que tenía y los tipos le preguntaron a mi esposo: ‘usted cómo se llama’, y él les dijo: ‘Leonidas Cardona’, y uno de ellos dijo: ‘el nombre me suena pero la cara no’”, cuenta María del Rocío Cardona.
Los hombres les dijeron, según su relato, que eran paramilitares del Magdalena Medio enviados por Ramón Isaza. Sin embargo, ella asegura que entre esos hombres había dos soldados que había visto antes en los retenes de la carretera: “yo los reconocí porque ellos se mantenían metidos en mi casa y hasta dulces le daban al niño”.
“Un tipo de esos le dijo a mi esposo ‘la única opción de usted salvarse es que nos entregue ya a un guerrillero’, pero como no conocíamos a ninguno se lo llevaron”, recuerda la esposa.
Fredy lo señaló como guerrillero y a ella los paramilitares le prometieron que el comandante de la base militar de La Piñuela resolvería el caso y que tan pronto lo interrogaran él volvía.
Aun así, ella salió con su bebé persiguiendo la camioneta y gritando. En ese momento pasaron unos camiones con militares que justamente iban para esa base, ella les contó lo ocurrido pero “no hicieron nada, solo se burlaron de mí y me dijeron que me fuera para la casa”, comenta.
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La Corporación Jurídica Libertad, CJL, organización que representa a las víctimas casi desde que ocurrieron los hechos, menciona en sus informes que hubo otras personas desaparecidas: como Irene de Jesús Gallego, quien fue tratada como guerrillera ante la Fiscalía, a quien supuestamente dejaron en libertad pero nunca más apareció, y un menor del que no se pudo establecer su identidad, sacado de la casa de los niños Cardona. También mencionan el asesinato de Helí Gómez Osorio, personero de El Carmen de Viboral, quien denunció incansablemente las atrocidades que ocurrían en la vereda La Esperanza y en la Autopista Medellín Bogotá.
Sin reparación
Aunque en Colombia existe la Ley de Víctimas desde hace cinco años, aún muchas familias de La Esperanza no han obtenido su reparación, Verónica es una de ellas, tampoco lo ha sido la familia de los niños Cardona.
Julian Vasseur, enlace municipal de Víctimas de El Carmen de Viboral, indica que la reparación colectiva para la vereda La Esperanza está en fase de alistamiento, ya han hecho algunas reuniones con la comunidad para volver a crear los vínculos que el conflicto rompió, se ha hablado de la construcción de una caseta comunal, de mejorar los caminos, la iglesia y la escuela que son los puntos de encuentros de esa población.
Sin embargo, aún la Defensoría del Pueblo no ha recibido la declaración colectiva; se espera, según Vasseur, que se haga este año para tener listo el plan de reparación colectiva.
20 años de impunidad
“La justicia ordinaria, al principio, no mostró ningún interés”, expresa Bayron Góngora, abogado de la CJL.
Aunque la comunidad en sus denuncias responsabilizaba a a los paramilitares y a los militares de la Fuerza de Tarea Águila, nunca se ha vinculado a ningún agente del Estado formalmente a la investigación, según Góngora, y tampoco se hicieron esfuerzos por buscar a los desaparecidos.
La CJL llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, en 1999, desde donde enviaron unas recomendaciones al Gobierno Nacional en la que se incluía la reparación integral de las víctimas y avanzar en la búsqueda de los desaparecidos.
Luego, con la demovilización de los paramilitares y las versiones libres con las que tenían que cumplir para postularse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, Ramón Isaza y “McGuiver” declararon que sí se habían llevado a los campesinos de La Esperanza con ayuda de militares pero siempre el final fue distinto.
“Ramón Isaza es muy mentiroso, él en cada versión cambia de tema, la primera vez dijo que habían muerto en combate, después dijo que ellos estaban en los ríos Caldera, Samaná y Magdalena, y más tarde dijo que él no sabía, que sus hombres los mataban y no sabían dónde los habían tirado”, cuenta María del Rocío.
Verónica, quien también estuvo presente en las versiones libres, sustenta que “Ramón Isaza decía que donde olía a subversión ahí llegaba”.
Según Góngora, como el Estado vio inminente que el caso fuera de la Cidh a la CorteIDH, “nombraron un fiscal encargado para este tema y una comisión de investigadores. La versión de los paramilitares ha cambiado y ahora han movido tierra en muchas partes para mostrar que buscan cuerpos, pero no hay nada”.
Al día de hoy no se ha logrado establecer ni en la justicia ordinaria, ni en Justicia y Paz, la responsabilidad de ningún militar y ni siquiera se ha identificado a ninguno de los que podrían ser responsables. “Los paras han contado verdades a medias y han atribuido responsabilidades a militares muertos. Y en la Justicia ordinaria es altamente probable que la Fiscalía tenga intenciones de precluir la única investigación que mantiene como testigo al Mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana, sobre quien ya ha manifestado que no hay pruebas que concluyan con su responsabilidad”. Ramón Isaza ya está libre.
Audiencia en la Corte
Mañana y el miércoles la CorteIDH tendrá la audiencia para escuchar a las partes en el caso de la vereda La Esperanza contra el Estado colombiano.
Las víctimas esperan, dice el abogado, que la Corte haga valer sus derechos: que les digan qué pasó y por qué pasó eso con sus seres queridos y que se los entreguen, que se cumplan los estándares internaciones de reparación individual y colectiva y que se establezca la responsabilidad del Estado “que no quiso investigar e incumplió con el Pacto Interamericano”, y por último que el Estado pida perdón y reivindique el nombre de las víctimas que han sido estigmatizadas por todos estos años.
El Gobierno Nacional no reveló el sustento de su defensa y manifestó que esta será pública en la Corte.
“El Estado se va a defender, pero nosotros sabemos que la corte nos va a escuchar con el corazón y va a condenarlo por lo que el Ejército hizo contra nosotros y la negligencia de la justicia durante estos 20 años”, asegura Flor Gallego, quien estará como testigo mañana en la audiencia que tendrá lugar en Costa Rica.
