E n Colombia, interrumpir el embarazo es una decisión que puede terminar en la muerte. A diferencia otros países, como Suecia, en donde los hospitales pueden ordenar abortos de manera legal, en los centros médicos colombianos no hay suficiente claridad sobre el procedimiento, lo que lleva a las mujeres a acudir a lugares clandestinos.
Un informe publicado por el “Grupo Médico por el Derecho a Decidir”, que tiene representación en todo el país, señala que hay varias limitaciones en Colombia para que se practiquen abortos bajo las tres causales autorizadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 20016: riesgo para la vida y la salud de la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida.
Usualmente, dice el informe, “los médicos describen a sus colegas practicantes de la interrupción voluntaria del embarazo como ‘trabajadores sucios’. A nivel institucional, el estigma se presenta, entre otros motivos, por la falta de capacitación y asistencia técnica a los médicos que realizan abortos”.
Las cifras siguen siendo variables. Profamilia calcula que en Colombia se presentan más de 398.000 abortos clandestinos al año. Legalmente, según el Gobierno Nacional, se practican alrededor de 55.000 mil anuales. No obstante, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha solicitado actualizar las cifras.
De acuerdo con Diego Espíndola, del “Grupo Médico por el Derecho a Decidir”, de “400.400 abortos en el país que se hicieron en 2008, solamente 322 cumplieron los requisitos legales. También llama la atención que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, el 70 % de las mujeres conoce las causales por las cuales está despenalizada esta práctica. No obstante, no acceden a un servicio de aborto legal por ser complejo y genera estigma”.
El problema de los abortos clandestinos no toca solo a Colombia. Anualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se producen 56 millones de casos, de los cuales 22 millones son peligrosos. Solamente en un año murieron 47.000 mujeres a causa de abortos riesgosos. “Más de 3 millones de mujeres que han sufrido complicaciones a raíz de un aborto peligroso no reciben atención médica”, dice un informe de la organización.
“Salvemos la vida”: Iglesia
Sobre esta problemática, la Iglesia Católica sostiene una premisa universal: primero es la vida. Así se lo explicó a EL COLOMBIANO monseñor Ricardo Tobón, arzobispo de Medellín: “En primer lugar hay que proclamar la dignidad inviolable de la persona, es decir, el respeto que merece la vida desde la concepción hasta su muerte natural. La posición de la iglesia siempre ha sido la defensa de la vida. En la doctrina de la iglesia de ninguna manera se permite el aborto”.
Con esta opinión coincide monseñor Edgar Aristizábal: “la iglesia siempre ha defendido la vida, hay que respetarla. Es Dios quien por amor nos regala la vida, por eso debemos evitar al máximo atentar contra ella. Poco a poco se han introducido algunas prácticas, como el aborto, que atentan contra la vida”.
Según el informe del “Grupo Médico por el Derecho a Decidir”, en Colombia hay una encrucijada jurídica frente al tema: “La legislación colombiana establece en el artículo 122 del Código Penal que el aborto es un delito, tanto para la mujer que lo cause o permita como para la persona que lo practique. Sin embargo, la Corte Constitucional indicó que la penalización total es inconstitucional”.
Algunos médicos consideran que es un delito, y otros, por ser una práctica contraria a sus principios, alegan “objeción de conciencia”, opción amparada por la ley.
Para María Eugenia Morales, defensora de los derechos de las mujeres, los médicos pueden alegar objeción de conciencia, pero no por eso interrumpir el servicio médico a la mujer que lo solicita. Lo correcto, señala, sería que guiaran a la persona a donde un especialista que sí practique la interrupción voluntaria del embarazo: “Tiene que haber una apropiación de las instituciones públicas y privadas por las causales que están estipuladas en la ley”.
En Colombia, algunas IPS han objetado conciencia, cerrándole las puertas a este procedimiento. Para la congresista Angélica Lozano, de la Alianza Verde, “una entidad puede tener 100 médicos que se opongan, eso es válido. Pero la entidad está obligada a tener en su equipo médicos que sí estén dispuestos, de lo contrario están negando un derecho”.
Sobre esta situación, el presidente de Acemi (organización que agremia a las EPS), Jaime Arias, asegura que en efecto algunas IPS se han negado a practicar abortos. “Muchas IPS están vinculadas con la Iglesia Católica. Se presenta con mucha frecuencia que las mujeres solicitan la interrupción del embarazo cuando el feto tiene más de 30 semanas, esto genera un rechazo por parte del médico, pues es muy duro para él realizar este procedimiento. No obstante, por el derecho a la mujer, si cumple con las causales de la Corte, la EPS está obligada a practicarlo”.
El problema de los abortos clandestinos, según el ministro de Salud, “son de índole cultural, relacionado con falta de información y la resistencia de ciertos sectores de la sociedad y la comunidad médica”. Teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Ministerio comenzará, desde esta semana, “una campaña sobre los derechos de la mujer y la necesidad de garantizar un acceso oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo”.
392
mil abortos clandestinos
se practican al año,
según Profamilia.
47
mil mujeres murieron en el mundo por abortos ilegales en 12 meses, según la OMS.
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