El 2023 termina para el Gobierno con un sabor agridulce en sus intenciones de reformar el sistema de salud. Si bien no logró aprobar en el Congreso la reforma que presentó en febrero, pudo mover las fichas necesarias en el ajedrez político para pasarla en dos de sus cuatro debates.
Todo esto, a pesar de que el presidente Gustavo Petro comenzó su periodo con una coalición numerosa y poderosa en el Legislativo: la misma que dilapidó y destruyó tres meses después, precisamente, por defender dicha reforma.
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Pero más allá de los cálculos y movimientos políticos que giraron en torno a esta reforma, lo cierto es que su contenido –de seguir como va– le daría un vuelco total al sistema de salud como lo conoce el país desde hace 30 años. Si bien son 143 artículos del proyecto de reforma y resumirlo completo daría para un libro (ya los hay), EL COLOMBIANO recogió sus tres puntos más álgidos que tuvo este año.
No serán EPS, sino EGVIS
Este cambio empieza por la aparición de las Entidades Gestoras de Salud y Vida (EGVIS), que remplazarían a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Pero además del nombre, cambiarían una función fundamental: dejarían de recibir la plata para atender a sus afiliados y hacer gestión de esos recursos.
Esto se materializaría mediante el giro directo a hospitales y clínicas, que es el nombre técnico de la maniobra en el que el Estado le da plata anualmente a las EPS para que garanticen la atención en salud de los afiliados con todo lo que está en el Plan de beneficios en Salud (PBS) –en donde están los procedimientos, medicamentos, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas–, sea del régimen contributivo o del subsidiado.
El Estado maneja la plata
Lo advirtió el presidente Petro cuando su entonces ministra de Salud, Carolina Corcho, radicó la reforma en el Congreso. “El sistema que surge de esta ley es uno planificado con una fuerte presencia estatal, pero mixto porque permite la presencia privada”, explicó.
Y así lo sostiene el representante Alfredo Mondragón, ponente de la reforma, cuando insiste en que “no habrá manejo de recursos públicos por parte de privados”.
En ese sentido, el proyecto plantea que la Administradora de Recursos de Salud (Adres, encargada de esa tarea) no se les siga dando la plata a las EPS, sino que se la den directamente a los prestadores de salud (hospitales y clínicas). Esta figura, sin embargo, se efectua desde 2011. De hecho, para diciembre de este año, la Adres tenía 4.256 IPS registradas para hacerles giro directo.
Así, sostienen los impulsores de la reforma, habría una manejo transparte de los recursos de la salud. No obstante, actualmente la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Salud realizan auditorías a las EPS para vigilar que usen de manera adecuada esa plata.
Nueva ruta de atención en salud
Como va aprobada la reforma hasta ahora, los colombianos tendrían que familiarizarse con dos lugares: los CAPS (centros de atención prioritaria en salud) y las RIISS (redes integrales integradas de salud). Los primeros serán “la puerta de entrada de la población al sistema de salud” y las segundas serán “el conjunto de organizaciones que prestan servicios de salud”.
En plata blanca esto quiere decir que para una persona atender una necesidad en salud tendría que ir primero a un CAPS y, dependiendo de la complejidad será trasladada a un centro médico de la RIISS.
El investigador en sistemas de salud de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, traduce esto en que “tiene un impacto real en la vida de las personas porque parte de lo que tiene bien este sistema es su diseño, pero la reforma lo está cambiando todo, empezando por el flujo de recursos y la ruta de los pacientes”.
El año 2024 será decisivo para esta reforma y para el sistema, que quedará en manos del Senado y de la revisión de la Corte Constitucional.
Senado tendrá la última palabra en el legislativo
A la reforma a la salud –presentada como una ley ordinaria– le faltan dos de sus cuatro debates, que tendrán lugar en la Comisión Séptima y la plenaria del Senado. Sin embargo, el panorama allí es complejo para el Gobierno. En comisión, donde seguirá su trámite, solo cuentan con cuatro apoyos fijos (dos del Pacto Histórico, uno de la Alianza Verde y uno de Comunes), mientras que tiene cinco rechazos (dos del Centro Democrático, dos del Partido Conservador y uno de Colombia Justa Libres) y otros cuatro indecisos (uno del Partido Liberal, ASI, Partido de la U y Mira).
