La presentación de la terna para candidatos a fiscal, integrada por Clara María González, Camilo Gómez y Francisco Barbosa, hecha por el presidente Iván Duque, fue un trámite legal, según estipuló el Consejo de Estado, al negar una demanda que perseguía tumbar ese procedimiento.
Antes del envío de los nombres de los candidatos, el Gobierno derogó un decreto de 2016 que fijaba que debía hacerse un proceso de selección de los aspirantes antes de llevar la tercería ante las altas Cortes. Con esa abolición en firme, Duque presentó sus cartas ante los máximos tribunales.
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Ese es el trámite que pretendían declarar ilegal los demandantes. Sin embargo, el Consejo de Estado desechó las pretensiones y en su providencia explicó que “tanto las directrices fijadas en torno a la pasada elección de fiscal general, como su derogatoria, hacen parte de la facultad discrecional del presidente frente a este proceso de elección”.
Quien interpuso el recurso es la organización DeJusticia, que alegaba que “la motivación de Duque para tomar esa decisión (la derogatoria) fue falsa y porque esta derogatoria propicia la falta de transparencia en la elección del más alto cargo para la investigación y acusación de delitos en el país”.