Diecinueve ataques en seis departamentos, que han dejado siete policías muertos y 18 heridos, es el saldo parcial del plan pistola orquestado por la banda “los Urabeños” durante los últimos 18 días.
La oleada de violencia también suma seis civiles lesionados en atentados con explosivos, así como un suboficial del Ejército y dos guardianes del Inpec hospitalizados por heridas de bala.
Lo peor es que esta organización, también llamada “Clan del Golfo”, estaría planeando un atentado terrorista aún más fuerte. Así quedó evidenciado en las audiencias de control de garantías de Luis Eduardo Ortiz Tuberquia (“el Indio”), realizadas el pasado fin de semana ante el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, en Medellín.
En la diligencia, la Dirección de Fiscalías contra el Crimen Organizado reveló los audios de unas interceptaciones telefónicas, en los que miembros de la banda coordinaban la consecución de un carro con placa adulterada, al parecer para usarlo como bomba.
Su propósito, según indagaciones preliminares, era ejecutar “un atentado donde la organización se hiciera sentir”.
En sus conversaciones, los delincuentes decían que el ataque debía dejar al menos 20 policías muertos en Urabá. También hablaban del asesinato selectivo de un agente de la Sijín y de agredir “a alguien importante en Bogotá o Medellín, sea un político o uno de los verdes de alto nivel”, como se reveló en las audiencias.
“El Indio”, señalado de ser cabecilla urbano en Apartadó, negó los cargos imputados de homicidio agravado (por las muertes de un estudiante y una ama de casa en ese municipio), tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El juzgado le dictó medida de aseguramiento en la cárcel de Cómbita, Boyacá.
Fuentes de Policía y Fiscalía consultadas por este diario, señalan que los primeros dos ataques en el Occidente antioqueño (ver el gráfico) fueron en retaliación por la captura de Daniel Robledo (“Róbinson”), cabecilla del grupo en esa subregión, el 27 de abril.
Pero la oleada de muertes se desató tras un operativo del 2 de mayo en Arboletes, en el que los comandos policiales dieron de baja a Uldar Cardona Rueda (“Pablito”) y tres escoltas, cuando celebraban el cumpleaños del hijo de aquel hombre, coordinador de la estructura en Córdoba, Bajo Cauca y Meta.
Así lo reconoció el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien ayer presentó un balance de la situación: “se han activado en 12 ocasiones artefactos explosivos y ha habido hostigamientos, dentro de un designio criminal llamado por ellos plan pistola”.
Los agentes consultados, bajo reserva de identidad, por tratarse de una investigación en curso, aducen que a la venganza por las muertes y las capturas de sus cabecillas, “los Urabeños” estarían añadiendo otro ingrediente.
Al parecer buscan presionar que se tramite en el Congreso un proyecto de ley que facilite la negociación de un sometimiento con el Gobierno, el cual traería beneficios judiciales para sus miembros.
La creación de dicha ley está contemplada en el punto 3.4.13 del Acuerdo de Paz de La Habana, que dice: “en el marco de la justicia ordinaria y con el fin de contribuir a la lucha contra las organizaciones criminales, fortalecer las garantías de seguridad en los territorios y facilitar la creación de condiciones favorables para la construcción de la paz, el Gobierno Nacional en coordinación con la rama judicial, presentará un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia de las organizaciones antes señaladas, mediante el procedimiento legislativo especial para la paz (...)”.
La facción, que desde el principio ha buscado estatus político autodenominándose “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, pretendería mostrarse fuerte de cara a esa eventual negociación, sobre todo después de que el Ministro de Defensa afirmara el pasado 3 de mayo que la Fuerza Pública la había reducido a la mitad, dejándola con cerca de 1.800 militantes.
“El argumento del Gobierno, de que esa es una simple retaliación de narcotraficantes, es una pobre explicación, que no abarca algo más complejo”, señala el consultor en seguridad, John Marulanda.
A su juicio, detrás de este fenómeno “hay un maridaje entre el ‘Clan del Golfo’ y la guerrilla de las Farc, con relaciones familiares entre cabecillas como ‘Otoniel’ e ‘Isaías Trujillo’, respectivamente. Esto podría entenderse como una estrategia, más allá de la simple venganza, que se inscribe en esa teoría de la combinación de todas las formas de lucha para llegar al poder, que incluye también la creación de disidencias farianas. Hay un hilo que une todo, porque los narcos de ‘los Urabeños’ son comerciantes, pero estas técnicas de ataques con bombas y francotiradores son más guerrilleras”.
Jorge Giraldo, docente universitario y miembro de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que participó en los diálogos de La Habana, opina que las teorías de la retaliación y de la presión política no son excluyentes.
“Es cierto que hay una respuesta contra los operativos de la Policía, pero es probable que también quieran acelerar la aprobación de la ley. Tengo entendido que ese proyecto de ley estaría contemplado dentro de la lista que el Gobierno Nacional quiere tramitar a través del Fast Track”, precisa.
Y concluye: “desde las conversaciones en Cuba, se hizo énfasis en que el Gobierno y la Fuerza Pública tenían que copar los territorios dejados por las Farc, por eso, sobre ellos la opinión pública ejerce presión para que den resultados contra ‘los Urabeños’. Esta pugna, de parte y parte, está ocasionando el recrudecimiento de los operativos, las retaliaciones y la violencia”.
