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Investigan al Supersalud por permitir inicio de operaciones de Medimás

  • Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud. FOTO: COLPRENSA
    Norman Julio Muñoz, superintendente de Salud. FOTO: COLPRENSA
Mariana Escobar Roldán | Publicado el 17 de octubre de 2017

El inicio repleto de tropiezos de la EPS Medimás, que reemplazó a la extinta Cafesalud, le valió la apertura de una investigación disciplinaria al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz. La Procuraduría, que a inicios de septiembre ya le había solicitado al ente intervenir a esa Entidad Promotora de Salud, fue la que inició el proceso.

Lea aquí: ¿Qué cambió con el paso de Cafesalud a Medimás?

De acuerdo con el Ministerio Público, Muñoz habría incurrido en presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, al permitir y/o autorizar el inicio de las operaciones de Medimás el pasado primero de agosto, sin que contara con una red que soportara adecuadamente el servicio en el país, incumpliendo con los requisitos para la autorización de su funcionamiento o habilitación.

De igual forma, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal lo investiga porque, a pesar de la existencia de incumplimientos en la prestación de los servicios de salud, que daban lugar a la intervención forzosa administrativa, a una toma de posesión, a una revocatoria o incluso a la suspensión del certificado de autorización o de habilitación de funcionamiento por parte de la Supersalud, “la entidad de control no ha iniciado los procedimientos correspondientes”.

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En sus dos meses de funcionamiento, por razón de Medimás, la misma Supersalud ha recibido 20.446 quejas, peticiones y reclamos de los usuarios, entre las que se destacan 8.851 de pacientes cuya vida corrió peligro por dichas negligencias.

Lea también: ¿Por qué más de 20 mil pacientes se quejan de Medimás?

La Procuría realizó un detallado informe donde destaca las principales quejas, entre las que se encuentran la no atención o demoras en consultas medicas especializadas ni en urgencias, retrasos en la programación de cirugías, no entrega de medicamentos o falta de oportunidad, el no pago de incapacidades y de licencias de maternidad, fallas en el sistema para remisión de pacientes, incumpliendo a los fallos de tutela, restricciones a la libre escogencia de la EPS y suspensión de servicios o tratamientos que están en curso.

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