Los datos clave del caso Santrich

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Colprensa | Publicado el 16 de mayo de 2019

El viacrusis de Seuxis Paucias Hernández, mejor conocido como ‘Jesús Santrich’, empezó el 9 de abril del año pasado cuando fue solicitado en extradición por los Estados Unidos por sus presuntos vínculos con grupos narcotraficantes y el envío de cocaína a ese país posterior a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y la extinta guerrilla de las Farc.

Ese día, miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía llegaron a las 4:00 de la tarde hasta la residencia del exmiembro de las Farc, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, donde se realizó el operativo de captura y allanamiento tras la solicitud hecha por las autoridades de Estados Unidos.

Sin duda alguna, la detención fue un gran golpe para el proceso de paz que se firmó entre el Gobierno Nacional, en cabeza en ese momento del presidente Juan Manuel Santos, con una de las guerrillas más antiguas del continente, dado el papel protagónico que tenía Santrich en el partido político conformado tras la desmovilización y su posición como uno de los cinco representantes a la Cámara por el movimiento.

Por eso el caso conllevó a que Santos y el fiscal general Néstor Humberto Martínez, entregaran detalles de la captura a través de una declaración oficial en la que vincularon al excombatiente, según las investigaciones, como miembro de la organización ‘La Familia’, estructura que estaría dedicada a enviar droga al exterior y que tendría nexos con el ‘Cartel de Sinaloa’.

Santrich, quien fue enviado a la cárcel La Picota, inició una huelga de hambre que duró al menos un mes. A los 17 días de estar recluido en el centro penitenciario fue trasladado al hospital El Tunal, en el sur de Bogotá, donde se destinó todo un piso para su hospitalización bajo las más estrictas medidas de seguridad.

Una vez estuvo recuperado, el 10 de mayo fue trasladado a la Fundación Caminos de Libertad, espacio ofrecido por la Conferencia Episcopal por razones humanitarias y, posteriormente, el primero de junio regresó a la cárcel, luego de que el día anterior el Instituto Nacional de Medicina Legal dictaminara que estaba en condiciones de seguir recluido en la penitenciaria.

Así las cosas, entre rejas, médicos y audiencias pasó el excombatiente de las Farc hoy declarado en libertad por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dado que, según las investigaciones, no se pudo constatar que su presunto actuar delictivo fue cometido posterior a la firma del acuerdo final.

Si bien Santrich es juzgado por la justicia transicional, durante un año, un mes y seis días que estuvo retenido existieron rifirrafes entre la Fiscalía, la JEP, la Corte Suprema de Justicia y el propio Ministerio de Justicia, ya que no había claridad en quién tenía las competencias para entrar a definir la situación del exmiembro de las Farc, quien tampoco se pudo posesionar en la curul como representante a la Cámara el 20 de julio del año pasado.

Según se explicó en su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió formalmente la solicitud de extradición a comienzos de junio de 2018, la cual fue remitida al Ministerio de Justicia, a la Secretaría Jurídica de la JEP y a la Fiscalía General, con el fin de avanzar en el caso de extradición, la cual se demoraría entre cuatro y seis meses.

El 8 de junio el Ministerio de Justicia concluyó el estudio de la documentación, en solo uno de los cinco días que tenía para hacerlo, y se le envió al tribunal de la JEP, quien tenía 120 días desde ese momento para emitir un concepto sobre la fecha en la que habría sido cometida la conducta por la que fue acusado Santrich, es decir, que definiera si fue antes o después de la firma del proceso de paz.

Para ese momento la Corte Constitucional estaba definiendo el conflicto de competencias que había alrededor del caso, por lo que la JEP pidió que se suspendiera la extradición. Sin embargo, la respuesta del alto tribunal fue que la justicia transicional no podía suspender las extradiciones de los exmiembros de las Farc y ratificó que la Fiscalía era competente para mantener la custodia de los exguerrilleros.

Una vez definidas las competencias por parte de la Corte, el proceso de Santrich volvía a tomar forma y nuevamente la JEP entraba a estudiar el caso. Fue en septiembre cuando el tribunal decidió solicitar a la Fiscalía los audios y videos de las pruebas que pesaban sobre Santrich y, posteriormente, las pruebas fueron solicitadas directamente a la justicia de Estados Unidos.

En medio de este proceso, se surtió un hecho de no creer. En enero se conoció que la carta que definía el futuro de Jesús Santrich, a través de la cual se le pedía a Estados Unidos las evidencias con las que contaban para pedir la extradición, nunca llegó a manos de la justicia norteamericana, por lo cual tuvo que salir a dar explicaciones el Ministerio de Justicia y hasta 4-72, la compañía de correos colombiana.

Este problema llevó un retraso de 40 días en el andar del proceso de extradición de Santrich. Tras superado el tema, el 4 de febrero la JEP volvió a dar otro plazo de 20 días para recibir la asistencia judicial de Estados Unidos, la cual fue recibida a finales del mes, con lo cual el proceso entró en su recta final con la presentación de conclusiones por parte de la Procuraduría y de la propia JEP.

El pasado 8 de marzo la Procuraduría hizo entrega de su concepto, en el que advirtió que no procede la garantía de no extradición, por cuanto el requerimiento formulado por Estados Unidos se refería a hechos posteriores a la firma del Acuerdo final de paz, el primero de diciembre de 2016.

Sobre Santrich no solamente recayeron procesos judiciales. En enero, magistrados del Consejo de Estado lo visitaron en el centro penitenciario para promover la audiencia de pérdida de investidura en su contra por cuenta de una demanda que llegó al Alto Tribunal de parte de la Sala Directiva de la Cámara de Representantes en diciembre. En la misiva solicitaban que se decretara su muerte política, debido a que no se posesionó en su curul el 20 de julio.

En la diligencia, el excombatiente argumentó que si bien no era el espacio para hacer mención de su inocencia, este dejó ver entre líneas que era víctima de las arbitrariedades que a su juicio ha cometido el fiscal general. Por lo que en medio de la diligencia no escatimó en asegurar que no ha pensado en mover “ni un solo gramo de cocaína ni participar en ningún acto legal o ilegal”. Así como también declaró que “no soy un traqueto, soy un revolucionario y gestor de paz”.

Posterior a ello, en marzo el nombre Santrich volvió a sonar y no precisamente por su actuar individual. La Fiscalía capturó al fiscal de la JEP Carlos Julián Bermeo Casas, quien según investigaciones, recibió dinero a cambio de favorecer al excombatiente en su proceso de extradición.

Esa no fue la única noticia que hubo de Santrich durante ese mes. Pues el Consejo de Estado le dio vía libre su vida política pues si bien no se posesionó en el Congreso de la República, el alto tribunal consideró que no lo hizo dado que fue por una causa de fuerza mayor. Se encontraba recluido en la cárcel que abandonará durante los próximos días.

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