En Colombia mucho se ha discutido sobre la conveniencia de que los particulares intervengan en la financiación de las campañas políticas. De hecho, uno de los objetivos que se trazó el Gobierno Nacional durante el trámite de la reforma de equilibrio de poderes, fue avanzar hacia un sistema de financiación preponderantemente público. Sin embargo, el intento fue frustrado por las mayorías del Congreso, por lo que el debate aún está abierto.
Sandra Martínez, de Transparencia por Colombia, dijo no estar del todo convencida de las bondades de un sistema de financiación público. “Personalmente pienso que en un país como Colombia donde hay tantas necesidades no sería ideal que el Estado tuviera ese gasto. Además, creo que eso no evitaría que sigan entrando recursos de privados a las campañas, entonces lo que hay que hacer es procurar que lo que entre del sector privado sea transparente”.
Entre tanto, Juan David Pérez, de la Andi, aseguró que es un tema en el que aún falta mucha pedagogía, por eso celebró el hecho de que Transparencia por Colombia venga haciendo campañas de sensibilización.
“Debemos trabajar en pedagogía alrededor del tema. Tenemos que ayudar a los empresarios a que entiendan el alcance de este asunto, las implicaciones y los límites que hay en la materia”, declaró Pérez.
Los topes fijados por el CNE
En el país, por disposición constitucional, le corresponde al Consejo Nacional Electoral fijar en cada año electoral los topes máximos que podrán gastar las campañas políticas en su actividad proselitista.
La resolución número 0127 del 30 de enero de este año, expedida por el CNE, fijó los límites a los montos de gastos de las campañas electorales de los candidatos que se inscriban para las elecciones a Gobernaciones y Alcaldías Distritales y Municipales.
En ese orden de ideas, las campañas a Gobernación para un departamento como Antioquia, cuyo censo electoral es superior a los cuatro millones de ciudadanos, el tope de gastos será de 3.552 millones de pesos, de los cuales solamente 355 millones podrán ser aportados por privados.
Por su parte, para las campañas a la asamblea departamental, a cada lista les serán permitidos gastar hasta 9.170 millones, de los cuales 917 millones de pesos podrán provenir de particulares.
En lo que tiene que ver con alcaldías, para aquellas ciudades, como Medellín, cuyo potencial electoral se encuentra entre el millón y los cinco millones de posibles votantes, el monto máximo de gastos en campaña será de 1.726 millones de pesos y de esa cifra lo máximo que podrán aportar los particulares será 172 millones de pesos.
El CNE también estableció los topes de gastos para las listas de candidatos al Concejo de Medellín. Según la resolución expedida por los magistrados que integran esa corporación, cada lista de aspirantes a ese cuerpo colegiado podrá gastar hasta un máximo de 5.533 millones de pesos, mientras que los aportes de privados para esas aspiraciones no podrán superar los 553 millones de pesos.
Cabe recordar que la ley dispone que las campañas deberán presentar un informe de ingresos y egresos de manera periódica para que la autoridad electoral pueda controlar las cantidades de dinero con las que las distintas campañas están financiándose .
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