La Procuraduría General de la Nación trasladó a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial los casos en los que los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), y en otros casos jueces de la República, han ordenado y ejecutado medidas de embargo contra los recursos públicos de la seguridad social en salud que gozan de carácter inembargable (con las excepciones establecidas por la Corte Constitucional).
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Según el ente de control, son 25 hospitales públicos los que están siendo objeto de las decisiones.
En la lista están el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, el Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, el Hospital Atrato Medio Antioqueño de Vigía del Fuerte, el Héctor Abad Gómez San Juan de Urabá, el Pedro Nel Cardona de Arboletes, el Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, el Héctor Abad Gómez San Juan De Urabá, La Anunciación de Mutatá, el Hospital de II Nivel de San Marcos, el Hospital La Divina Misericordia de Magangué, el Hospital San Juan Bautista, el Hospital Santa María de Santa Bárbara, la Subred Integrada De Servicios de Salud Sur ESE, la Nueva ESE Hospital Departamental San Francisco de Asís, la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente ESE, el Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, el Hospital San Francisco de Asís (liquidado), el San Vicente de Paul de Santa Rosa de Cabal, el Hospital San Juan de Dios de Concordia, el Centro de Salud con Camas de Montecristo Bolívar, el Hospital Cesar Uribe Piedrahita, el Hospital San Agustín de Puerto Merizalde y el Hospital Local de Calamar.
Cabe recordar que en marzo de 2023 la Procuraduría expidió la Circular 002 —suscrita por la Procuradora Delegada para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social y el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa— dirigida a los representantes legales de las Empresas Sociales del Estado, a los jueces de la República y a las entidades bancarias con la cual se expusieron las disposiciones constitucionales y legales que imposibilitan el embargo de los recursos públicos de la seguridad social en salud, salvo en los casos que apliquen las expresas excepciones establecidas vía jurisprudencia constitucional y la inviabilidad de que las E.S.E adelanten procesos administrativos de cobro coactivo.
En ese sentido, el Ministerio Público tiene conocimiento que algunos jueces y representantes legales de los centros hospitalarios han seguido iniciando dichos trámites y han emitido providencias o actos administrativos ordenando el embargo de los multimillonarios recursos de la salud administrados por las entidades promotoras de salud (EPS) y la Administradora de Recursos de la Salud (Adres).
Los indicios que investiga hablan de que algunos de ellos han llegado a amenazar con procesos judiciales y denuncias penales a las entidades bancarias que, acatando la normatividad vigente, se han rehusado a ejecutar las medidas de embargo que ordenan.
El organismo de control alertó sobre la presunta existencia de abogados que asesoran a los representantes legales de las E.S.E. para el ilegal recaudo con pactos, al parecer, de honorarios de hasta el 30 % del valor de las sumas recaudadas.
Finalmente, la entidad informó que también puso en conocimiento de la Superintendencia Financiera las presiones a las que están siendo sometidas las entidades bancarias, para que se impartan instrucciones frente a las amenazas con las que pretenden obligarlas a ejecutar estas medidas que han conducido a la irregular desviación y apropiación de recursos de la salud.
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