Ya atravesado el meridiano de su período de gobierno, 2018 marca para los alcaldes de todo el país el momento para consolidar los resultados de su gestión.
El tiempo para alcanzar los objetivos trazados en planes de desarrollo se acorta y las estructuras políticas empezarán a alinearse de cara a las elecciones municipales y departamentales de 2019.
Sin embargo, los mandatarios se enfrentarán este año al reto de comprobar la transparencia de su gestión pública, dado que, en 2017, al menos 40 alcaldes fueron privados de la libertad por procesos judiciales y, en las principales ciudades, cursan investigaciones contra los alcaldes de Bucaramanga, Ibagué, Montería y Pereira; mientras que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, deberá responder ante la Contraloría por detrimento patrimonial, al no utilizar los estudios para la construcción del Metro que fueron contratados por la Administración de Gustavo Petro.
Los escándalos por corrupción estremecieron a Colombia durante el año pasado y el flagelo también afecta profundamente el ámbito local. La dimensión del problema puede medirse usando como referencia el Índice de Transparencia de las Entidades Públicas (Itep), de la ONG Transparencia por Colombia, que en su medición evalúa variables como la transparencia de la información, la fortaleza institucional y el control y sanción a las irregularidades. En su resultado más reciente, publicado en 2017, ubicó a 16 capitales departamentales en las categorías de riesgo alto y muy alto, entre ellas, Cartagena e Ibagué. Ninguna de las ciudades evaluadas fue clasificada en riesgo bajo.
Así, de manera paralela a enfocar sus esfuerzos en demostrar una gestión limpia, los mandatarios se abocan a desafíos en infraestructura, desarrollo económico, espacio público, movilidad, seguridad y medio ambiente, propios de cada ciudad.
