Sin cumplir siquiera seis meses en el poder, el presidente Gustavo Petro le pidió a sus seguidores que salgan a las calles a respaldar las reformas estructurales que prometió en campaña, pero llamó la atención que haya hecho esta convocatoria justo cuando empezaron a crecer los cuestionamientos frente al secretismo y escepticismo de su gobierno en torno a los detalles de, precisamente, esos cambios que planea hacerle al funcionamiento del Estado.
El Mandatario recurrió a Twitter, la que volvió su más fiel herramienta en el poder, para pedirle a sus adeptos que salgan a las plazas públicas el 14 de febrero y el 1 de mayo con la excusa de “discutir” allí sus reformas. No obstante, detrás de esta convocatoria a un supuesto diálogo social, habría una estrategia gestada desde la Casa de Nariño y el Pacto Histórico con la que se busca restarle fuerza a las críticas y, según la oposición, ejercer presión sobre quienes hacen reparos a las reformas.
Pedirle a la ciudadanía que salga a las calles no es una estrategia ajena para Petro, pues su ministro del Interior, Alfonso Prada, dio pistas en septiembre de 2022 de que ese sería una especie de “as bajo la manga” si no se lograban los objetivos del Gobierno. Así quedó en evidencia en el Cauca, desde donde Prada le sugirió a las comunidades que hicieran una “movilización popular” para que el Congreso aprobara la reforma tributaria.
Sin embargo, la diferencia es que ahora no está en juego el proyecto que desde la Casa de Nariño se vendió como una reforma que solo afectaría a los 4.000 más ricos del país, sino una serie de transformaciones en las bases del Estado que podrían tocar el bolsillo de los ciudadanos del común al poner en juego temas de su interés como el sistema pensional, de salud y de justicia.
¿Cambio con secretismo?
Petro y Francia Márquez salieron victoriosos en las urnas en 2022 gracias a que adoptaron como narrativa una promesa de cambio, aprovechando su posición de opositores y el creciente descontento social que se desató con el paro de abril de 2021, que fue convocado contra la reforma tributaria que en ese momento tramitaba el gobierno de Iván Duque y que terminó costándole el puesto al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.
Al llegar al poder, y de paso dejar de ser oposición, ambos se estrellaron de frente con la realidad, ya que hacer estas ambiciosas reformas que prometieron durante la contienda les ha implicado un amplio costo político que no se subsana solo con burocracia para los partidos aliados, pues estas reformas de fondo a la estructura actual del Estado no solo han desatado discusiones, sino también incertidumbre.
Ese es el caso de la reforma a la salud, iniciativa sobre la cual el Gobierno ha revelado detalles mínimos a pesar de que el Presidente y la ministra de Salud, Carolina Corcho, han asegurado que es de suma prioridad e importancia, razón por la cual la tramitarán en las sesiones extraordinarias del Congreso que Petro convocó desde el 6 de febrero.
Con los días contados para que el Gobierno lleve esta reforma al Legislativo, han surgido voces críticas por la falta de claridad frente a este proyecto, cuyo mayor “fantasma” es el de la promesa de acabar con las EPS argumentando que no funcionan bien, y con una polémica a cuestas: el insistente mensaje del Jefe de Estado asegurando que el sistema de salud es uno de los “peores de todo el mundo”.
El nivel de incertidumbre ha sido tal que 11 organizaciones que agrupan a EPS y otros actores del sistema de salud se pronunciaron de manera colectiva para plantear que falta transparencia en el proceso de construcción de la propuesta y le pidieron a la ministra Corcho que comparta con la opinión pública el contenido de su reforma a la salud.
“Es de la mayor importancia que esta reforma, que afecta de manera directa la atención en salud de todos los colombianos y la sostenibilidad del sistema, cuente con los espacios de construcción, deliberación y concertación con la voz de todos los actores, como lo ha prometido el Gobierno para esta y todas las reformas”, señaló el comunicado firmado por gremios como Acemi (que agrupa 10 EPS), la Andi, Fenalco, Asocajas, entre otros.
