Después de semanas de dilación y aplazamientos, la Comisión Primera del Senado al fin discutió y votó el proyecto que le apostaba a convocar un referendo por la autonomía fiscal de las regiones; sin embargo, la iniciativa terminó naufragando.
Con ocho votos a favor y seis en contra, esa célula legislativa archivó el proyecto en el primero de sus cuatro debates. La iniciativa pretendía que los impuestos de renta y patrimonio se queden en los departamentos, con lo cual, por lo menos, se duplicaría lo que hoy reciben vía Sistema General de Participaciones (SGP).
No dejó de llamar la atención que de la votación de la iniciativa se apartaron las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, del Centro Democrático, así como Temístocles Ortega (Cambio Radical) y el senador paisa Germán Blanco (Partido Conservador).
“Temístocles funciona más alineado con la bancada gobiernista que con la oposición, pero sí llama la atención que senadores del Centro Democrático se hayan retirado cuando estábamos votando la proposición del informe ponencia, cuando incluso senadoras de ese partido suscribieron el informe ponencia. Y también llama la atención que un senador del Partido Conservador se haya retirado del recinto cuando se estaba votando esa iniciativa, celebro que otros senadores de partidos incluso cercanos al Gobierno hayan votado sí”, reclamó el ponente del proyecto, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical).
El proyecto le apostaba a mantener en las regiones los impuestos de renta y patrimonio. En palabras más simples, se buscaba hacer un ajuste en la Constitución para que las empresas y personas naturales tributen de forma directa a los departamentos en los que tienen su residencia, de modo que la llegada de esos recursos no dependa de forma exclusiva de las transferencias de la Nación.
En esa línea, el senador Motoa alegó que la Comisión Primera desconoció la voluntad de la ciudadanía, que recogió cerca de 4,1 millones de firmas para avalar el mecanismo, de las cuales la Registraduría aceptó 2,1 millones.
“Muchos senadores amigos del Gobierno que hablaban del constituyente primario, de la orden del pueblo, hoy fueron abiertamente incoherentes en lo que defendían hace algunas semanas con la consulta popular. Y también llama la atención que el presidente de la República haya puestos algunos mensajes públicos de oponerse a esta iniciativa”, indicó.
Según Motoa, el Gobierno y sus mayorías bloquearon la posibilidad de que los departamentos cuenten con recursos para poder atender las demandas que se generan en los territorios.
“Este referendo buscaba aumentar la participación en impuesto de renta y patrimonio. Estamos hablando de cerca de $50 billones que entrarían a fortalecer las finanzas departamentales en frentes como salud, vivienda y seguridad”, agregó.
“80 % de los municipios se quedaban sin plata”: Voces en contra del referendo
En contra de la iniciativa se pronunció el senador liberal Alejandro Carlos Chacón, quien aseguró que no se puede quitar la renta de la Nación que pagan todos los colombianos “para que se distribuya en unas pocas manos”.
Según el congresista, esa renta debe ser de todos los ciudadanos y no era viable que un par de regiones concentraran esos recursos. “Realmente los municipios en este país se quedaban sin el recurso transferido de la Nación y la gran mayoría de los departamentos, en un 80%, terminaban sin esa plata”.
Chacón señaló que una cosa es la distribución y descentralización de recursos, y otra es que la Nación deje de asumir responsabilidad con deudas. “Por ejemplo, con el Covid el presidente (Iván) Duque no hubiera podido abordarlo ni tratar de solucionar ese gran problema, si no hubiera tenido la renta de la Nación”.
El senador concluyó señalando que la renta se distribuye equitativamente en las regiones más pobres del país y reconoció que el trámite de la iniciativa en época preelectoral le generó ruido al proyecto.
“Yo me opuse a la consulta popular del Gobierno, máxime en época electoral, por eso no era coherente votar un referendo para irnos a elecciones también a votar sobre una campaña política. Ni al Gobierno se le concede que haga política en las regiones con una consulta popular, ni a otros que lo hagan con un referendo popular”, puntualizó.