La respuesta del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, a la suspensión provisional por tres meses del superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, despertó reacciones en la Procuraduría.
Frente a la acción que esta misma cartera tomó contra Muñoz, por dar aval a la operación de la EPS Medimás sin contar con una red prestadora que garantizará los servicios de salud a los afiliados, Gaviria expresó un planteamiento que suscitó polémica: “Más allá de la investigación disciplinaria, más allá de los señalamientos, que no resuelven el problema, nuestra responsabilidad es garantizar que la EPS Medimás termine de consolidar la red de atención y fortalezca sus mecanismos de gobierno”, e invitó a la Procuraduría para cumplir ese propósito.
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Sobre esa afirmación, el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, señaló que ese organismo no hace parte del Gobierno y que tiene la obligación constitucional de vigilar el cumplimiento y la garantía de los derechos fundamentales, y en el caso de Medimás, “que se brinden los servicios de salud en condiciones de calidad y oportunidad”.
La Procuraduría, dijo Carrillo, espera que los correctivos favorezcan la conformación de una red de prestadores en todo el país, y advirtió que seguirán vigilando ese proceso.
