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La Procuraduría y la Contraloría General radicaron un proyecto ante el Congreso, con el que se busca castigar con cárcel, sanciones disciplinarias y aciones fisclaes a quienes no “presten los servicios de salud, retrasen la atención, o no cumplan con la gestión debida para proteger la vida y la integridad de los usuarios del sistema”.
En ese orden de ideas, a Juicio de Fernando Carrillo, procurador general, “vamos a ponerle fin al paseo de la muerte que ha sido la regla fundamental para evadir la obligación que tienen las empresas prestadoras de salud”.
Esta propuesta se basa en las alrededor de 200 mil tutelas presentadas en 2017 por la negación de los servicios de salud sustentan la propuesta de los órganos de control, para que el Congreso apruebe...