La decisión la tomó un juzgado de Justicia y Paz argumentando que la presencia de Mancuso en esos territorios no es compatible con los principios de reparación y garantías de no repetición.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso lleva más de dos décadas sin pisar su natal Montería. Desde que se desmovilizó y fue extraditado, ha estado lejos de la tierra donde nació y donde también consolidó su poder como uno de los más temidos exjefes paramilitares.
Su regreso a Colombia en 2023, tras cumplir 18 años de prisión en Estados Unidos, generó preocupación entre sus miles de víctimas, en su mayoría ubicadas en Córdoba. Para ellas, volver a ver a Mancuso en las calles significaba reabrir heridas de una época marcada por masacres, desplazamientos, desapariciones y otros crímenes atroces.
Por eso, cuando un Tribunal de Justicia y Paz le concedió la libertad, lo hizo bajo estrictas condiciones. Una de ellas fue la prohibición expresa de regresar a Montería y a otros territorios donde ejerció control como jefe paramilitar.
No obstante, dos años después y ya radicado en Bogotá, su defensa solicitó que se revocara esa restricción para permitirle fijar su lugar de residencia en Montería.
La petición fue evaluada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que decidió rechazarla de forma tajante. La magistrada Alexandra Valencia Molina, encargada del caso, dejó en firme la restricción al considerar que el regreso de Mancuso a esos territorios vulneraría los principios de reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.
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Según explicó la jueza, solo podrá ingresar a esas zonas si cuenta con un permiso previo otorgado de manera expresa por las autoridades judiciales competentes. Entre las regiones con ingreso restringido figuran los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander. La medida también se extiende a cinco municipios de Antioquia: Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá.
“La llegada de Mancuso a los territorios donde tuvo injerencia como paramilitar no es conveniente para las víctimas”, señaló la magistrada, quien advirtió que su presencia podría generar afectaciones en comunidades profundamente marcadas por la violencia.
La defensa de Mancuso solicitó levantar la prohibición para que pudiera residir en Montería, alegando motivos de salud. Sin embargo, la magistrada Valencia concluyó que no se aportaron pruebas que demuestren que esa ciudad ofrecería mejores condiciones médicas que Bogotá, donde actualmente tiene fijado su domicilio.
“No existe evidencia de que la ubicación de Mancuso en una ciudad distinta a Bogotá mejore las condiciones de salud por las que pidió fijar su domicilio en Montería”, explicó la jueza.
La funcionaria judicial también precisó que no hay información suficiente sobre el cumplimiento de las obligaciones del postulado ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ni sobre su desempeño como gestor de paz, rol que le fue asignado por el Gobierno en 2023.
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