La Ley de Orden Público está en debate en el Congreso. Sin embargo, este martes durante al plenaria de la Cámara de Representantes se contemplaron modificaciones que no estaban en el proyecto inicial como la de dar la potestad al gobierno de pedir reactivar las órdenes de captura contra los exintegrantes de las Farc, quienes en teoría dejaron las armas después del Proceso de Paz.
La propuesta fue hecha por el representante a la Cámara del Centro Democratico por el Huila, Álvaro Hernán Prada, quien solicitó adicionar un inciso al parágrafo transitorio número tres del artículo 8 del documento.
Este consiste en que “de manera excepcional y por motivos de seguridad o interés público, el Gobierno Nacional podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria la reactivación de las órdenes de captura que se hayan suspendido”.
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Según la iniciativa del representante, aquellos que se vean afectados por esta medida tendrían un término de 30 días para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De no hacerlo, la justicia ordinaria podría pedir su captura y poner a la persona detenida a disposición de este tribunal.
De aprobarse, se abren interrogantes sobre el futuro de Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, más conocido como “el Paisa”, quien no se ha presentado ante la JEP.
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Entonces, antes de que el legislativo concluya el futuro de la propuesta, desde ya se conoce una de las implicaciones que tendría la aplicación de esta modificación: poder capturar a “el Paisa” si este no se presenta ante el tribunal. Es decir, la iniciativa tiene un nombre propio, y no es precisamente el del representante Álvaro Hernán Prada, sino el de Hernán Darío Velásquez, exmilitante de las Farc.
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, explicó a Caracol Radio que la iniciativa no estaba contenida en el proyecto inicial del gobierno, sino que fue propuesta en la Cámara de Representantes por uno de los ponentes y aprobada por los legisladores. “Esta iniciativa no es fundamental para el proyecto de Ley de Orden Público”, aseguró.
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La iniciativa preocupa a un sector del Congreso. Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá quien hizo parte del equipo del gobierno en el Proceso e Paz, aseguró que se trata de un “mico” que el Centro Democrático quiere poner a la Ley porque “permite capturar a quienes sí están cumpliendo con el acuerdo de paz y en cambio beneficiar a disidencias que lo incumplieron”.
Durante la mañana continuará el debate entorno a esta Ley que vence el próximo 18 de diciembre y podría ser aprobada en el transcurso del día.