Esta versión contrasta con lo dicho por la ministra Corcho, quien ha asegurado públicamente que el Gobierno ha hecho el “máximo esfuerzo”, para que se discuta “lo más ampliamente posible” esta reforma, según ella, en diversas audiencias públicas convocadas por el Congreso.
Pese a eso, el Ministerio de Salud no ha revelado todavía el borrador de ese proyecto, que plantean que está en el despacho del presidente Petro.
Abunda la incertidumbre
La falta de claridad frente a una reforma tan ambiciosa que pretende darle un giro al sistema de salud ha hecho crecer los cuestionamientos contra el Gobierno, al que incluso políticos de los propios partidos aliados de Petro han empezado a criticar porque ni siquiera saben qué es lo que deberían defender, ya que no han conocido el proyecto.
Una de las críticas contra el Mandatario fue la representante a la Cámara, Katherine Miranda, quien fue su jefe de debate en la última recta de la contienda presidencial. Tras conocer la convocatoria del Jefe de Estado a marchas en su respaldo, Miranda cuestionó el secretismo en torno a los proyectos reformistas. “Antes de salir a marchar en contra o a favor de las reformas, lo mínimo que pido es conocerlas”, planteó la congresista.
Y es que la ‘reformatón’ que ha emprendido el Presidente ha dejado interrogantes abiertos en diferentes campos. Por ejemplo, con la reforma pensional no se ha dejado del todo claro si se busca minimizar la capacidad de los fondos privados y se desató confusión cuando el director de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que los dineros de las pensiones serían invertidos en obras de infraestructura.
Tal fue el nivel de ruido que se desató que el propio Petro tuvo que salir a aclarar que “no es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura”. Estos no han sido casos aislados, pues desde Palacio es costumbre hacer anuncios al aire que generan incertidumbre.
Esto mismo ha ocurrido con la política de paz total, con la que el Presidente tuvo dos salidas en falso al anunciar el fallido cese al fuego con el ELN y con la frustrada petición de levantar las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo. Además, del confuso anuncio de suspensión de los contratos de exploración de gas y petróleo, que confirma la Ministra de Minas, Irene Vélez, y luego desmiente el Gobierno.
Petro y el golpe de opinión
En medio del río revuelto que ha provocado la oleada de reformas impulsadas desde Palacio, el Presidente recurrió a una arriesgada movida para tratar de aceitar su estrategia política y lo hizo pidiéndole a sus seguidores que pasen de las urnas a las calles para apoyar iniciativas reformistas que, en algunos casos, el país ni siquiera conoce.
Esta es una vieja estrategia que Petro usó, por ejemplo, cuando lo destituyeron de la Alcaldía de Bogotá. Justo después de la sanción, el entonces alcalde convocó en la Plaza de Bolívar a miles de sus seguidores con la intención de rechazar la medida en su contra. Además, recurrió a la convocatoria y movimiento de las masas (ver Para saber más) durante la campaña.
Ahora desde la posición de poder, en la que se encuentra, y no de oposición, Petro es consciente de que promueve reformas que pueden levantar heridas y por esa razón convocó a la ciudadanía a respaldarlo, intentando frenar anticipadamente el malestar social que están levantando sus políticas de gobierno, mismo malestar que prometió resolver.
Desde el Centro Democrático se planteó que el Presidente puso en marcha una estrategia para quitarle protagonismo a las marchas de la oposición, convocadas también para el 14 de febrero, y según ellos, para ejercer presión. “Es una estrategia para presionar al Congreso. Una presión sin lógica, además, porque el país no conoce los textos de las reformas que Petro pide que apoyen”, cuestionó el representante Juan Espinal.
Parece ser que el Mandatario está recurriendo a la práctica de instaurar un Estado de Opinión, como lo hacía Álvaro Uribe, pero en este caso el Congreso tendrá que demostrar que no cede a presiones y funciona, como lo ordena la ley, como un contrapeso frente al poder Ejecutivo.
