La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por 17 años a Maximiliano Queragama Baniama, docente de una institución educativa indígena en Pueblo Rico, Risaralda, tras hallarlo responsable de realizar actos sexuales con al menos cinco de sus estudiantes entre 2020 y 2022.
De acuerdo con la decisión, adoptada por la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda, el proceso se desarrolló con enfoque de género y tuvo en cuenta que las víctimas pertenecen a comunidades indígenas, consideradas sujetos de especial protección.
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El Ministerio Público concluyó que el profesor se valió de su posición de autoridad para incurrir de manera reiterada en conductas inapropiadas.
Según el fallo, también habría expuesto a las menores a material de contenido sexual y a comportamientos abusivos dentro del entorno académico.
En la decisión de primera instancia, el organismo de control determinó que las acciones del docente vulneraron la dignidad y la integridad sexual de las estudiantes, apartándose gravemente de sus deberes. Por ello, calificó la conducta como una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
No se trataría de un caso aislado. Según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, cada día, 50 niños, niñas y adolescentes en Colombia se convierten en víctimas de violencia sexual. Sin embargo, para el 96 % de ellos, la búsqueda de justicia termina en un callejón sin salida.
La impunidad no solo borra la responsabilidad de los agresores: prolonga el sufrimiento de quienes deberían estar protegidos por el Estado.
La mayoría de las agresiones provienen de personas del entorno cercano: familiares, docentes, vecinos, conocidos. Para muchos niños, denunciar implica enfrentarse a adultos que les exigen silencio, a instituciones que no actúan con rapidez y a la posibilidad de que todo termine archivado.
En promedio, un caso de este tipo tarda siete años en resolverse. Para una víctima, eso significa crecer en medio del miedo, sin reparación y sin certezas.
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