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“Ahora nos toca a nosotros cuidarnos y autoprotegernos. Ser responsables y solidarios. Pero eso lo hacemos de oficio, no porque nos lo impongan”. Con estas palabras, el exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, promotor de la llamada “Rebelión de las canas”, celebró el fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Cundinamarca a favor de la tutela instaurada por 26 ciudadanos para tumbar las restricciones impuestas por el Gobierno a adultos mayores de 70 años, en medio de la pandemia.
En consecuencia, esta población deberá ser cobijada por las mismas medidas que tiene el resto de ciudadanos.
Las palabras del economista y académico de 76 años, resumen la naturaleza del fallo el cual tendrá que acatar el presidente Iván Duque sin dilación alguna, pues ante la confirmación del Tribunal ya no procede ninguna otra instancia, salvo revisión por parte de la Corte Constitucional.
El fallo protege la libertad de las personas mayores de 70 años de tomar sus propias decisiones. Y aunque reconoce que las personas a partir de esta edad son más propensas a sufrir complicaciones por la covid-19, determina que el Estado incurre en discriminación al limitar su locomoción, “razón por la cual, el objetivo perseguido con la medida no es válido y, por ende, inconstitucional”.
El aislamiento obligatorio, próximo a cumplir cinco meses, ha sido severo con estas personas que solo pueden salir de sus casas una hora diaria tres veces a la semana, en tanto que el resto de colombianos, entre 18 y 69 años, puede hacerlo dos horas, todos los días.
Duque siempre defendió la medida. Incluso en su programa diario, en reiteradas ocasiones, hizo énfasis en la cifra de muertes por covid-19 de pacientes mayores de 70 años de edad.
“En ningún momento hemos pensado en afectar las libertades de los ciudadanos por capricho”, dijo el pasado 23 de julio cuando manifestó que el fallo era “absurdo”.
Esta estadística es irrefutable. Hasta el reporte del martes del Instituto Nacional de Salud, 6.845 de las 13.475 muertes por covid-19 eran personas de 70 años de edad en adelante, es decir, el 50,8% de los fallecidos en el país. Los contagios eran 27.875, solo el 6,79% del total. Así como estas estadísticas han sido el soporte de Duque, hay análisis que ofrecen miradas diferentes.
Un estudio de la revista Perspectivas demográficas (en junio pasado) titulado “Covid-19: ¿la vivienda protege a los mayores en América Latina?”, comparó la pertinencia de esta medida en países como España, Argentina y Colombia, tras lo cual concluyó que el 51% de las personas mayores de 65 años en el país tiene alto riesgo residencial de exposición al covid.
Para llegar a tal conclusión, explicó la investigadora de la Javeriana Diva Marcela García, coautora del documento, se revisaron tres factores: primero, que apenas el 33% de estas personas en el país viven solas o con su pareja; el 52% comparte hogar con personas que deben salir a trabajar o incluso ellos mismos deben hacerlo; y el 15% habita viviendas con hacinamiento o sin servicio de agua.
Esto traduce, que confinar a esta población en sus casas no garantiza mantenerla a salvo del virus, pues todas estas condiciones facilitan que la covid circule en las viviendas.
El epidemiólogo de la Secretaría de Salud de Cali, Carlos Reina, considera que aunque el país atraviesa un momento álgido de contagios, este fallo no entorpece el terreno ganado en cuanto concientización de la población acerca del riesgo del virus.
Cree incluso que “en general, en Colombia, los adultos mayores son los que sacan la cara en cuanto a seguimiento de normas y compromiso social”. Por lo cual, partiendo de la responsabilidad individual, cree el experto que es necesario construir otros mecanismos diferentes a los restrictivos, como “apostarle a la educación en gestión de riesgo y a la responsabilidad participativa comunitaria.
El doctor Carlos Alberto Cano, director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, fue consultado por la juez que dictó la sentencia y aportó para el concepto técnico que, efectivamente, del confinamiento se deriva “deterioro físico, depresión y ansiedad”, aunque recalca que estos efectos no son exclusivos de esta población.
Dice el director que ahora corresponde trabajar a partir del fallo, y lo ineludible es encontrar entre todos las mejores condiciones posibles que eviten la muerte de los adultos mayores del país en esta pandemia, algo que ha atestiguado de primera mano trabajando en el Hospital San Ignacio, en Bogotá.
Insiste en que la discusión para atender a esta población en medio de la pandemia no puede finalizar con el fallo; en su concepto, “el grupo que adelantó la tutela (industriales, políticos y figuras públicas) no es representativo de los adultos mayores del país, que en un alto porcentaje está en la pobreza y solo el 30% tiene pensión”.
Así que, si bien la sentencia corrige una situación, en adelante, mientras el Estado ingenia estrategias diferentes para proteger a este grupo etario, tanto el adulto mayor, como quien convive con él, deben usar su autonomía para evitar en lo posible que la tragedia llegue a su hogar.