El procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, no pudo ser más contundente en esta entrevista exclusiva con Colprensa al formular sus reparos al proyecto de reforma política y electoral que cursa en el Congreso de la República.
El jefe del Ministerio dice que crear una instancia para revisar las sanciones de inhabilidad “no tiene relación con lo pactado con las Farc”, pero fue mucho más allá: “Someter a consulta judicial las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General de la República es una irresponsabilidad histórica”.
Carrillo Flórez, que junto al contralor General, Edgardo Maya, ya habían fijado su posición frente al tema, es aún más incisivo al advertir que de aprobarse esa iniciativa tal como está enviaría el mensaje de que “ser pillo sería una actividad rodeada de garantías”.
¿Cuáles son los reparos que tiene la Procuraduría sobre la reforma política?
Rechazamos que con el argumento de defender los derechos políticos se premie la participación en procesos electorales de quienes han sido sancionados por violar la ley y afectar el patrimonio público. Crear una instancia para revisar sanciones de inhabilidad no tiene relación con lo pactado con las Farc, ni su contenido tiene cabida en el ‘fast track’. Someter a consulta judicial las decisiones sancionatorias de la Procuraduría o la Contraloría General de la República es una irresponsabilidad histórica, precisamente en momentos en que el país exige más herramientas contra la corrupción y no más estímulos para ser corruptos, ni más dilaciones en la imposición de la justicia.
¿Se están recortando las funciones de la entidad al permitir que inhabilitados puedan participar en las elecciones?
Con la Contraloría General hemos encendido las alarmas sobre dos artículos de la reforma política que podrían generar un caos judicial, debilitar la institucionalidad, premiar la corrupción y debilitar la democracia. Estoy seguro de que nuestra alerta temprana deberá servir para corregir el articulado. Si se aprueba la reforma política tal y como está hoy se habrá premiado a los corruptos en nombre de la paz, y se le habrá dado un puntillazo a los órganos de control. Así, ser pillo sería una actividad rodeada de garantías.
¿Estaría el Congreso interesado en acabar con los controles a los servidores públicos que desean ocupar cargos de elección popular?
No creo que el Congreso esté dispuesto a ponerse de espaldas a la opinión pública, que exige hoy más que nunca controles efectivos para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia. La corrupción ha hecho metástasis y lo que se exige es una fuerte institucionalidad capaz de sacar al país adelante en medio de tanta incertidumbre.
Tras los reparos hechos, ¿está conforme con las respuestas que ha dado el Gobierno nacional?
Esperamos que el resultado final de este ejercicio de debate político sea una reforma que de verdad contribuya a fortalecer la democracia, afianzar la paz y hacer posible un mejor país para todos. Los acuerdos se firmaron para cumplirse y en ninguna parte está estipulado disminuir el poder de los órganos de control. Minar la misión constitucional de los órganos de control sería una irresponsabilidad histórica.
¿Tiene, en ese sentido, la Procuraduría algún reparo al proyecto de ley estatutaria de la JEP que permite a esa jurisdicción revisar sanciones emitidas?
La Procuraduría admite el concepto universal de que lo pactado se cumple, independientemente de sus efectos en decisiones penales y disciplinarias tomadas durante el conflicto armado.
La Procuraduría ha pedido el condicionamiento del decreto de bienes de las Farc para que haya extinción de dominio sobre ellos, ¿qué consecuencias tendría que no se hiciera este proceso?
Las Farc tienen que jugarle limpio a la paz y entregar la totalidad de los bienes obtenidos ilícitamente. Es imposible, además, que se acepte que esos bienes tengan destinación diferente a la reparación de las víctimas. Lo que se consiguió en la guerra tiene que devolverse en tiempos de paz para reparar a las víctimas.
El Fiscal ha dicho que hay varios decretos de paz, que tienen inconsistencias entre sí, ¿cree usted lo mismo? ¿Cómo solucionar esto?
La Procuraduría se ha venido pronunciado sobre el particular en conceptos públicos ante la Corte Constitucional.
En qué aspectos de la implementación del proceso de Paz quiere la Procuraduría llamar la atención con lo avanzado a la fecha?
Nuestra mayor preocupación es el cumplimiento de lo pactado, la reparación de las víctimas, la puesta en marcha de la JEP, el copamiento por parte del Estado de los territorios dejados por las Farc, la protección de los defensores de derechos humanos, el retorno inmediato de los niños reclutados forzadamente por la guerrilla y el fin de las organizaciones paramilitares. Pero sobretodo, el fin de la polarización que tanto daño le hace a la democracia. Es inaudito que la noticia más esperada durante 52 años nos polarice y llene el futuro de incertidumbre.
¿Cuáles son los reparos a la ley de excarcelación masiva? Se debe tumbar la ley?
El problema carcelario no se soluciona abriendo las compuertas de las cárceles, sino pensando con responsabilidad en soluciones integrales, que comprometan a las autoridades locales y al conjunto de la sociedad. El principal reparo es la libertad de responsables de crímenes aberrantes, como los relacionados con abuso sexual de menores, y otros que indignan a los colombianos.
