La capacidad de influencia del Gobierno Nacional se exigirá al máximo en los días que vienen, previos a la posible firma del acuerdo final con la guerrilla de las Farc. El terreno más expedito está, por ahora, en el Congreso, donde ayer inició el estudio del artículo transitorio.
Aparte de los tres partidos de la Unidad Nacional (La U, Liberal y Cambio Radical), hay otros cuatro que respaldan los diálogos de La Habana (Alianza Verde, Polo Democrático, Conservador y Opción Ciudadana). El presidente Juan Manuel Santos se ha reunido en los últimos días con cada bancada para afinar detalles de procedimiento.
De igual manera, en el plano internacional ha sido notorio el respaldo de organismos multilaterales, incluso hubo una consulta previa al Gobierno suizo y la Cruz Roja Internacional.
Donde la suerte no está echada es en la Corte Constitucional, que pasará lupa al artículo transitorio que blindaría el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc. Además, decidirá el futuro del plebiscito refrendatorio. A continuación un sondeo de qué podría ocurrir en cada escenario:
Sin riesgo a la vista en el congreso
El senador Iván Cepeda (PDA) afirmó que todas las condiciones están dadas en el Legislativo para sacar adelante el artículo transitorio y que hay voluntad política. Dentro de su partido hay algunos que no han definido el apoyo.
Por su parte Antonio Navarro (P. Verde) dijo que no se atreve a decir que el trámite tiene los votos asegurados. Mientras tanto Claudia López lo calificó de inconveniente, pues consideró que es un “exabrupto de un gobierno débil y complaciente ante las Farc”. Dijo que debe haber primero refrendación popular.
El espaldarazo de los liberales fue confirmado ayer durante el almuerzo que tuvo la bancada con el presidente Santos. El congresista John Jairo Roldán afirmó que apoyarán el artículo transitorio y demás propuestas de paz.
“Lo que viene es un debate parecido al que ha tenido hasta ahora el proyecto de Acto Legislativo por la paz. De igual manera nos comprometimos ayer con el plebiscito, que sería votado entre septiembre y octubre de este año”.
Los conservadores también se reunieron ayer y presentarán hoy una proposición ante la Comisión Primera de la Cámara, para que, en palabras de David Barguil, presidente de la colectividad, también se haga un blindaje a la sociedad.
“La propuesta es que la entrada en vigor de los acuerdos solo se dé una vez se haga la refrendación popular, se desarmen las Farc y cesen toda acción ilegal, especialmente el narcotráfico”, dijo Barguil.
De otro lado, el representante Federico Hoyos (Centro Democrático), confía en que el Congreso no apruebe un acto revestido de ilegalidad, pues considera que el artículo del acuerdo especial se está introduciendo en uno de los últimos debates y rompe el principio de unidad de materia.
“El Gobierno quiere que en una semana el Congreso apruebe algo tan trascendental. Sería un pésimo ejemplo una aprobación a pupitrazo limpio, con la anuencia de los partidos y sin debate público. Este es un proceso de mucho apoyo político y poco debate técnico”, agregó Hoyos.
En el plano internacional hubo antesala
Arlene B. Tickner, doctora en Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, afirmó que es un hecho que el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios de Ginebra, aprobará la solicitud de acuerdo especial hecha por las partes, que entre otras cosas también lo protegería de la Corte Penal Internacional.
“El mismo procedimiento se ha hecho en varios acuerdos de paz en África. El Comité Internacional de la Cruz Roja ya dio un concepto favorable. La gran diferencia del caso colombiano es que se pedirá que sea acuerdo especial no en medio de la guerra, para humanizarla, sino al final”.
Lo que inquieta a Tickner, docente de la Universidad de Los Andes, es que todo el acuerdo será declarado como especial, y eso también da pie al seguimiento internacional en todo, no solo en lo relacionado con el Derecho Internacional Humanitario.
“Si bien esto puede ayudar al logro de objetivos a corto plazo, en el momento en que haya supervisión internacional a objetivos de más largo plazo relacionados, por ejemplo, con drogas, queda la duda de si esto será una ayuda o un estorbo”, dijo Ticker.
Por su parte Juan David García, internacionalista de la Universidad Pontificia Bolivariana, afirmó que con lo anunciado por los garantes se consideró a las Farc como sujeto de derecho internacional, algo contrario a la realidad, puesto que el proceso es entre el Gobierno y un grupo ilegal que está integrado al narcotráfico.
“Esta guerrilla continúa en la lista de organizaciones terroristas del Parlamento Europeo y el Departamento de Estados de los Estados Unidos. Hay temas como las drogas que no tienen relación con el artículo tren común a los Convenios de Ginebra. En el futuro podría haber una reclamación por parte de la Corte Penal Internacional, que podría advertir el intento de las Farc de evitar su jurisdicción.
en la corte se darían reparos
El jurista Jesús Vallejo, explicó que si la Corte Constitucional es congruente con la tesis que sostuvo en el fallo sobre la reelección de Álvaro Uribe, deberá considerar que hay una iniciativa que tiende a subvertir la Constitución.
“Tendrán que evaluar la consecutividad, porque se introduce para el séptima debate un artículo transitorio. Las tesis que ha sostenido la Corte es que en el segundo debate de una ley no pueden introducirse temas nuevos salvo que haya sido discutido en los primeros debates”, dijo Vallejo.
El también exmagistrado dijo que el Gobierno ejercerá presión sobre la Corte, para que también declare exequible el plebiscito, como se hizo en 1990, cuando “en aras de la paz” se le dio vía libre a una Blitzkrieg, el término alemán que equivale a una guerra relámpago.
Para Andrés Felipe Bernal, investigador Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, si la Corte remite su decisión al derecho encontrará la inexequibilidad del mismo, pero considera que el tribunal está politizado y buscará la paz a cualquier precio.
“Este tipo de acuerdos suelen celebrarse es entre estados y su finalidad está enfocada hacia la humanización de un conflicto y no la creación de un acuerdo jurídico. De igual manera, deberá plantear el vicio de constitucionalidad que implica el rompimiento del principio de consecutividad”, concluyó Bernal..
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