La Corte Constitucional dio un plazo de dos años para que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y a la Agencia Nacional de Tierras hagan, de una vez por todas, claridad del predio Arroyo Grande, ubicado en Bolívar, en una disputa que se remonta al fin de la esclavitud en el país.
Se trata del predio Hacienda Arroyo Grande que, tras la abolición de la esclavitud, fue entregado por los herederos propietarios, señores Justiniano y Mariano Ramírez, a sus antiguos esclavos como forma de compensación por los años de trabajo. El predio se entregó a través de un sistema de acciones (40 años de trabajo equivalían a 40 acciones de derecho sobre la propiedad) a 113 personas.
El terreno equivale a 18.000 hectáreas y comprende cuatro municipios: Clemencia, Luruaco, Cartagena y Santa Catalina. Según la Corte, los linderos fácilmente identificables son el Mar Caribe y la Quebrada de Amanzaguapos, mientras que aquellos que ofrecen más dificultad son los relacionados con la Hacienda la Púa, propiedad de Andrés Jarava, y los límites con Clemencia y el Caserío el Coco, en la parte continental del predio. En toda esta zona hay asentamientos.
Con el tiempo se originaron títulos falsos de propiedad que llevaron a querellas por la posesión de la tierra por lo que herederos solicitaron actuación de las autoridades, sin respuesta del Incoder.
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