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Con la puesta en marcha de la nueva legislatura, el pasado 20 de julio, se revivieron las iniciativas para reducir los costos y estructura del Congreso. En efecto, desde el Centro Democrático se propuso, a través de tres proyectos distintos, bajar los salarios de los legisladores y el dinero asignado para sus equipos de trabajo, y –de paso– disminuir el número de congresistas, que actualmente se distribuye así: 108 en el Senado y 172 en la Cámara de Representantes.
Estas iniciativas, que surgen en medio del debate sobre austeridad en el país, fueron radicadas por el representante a la Cámara Gabriel Santos, y el senador Ernesto Macías, quienes plantearon que desde el Legislativo se debe contribuir a los planes de reducción del gasto, con el fin de aportar al recaudo que se planea obtener con la reforma tributaria.
“Radicamos dos proyectos de acto legislativo y uno de ley para reducir el número de congresistas, los salarios; las Unidades de Trabajo Legislativas (UTL), y otros gastos del Congreso”, aseguró Macías.
Menos salarios y curules
Sobre la reducción del número de congresistas, el senador Macías planteó que con un acto legislativo se busca que “el Senado quede con 68 miembros (elegidos por circunscripción nacional), una reducción del 32 %; la Cámara, dos representantes por circunscripción territorial, y se aumente el número de habitantes de 365.000 a 1 millón, para cada curul adicional”.
Para Edier Esteban Manco Pineda, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Eafit, esta propuesta podría afectar la participación política de las minorías en el escenario legislativo ya que, considera, quedarían relegadas.
“Las minorías de los territorios serían apartadas por cuanto se llegará al Congreso por la mayor votación posible. Esto relega especialmente a minorías que habitan las zonas azotadas por el conflicto, donde no hay gran población en términos electorales”, apuntó el docente, quien agregó que sería más oportuno reducir los salarios.
Frente al tema, la propuesta hecha por los mencionados congresistas es establecer un tope de 30 salarios mínimos ($27,2 millones) frente a los $34,4 que gana cada legislador en la actualidad. “Además, se propone que el reajuste anual sea igual al incremento del salario mínimo”, apuntó Macías.
Al respecto, Felipe Botero, profesor de ciencia política de la Universidad de los Andes y director de Congreso Visible, señaló que esta es una propuesta hecha con intención de mostrar mayor conexión del Congreso con las personas, en medio del debate de austeridad, pero consideró poco probable su materialización.
“La veo como una medida de corte populista para tratar de mejorar la imagen y la percepción del Congreso. Como en otras ocasiones, no siento que los congresistas se tomen en serio la propuesta de reducir sus salarios. En este tema, por lo general, priman los intereses personales sobre los intereses del país”, dijo Botero.
Bajar el gasto público
El representante Santos puso sobre la mesa reducir el gasto público bajando de 50 salarios mínimos legales ($45,4 millones) a 30 salarios mínimos ($27,2 millones) el tope de recursos de la UTL que tiene cada congresista. “Debemos bajar el sueldo, pero también la asignación del equipo de trabajo para lograr un ahorro de $150.000 millones cada año solo en el Congreso”, planteó.
Esta iniciativa pretende modificar la ley 186 de 1995, que establece que con esos 50 salarios mínimos cada congresista puede tener en su UTL hasta a 10 empleados, que se encargan de investigar, instruir, informar, asesorar y enriquecer su trabajo.
“Esta es presentada como una propuesta para reducir los gastos en el legislativo, pero se tendrá que discutir el efecto que podría tener en el funcionamiento de la democracia. Mi pregunta es ¿cuál es impacto que puede tener esta medida en la calidad de los proyectos de ley y los debates de control”, apuntó Botero.
A este debate hay que sumarle que para 2022 está previsto ampliar el número de congresistas, pues se garantizarán las 16 curules en la Cámara para las víctimas del conflicto. Cada una de estas curules requerirá un gasto adicional de $34,4 millones del salario mensual de cada congresista y $45,4 millones para los gatos de cada UTL.
En cuanto al tema presupuestal de la Nación, el doctor en Ciencias Económicas, Óscar Manco López, aseguró que además de las propuestas de reducir el gasto del Congreso sería procedente revisar la participación que tiene el Estado en entidades como Finagro, el Banco Agrario, Bancoldex, entre otros. “Se ‘debe desembarazar’ al Estado de instituciones y dependencias internas que le representan burocracia y gasto. Se requiere un compromiso más amplio desde la reducción de la burocracia estatal”, apuntó.
Al respecto, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, reveló la semana anterior que contempla eliminar algunas consejerías presidenciales y frenar el aumento de la nómina en el Ejecutivo. “Se contemplarían facultades para decisión, fusión, supresión de entidades”, dijo.
Tanto Santos como Macías aseguraron que buscarán el respaldo político para lograr la aprobación de las iniciativas legislativas, para que desde el Congreso “se dé ejemplo” de austeridad al país
salarios mínimos es el tope que se propone para el sueldo de cada congresista.