Estas son las algunas reformas por las que Petro pide apoyo a la ciudadanía
Salud: quiere acabar con las EPS
La reforma a la salud es tal vez la que más escepticismo genera al interior del Gobierno. Desde Palacio aseguran que el borrador de esta iniciativa está en manos del Presidente y alardean que ha sido divulgada con diversos sectores sociales. No obstante, ese borrador no se ha publicado y las bases de esta reforma al sistema de salud están en el aire. No obstante, desde el Ministerio de Salud se revelaron recientemente algunos “pilares” de este proyecto y quedó claro que buscará fortalecer el modelo “preventivo y predictivo” de salud, dignificar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, y mantiene en firme su idea de acabar con las EPS. Detrás de esta iniciativa reformista está la ministra Carolina Corcho, médica psiquiatra y politóloga que antes de llegar al cargo hizo un insistente activismo contra las EPS, bajo la tesis –en la que se mantiene firme– de que se debe acabar con “la intermediación financiera del negocio”.
Política: impone nuevas reglas electorales
El Gobierno está tramitando en el Congreso la reforma política con la que busca cambiar las reglas de juego electorales a su conveniencia. Esta iniciativa no ha sido ajena a las polémicas y su trámite ha levantado heridas con los aliados más cercanos de Petro: la Alianza Verde. Entre los cambios que plantea esta reforma, a la que todavía le falta una vuelta en el Congreso, está la posibilidad de que los congresistas pasen directamente al Gobierno a ser ministros, el cambio de partido por una única vez sin ser sancionado, y la medida que más genera polémica es la de la imposición de las listas cerradas para asambleas, concejos y el Congreso. Esta última propuesta desató la pelea con los ‘verdes’, que han cuestionado que es una reforma poco democrática. Detrás de esta reforma política está el abogado Alfonso Prada, quien perteneció a la Alianza Verde y es el delegado por el Presidente de entablar puentes con los partidos en el Legislativo.
Penal: prioriza la resocialización
De la reformar el Código Penal sí se han divulgado borradores del articulado que se están socializando y está previsto que el proyecto sea presentado en el próximo periodo legislativo. Se han conocido visos de lo que cambiaría en varios de los artículos, así como la eliminación de otros, que buscan darle un giro a la política carcelaria, penitenciaria y criminal que permita dar el paso de una justicia punitiva a una resocializadora. En ese sentido, los cambios que se darían girarían en torno a que en los casos en que una persona sea condenada por primera vez las penas se mantengan en la misma proporción que están y que pueda obtener beneficios si el condenado repara a la víctima “integralmente”. La cara visible de esta reforma es el abogado Néstor Osuna, quien no ha sido ajeno a las críticas por ejemplificar la reforma con casos como el del ladrón que le devolvería a su víctima un celular robado y lo compensaría pagándole el plan de datos.
Pensional: ¿unificará los dos regímenes?
Esta es otra reforma que tampoco está del todo aterrizada, ya que aunque algunos de sus pilares han sido decantados por el Jefe de Estado, todavía no están plasmados en un borrador. De lo poco que se sabe hasta ahora es que el Gobierno buscaría unificar los dos regímenes pensionales: el privado y el público, pero los términos están pendientes por detallar. Además, el Presidente ha asegurado que con esta reforma se busca garantizar una mesada de 500.000 pesos mensuales para los adultos mayores que no accedieron a una pensión. Uno de los delegados por Petro para la construcción de esta reforma es el maestro de escuela y político, Jaime Dussán, quien a pesar de no tener un perfil técnico para el cargo, asumió el reto de consolidar una propuesta para transformar el sistema pensional colombiano. Dussán fue criticado por decir que los dineros de las pensiones se usarían para el tren que el Mandatario prometió de Buenaventura a Barranquilla. Petro desmintió su afirmación.
