El expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó seis propuestas para construir un nuevo acuerdo con las Farc, partiendo de la base de que la totalidad de lo pactado ya no tiene validez jurídica después del plebiscito.
Propuso ajustar las zonas de reserva campesina (ZRC) y el predial rural, porque considera que afectan la propiedad privada. También expresó que la restricción de movilidad no es suficiente para los responsables de delitos atroces y que además, no debe haber amnistía para delitos relacionados con el narcotráfico.
De otro lado, pidió buscar un alivio judicial para la Fuerza Pública e insistió en que la elegibilidad política para los responsables de delitos atroces va contra la Constitución. Se mostró de acuerdo con que les perdonen la extradición si hay sanción en Colombia.
Uribe también precisó que el Estado no les puede dar dinero al partido que creen las Farc cuando no les han exigido que entreguen el dinero del narcotráfico.
Los puntos intermedios
Juan Antonio Zornoza, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional (Medellín), dijo que las ZRC viabilizan una forma de propiedad, la colectiva para campesinos, y no comprende cómo esta figura “acabe” con la propiedad privada.
“Hace poco el Congreso aprobó la ley ZIDRES, que le permite a terratenientes y a multinacionales adquirir y explotar baldíos. Aquí, en el fondo lo que se está proponiendo es un mecanismo constitucional para combatir puntualmente la concentración de la tierra y los índices vergonzosos de desigualdad”.
Sobre las granjas agrícolas Zornoza agregó que son una alternativa constitucional y que a quien toca consultarles si están de acuerdo es a las Farc. Agregó que el alivio judicial a militares es una alternativa justa, siempre y cuando cada proceso devele la verdad y se castigue a los autores.
“Es preciso ajustarse al Derecho Internacional Humanitario, desconocer a la CPI deja sin sustento normativo a la contrapropuesta de Uribe. Comparto de que no haya extradición si hay penas en Colombia. Me parece justo que todos los condenados por delitos de lesa humanidad pierdan sus derechos políticos”, precisó Zornoza.
Frederic Masse, director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado, afirmó que no sabe a que se refiere el expresidente con renegociar las ZRC, si es la extensión, el número o funcionamiento.
“Nadie está pidiendo que los jefes guerrilleros vayan 20 años a la cárcel, pero creo que es una línea que las Farc difícilmente pasen, así sea uno o dos años. También está la propuesta de Marta Lucía Ramírez, de colonias agrícolas, para endurecer la restricción a la libertad efectiva”.
Sobre la elegibilidad política Masse dijo que un punto intermedio es que la tengan una vez hayan cumplido con sus penas. Pero consideró que la ventajas que tendrían las Farc son temporales y les dan garantía de inclusión. Además, que las 16 curules de la jurisdicción de paz no será necesariamente todas para los guerrilleros de las Farc.
“Las propuestas del expresidente Uribe no son solo rectificaciones que puedan hacerse rápidamente. Si son líneas rojas será difícil llegar a un acuerdo a corto plaza, pero si algunas son negociables y se flexibilizan, podrían hacerse entre medio y un año”, agregó Masse.