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Listo decreto para controlar
el porte de armas traumáticas
Han decomisado 6.569 en 2021, pero hay quienes cuestionan su efectividad para frenar delitos.
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Sergio Cifuentes, instructor de tiro, indicó que este decreto inundaría el mercado negro de las armas de fogueo. foTO Edwin Bustamante
14 de septiembre de 2021
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Un certificado médico de aptitud psicofísica, certificado en manejo de armas, la cédula y una factura de compra serán algunas de las condiciones para adquirir un arma traumática o de fogueo en Colombia desde el 30 de septiembre, cuando entre en vigencia el nuevo decreto del Ministerio de Defensa que regulará este armamento.
La tramitología para acceder a ellas, según el Gobierno, busca regular su tenencia debido al incremento de su adquisición que, medido de acuerdo con las incautaciones hechas por la Policía, ha aumentado en un 105% en tres años. Las estadísticas muestran que en el 2018 se incautaron 3.201 armas traumáticas o de letalidad reducida; en 2019 se incautaron 3.804; en 2020, 5.478; y en lo corrido de 2021 se han decomisado 6.569.
Más allá de las incautaciones, la preocupación de las autoridades policiales y civiles es que de las armas decomisadas en este año, 1.970 se han utilizado en hurtos (30%), según fuentes oficiales. “Evidenciamos en las acciones violentas y vandalismo recientes que estas armas fueron modificadas y les dispararon con ellas a Policía y a servidores públicos. También son usadas para extorsión”, indicó el ministro de Defensa, Diego Molano Bravo.
Un decreto polémico
La presentación del nuevo decreto contra las armas de fogueo generó una polémica en el país sobre la forma en cómo sería su regularización.
Según la nueva mormatividad, la documentación que tendría que presentarse ante el Ejército dificultaría la compra de estas armas, que se adquieren con relativa facilidad en establecimientos legales y a la velocidad de un clic en redes sociales y páginas de comercio electrónico, sin hablar de la rapidez con la que se adquieren en el mercado negro.
Pero el asunto va más allá del papeleo. El decreto contempla que todas las armas traumáticas o menos letales entrarán en las clasificaciones del decreto 2535 de 1993 y serán clasificadas como de uso privativo de la Fuerza Pública o de guerra, “de uso restringido y de defensa personal”, por lo cual necesitarán los mismos permisos y protocolos que tienen las armas letales legales o armas de fuego.
Esto tendría un impacto adicional en su precio que oscila entre $700 mil y $800 mil, en los impuestos que pagan los comerciantes que las importan y en los tiempos de espera para tener los permisos.
“Si el decreto entra en vigencia, mañana tenemos que cerrar el negocio”, es lo que estima Álex Cuéllar, director del Club de Tiro Deportivo El Reservista, preocupado por las exigencias que buscan poner las traumáticas al nivel de las armas de fuego legales, avaluadas entre $7 y $12 millones.
“Entre 15 y 20 mil personas dependen de este negocio en el país, pero solo en Medellín tenemos más de 3.000 tiradores que hacen parte del club y que las compran solo para defensa personal o uso deportivo”, dijo.
Para Cuéllar, la tramitología del decreto no tendrá un impacto en el delincuente, que ni siquiera se acerca a las tiendas donde se comercializa con protocolos, sino que las consigue por medios clandestinos o en el mercado negro.
En contraste, el Gobierno alerta de la gravedad del problema exponiendo las incautaciones de 2021. Y aunque estas cifras son una alerta para las autoridades, estudiosos del tema, como el politólogo Nicolás Cardona, consideran que lo estipulado no reducirá significativamente los delitos.
“Eliminar las traumáticas de la ecuación no va a bajar las cifras. Además, los ladrones que usan este tipo de armas saben lo expuestos que están frente a las autoridades, porque conocen las armas letales, así tengan una modificada”
Por eso, el congresista Christian Garcés, del Centro Democrático, dice que el Ministerio toma la salida más fácil prohibiendo las armas de fogueo más que regulándolas.
“Además de violar los derechos económicos de quienes han importado y pagado impuestos por las armas, es equivocado pasarle esta responsabilidad al Ejército, que tendrá que dedicar una cantidad de recursos financieros y humanos en inventariarlas, expedir salvoconductos; pero dejando a las personas sin la posibilidad de defenderse”, afirma Garcés a EL COLOMBIANO.
Aunque el decreto entraría en vigencia a finales de mes, este lunes Molano dejó la puerta abierta para la implementación desde esta misma semana. Ello pondría en marcha un cronograma de ocho meses para que Indumil defina el procedimiento de recolección de las armas traumáticas en poder de civiles para su respectiva marcación y regulación. Serían más de 400 mil, según cuentas del Ministro.
“Es como que ahora el Gobierno prohibiera las bicicletas y les pidiera a los ciudadanos que se las entregue y luego le exigiera un permiso para devolvérselas”, reacciona Sergio Cifuentes, instructor de tiro en el Club El Reservista, quien después de estudiar el borrador se sumó a las reclamaciones oficiales que han enviado al Gobierno.
A llamados como el suyo y el de los comerciantes se suma el del deportista Bernardo Tobar, quien dice que el decreto también tendrá un impacto en la práctica del tiro deportivo, pues es otras de las limitaciones que ya tiene la práctica en el país.
Fedearmas no se quedó atrás y expresó “tristeza”, debido a que en el borrador divulgado por el Ministerio, no se tuvieron en cuenta las propuestas planteadas en las mesas de trabajo y las 500 solicitudes enviadas por instituciones, comerciantes y usuarios.
La regulación, que parece inminente, podría toparse con más reclamaciones y dejar, encontravía a lo que se busca, muchas armas en la calle
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