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El caos que crearía la segunda instancia que pide el uribismo
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La aprobación de una doble instancia retroactiva, sería la única salida jurídica para que Andrés Felipe Arias recobre su libertad. FOTO Colprensa
15 de julio de 2019
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Luego de la extradición a Colombia del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, y la pena de 17 años de cárcel que deberá pagar en el país, el partido Centro Democrático ha insistido en pedir que, a partir de su caso particular, se apruebe la doble instancia para aforados que ya habían sido condenados por la Corte Suprema.
En contexto: Corte Constitucional pide al Congreso legislar sobre condenas de segunda instancia
Hasta 2018, la Constitución y las leyes colombianas establecían que los altos funcionarios del Estado que ostentaban fuero, no fueran juzgados penalmente en tribunales ordinarios, sino por la Sala Penal de la Corte Suprema como única instancia.
Sin embargo, como la posibilidad de impugnar un fallo en los procesos judiciales es considerada un derecho para cualquier ciudadano, en ese año el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01 del 18 de enero, que estableció que dentro de la misma Corte Suprema, la Sala de Casación Penal y las salas especiales constituyeran primera y segunda instancia para los aforados. La sentencia SU-217 del 21 de mayo de 2019, de la Corte Constitucional, ratificó el cambio.
Y como ocurre siempre en el Derecho, cada nueva ley o reforma se aplica a partir de su sanción y promulgación, pero no de manera retroactiva para casos que ya habían sido cerrados. La reforma no cobijó a Arias, pues había sido condenado en 2014.
Un caos sin precedentes
Hace cuatro días, voces del Centro Democrático como la de la senadora Paloma Valencia y la del senador Edward Rodríguez, anunciaron que ese partido prepara un proyecto de ley que radicará en ante el Congreso próximamente, para lograr que la doble instancia para aforados se aplique de manera retroactiva.
La propuesta, aunque favorecería al exministro condenado por el caso Agro Ingreso Seguro, crearía un caos sin precedentes en el país. De acuerdo con un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, actualmente hay en el Congreso 8 senadores y 6 representantes que son “herederos” de la parapolítica y que, junto a otros corporados, tendrían que declararse impedidos para la votación del proyecto, lo que podría generar un cuello de botella de dimensiones iguales o superiores al que ocasionó el debate de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la JEP y retrasaría la nueva legislatura en el debate de temas trascendentales para el país, como la Reforma Política, los proyectos anticorrupción y la Reforma a la Justicia.
Además, la Justicia ya falló desde 1991 hasta 2018 en los casos de por lo menos 250 aforados, entre ellos, un exgobernados y 58 excongresistas por parapolítica, un excongresista por el caso Odebrecht, y un exgobernador por el Cartel de la Toga. Todos ellos podrían pedir la revisión de sus sentencias.
Por parapolítica, actualmente han sido sentenciados los senadores Dief Maloof, Miguel de la Espriella, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Carlos Arturo Clavijo, Juan Manuel López, Reginaldo Montes, Ricardo Elcure, Vicente Blel, Álvaro García, Álvaro Araújo, Jorge Castro, Humberto Builes, Rubén Darío Quintero, Antonio Valencia, Mario Uribe, Enrique Caballero, Ciro Ramírez Humberto Gómez, Juan Carlos Martínez, Carlos Higuera, Carlos Galvis, Jairo Merlano, Óscar Reyes, Luis Gil, Miguel Pinedo, Javier Cáceres, Mario Náder, William Montes, Óscar Suárez y Fuad Rapag.
Igualmente, los exrepresentantes Alfonso Campo, Eric Morris, Muriel Benitorrebollo, Rocío Arias, Eleonora Pineda, Karelly Lara, Gonzalo García, Dixon Tapasco, Fabio Arango, Odín Sánchez, Édgar Torres, César Andrade, Manuel Ávila, Jesús Doval, Javier Devia, Jorge Feris, José Imbett, Alfonso Riaño, Rafael Castillo, Juan Sánchez, Estanislao Ortiz, Jaime Cervantes, Luis Almario y César Pérez.
Por el caso Odebrecht fue condenado el excongresista Bernardo Ñoño Elías y por el Cartel de la Toga, el exgobernador Alejandro Lyons.
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