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Ministro Gil, guiño a la rama judicial

El nuevo jefe de la cartera de Justicia tendrá, entre sus retos, la seguridad jurídica del Acuerdo con las Farc.

  • Enrique Gil Botero reemplazará en el Ministerio de Justicia a Jorge Eduardo Londoño, quien renunció a su cargo para iniciar su campaña al Senado por el Partido Verde. FOTO colprensa
    Enrique Gil Botero reemplazará en el Ministerio de Justicia a Jorge Eduardo Londoño, quien renunció a su cargo para iniciar su campaña al Senado por el Partido Verde. FOTO colprensa
25 de febrero de 2017
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Un egresado de la Universidad de Antioquia, oriundo de Fredonia (Suroeste), el abogado Enrique Gil Botero, fue designado ayer como el nuevo ministro de Justicia y del Derecho, el séptimo en esa cartera durante la era Juan Manuel Santos.

“El doctor Gil es un jurista que todos conocemos, de las mejores credenciales (...) Le deseo todo lo mejor, y espero que llegue al Congreso para que siga defendiendo la Justicia y la paz”, afirmó el presidente Santos ayer, durante la presentación del Plan Decenal de Justicia.

Botero es especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca (España). Fue magistrado del Consejo de Estado y presidente de este órgano entre 2008 y 2009.

En junio de 2015, en plena Asamblea General de la OEA, fue propuesto por la Cancillería y elegido como uno de uno de los cuatro miembros nuevos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2016 – 2020. Según Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de Bolivariana, deberá renunciar a esa dignidad antes de posesionarse, porque se genera una incompatibilidad.

Tareas del Minjusticia

Los retos que enfrentará el nuevo ministro, dijo el presidente Santos, tienen que ver con sacar adelante el Plan Decenal de Justicia, pero sobre todo seguir impulsando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que está a un debate de ser aprobada por el Congreso y que es parte fundamental del acuerdo de paz logrado con las Farc.

El Plan Decenal plantea retos para los próximos 10 años en justicia y busca articularse con las jurisdicciones especiales que se están creando para lograr la construcción de paz.

Según Juana Acosta, directora del programa de Derecho de La Sabana, el mensaje político que envía el Gobierno es que considera muy importante garantizar la seguridad jurídica del Acuerdo de paz y su implementación en los órganos internacionales de derechos humanos. “Deberá fortalecer el cumplimiento de los compromisos internacionales de derechos humanos y la relación con la rama judicial”.

Para Francisco Barbosa, doctor en Derecho Público de la Universidad de Nantes y docente del Externado, la llegada de Gil responde a dos propósitos: venir de la rama judicial podría generar una articulación de este poder con el Gobierno, que venía siendo truncado, porque Jorge Londoño no logró cohesionar.

“Allí podría germinar la reforma a la justicia, lo que le daría confianza a la rama. Pero por otro lado, tiene que ver con el apoyo a la JEP en el Congreso, toda vez que el tema había sido abandonado por el Ministerio de Justicia”.

Barbosa agregó que seguramente el ministro será un fusible más entre los que tendrá el presiente en la recta final, “porque pasa por un momento muy difícil de su mandato por el reacomodamiento de las fuerzas políticas”.

Elogios en la oposición

El senador José Obdulio Gaviria (CD), dijo que, aunque es de la oposición y mantiene una rígida confrontación con los proyectos del Gobierno, en particular los del fast track, esto no impide reconocer las calidades profesionales y destrezas de quien las tenga. “El nuevo ministro es absolutamente idóneo para ese cargo”.

Al final de su consejería, Gil votó a favor de que el periodo del fiscal Montealegre se extendiera hasta el 2016, y no concluyera en el 2014. Como exconsejero recibió un contrato de la Fiscalía, lo que generó críticas por ser visto como el retorno del favor.

Según Ernesto Matallana, docente de Derecho Público de la Universidad Externado, Gil goza de un gran prestigio, “su integridad está a toda prueba y tiene un reconocimiento nacional e internacional en derechos humanos. Haber tenido un contrato con la Fiscalía no le no le presenta ningún problema ético”.

26
votos obtuvo Gil cuando fue elegido en C. Interamericana de Derechos Humanos.

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