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Sustitución de coca, efectiva pero costosa
Van 40.500 hectáreas. La resiembra es baja, solo llega al 0.4%. El lío es que económicamente es insostenible.
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Carreteras viables para sacar los productos lícitos que sustituyeron por coca es lo que piden los campesinos. FOTO Julio César Herrera -
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Superar las 40.500 hectáreas (casi el tamaño de Medellín) sustituidas voluntariamente es un hito del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, que se consolida como una alternativa viable para combatir el avance de la ilegalidad en el campo y fue creado por el Gobierno con el decreto 896 de mayo de 2017, conforme al Acuerdo de Paz con las Farc.
99.097 familias campesinas de 56 municipios, en 14 departamentos (que concentran el 65 % de los cultivos ilícitos del país), aceptaron el reto de erradicar las matas de coca para sembrar productos lícitos, con la promesa de recibir a cambio unos subsidios que les permitiera sobrevivir mientras los nuevos cultivos dan fruto.
De esas familias, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC), 67.234 corresponden a cultivadores de ilícitos, 15.003 campesinos tradicionales que habitan en zonas afectadas por el narcotráfico y 16.860 son recolectores de hoja de coca.
Según el PNIS, los labriegos han cumplido con la erradicación de 40.500 hectáreas, lo que representa una cifra importante. Pero el dato clave de la sustitución voluntaria es que la resiembra se reduce a el 0,4 %. Irrisoria si se tiene en cuenta que con la erradicación forzosa la resiembra ronda entre el 30 % y el 40 %. Si es por aspersión aérea el porcentaje es superior, pero no hay cifras concluyentes, según el Ministerio de Defensa.
Programa costoso
Las familias que firmaron acuerdos y se vincularon al PNIS cuentan con cinco beneficios, que impactan en su seguridad económica, a cambio de los cuales se comprometen a no volver a sembrar coca: durante el primer año reciben $1 millón mensual como asistencia alimentaria inmediata; además, cuentan con seguridad alimentaria de hasta $1,8 millones para huertas caseras; durante ocho meses cuentan con asistencia técnica valorada aproximadamente en $1 millón; más un proyecto productivo de ciclo corto hasta por $9 millones y otro de ciclo largo hasta por $10 millones.
Estos insumos son uno de los problemas de la sustitución voluntaria. Pese a su efectividad, demostrada por las cifras, sumdos los beneficios, el Gobierno le está entregando hasta $36 millones en dos años a las familias que sustituyen sus plantaciones de hoja de coca, por lo que debe disponer para cumplirles a las familias vinculadas al programa de $3,6 billones. Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, ha dicho que el programa es insostenible. “los esfuerzos están concentrados en cumplirles a las que ya firmaron”, asegura.
Juan Carlos Garzón, de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que “según la Ley de Presupuesto, para la vigencia 2020, este programa contará con una asignación de 1,33 billones de pesos, lo que está muy por debajo del presupuesto requerido”.
Y agregó en su análisis que “si bien el Gobierno es consciente de la necesidad de apoyar el tránsito a la economía legal de las comunidades dependientes de la coca, no está claro el modelo para hacerlo ni las responsabilidades que se asumirán”.
Se requiere más inversión
Hasta el momento, 38.525 familias han recibido los pagos correspondientes a los 12 meses, ahora están en la implementación de los proyectos productivos para terminar su tránsito a la legalidad.
EL COLOMBIANO habló con varias de ellas en Catatumbo y el Bajo Cauca antioqueño, quienes pidieron la protección de su identidad por el riesgo que corren si hacen más notorio su liderazgo social.
En sus testimonios plantean la preocupación. Las condiciones del mercado siguen siendo similares a las que había cuando cultivaban coca: las vías de acceso siguen en mal estado, cuando existen; no hay centros de abastecimiento logístico y no tienen acceso a las plataformas de comercialización.
Al respecto, desde el PNIS explicaron que se han emprendido varias labores para mejorar las condiciones de esos territorios, como el mantenimiento de 4.437 kilómetros de vías terciarias y caminos de herradura, entre otras actividades realizadas por los recolectores vinculados al programa.
Pero además, según Emilio Archila, se están ejecutando los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, de los que hacen parte los municipios priorizados para el PNIS. “Estamos atrayendo recursos de todas las formas posibles para transformar la vida de esas comunidades que han sido tan golpeadas por la violencia y la pobreza” .
ENCADENAMIENTO COMERCIAL EN CATATUMBO
39 toneladas de aguacate y cebolla cañera fueron despachadas desde Catatumbo, en Norte de Santander, al Grupo Éxito, una de las principales plataformas de comercio del país. Esto se logró gracias al esfuerzo conjunto de las entidades del Estado y de la Fundación Salvaterra.
“Llegamos a Catatumbo gracias a la invitación de la Consejería para la Estabilización y la Consolidación. Cuando entramos a ese territorio nadie nos creyó que íbamos a comercializar en el Éxito, había mucho escepticismo”, cuenta David Villegas, director de la Fundación Salvaterra, encargada de ese encadenamiento comercial.
Y es que los campesinos de esa región están acostumbrados a vender sus productos en sus pueblos, pocas veces superan esos límites y la promesa de una gran superficie estaba fuera de sus cálculos.
“Hemos tenido que aprender muchas cosas, entre ellas la clasificación, porque venderle al Éxito exige una alta calidad, a la que nosotros no estábamos acostumbrados”, dijo Marco Tulio Castro Espitia, representante legal de Afrucar.
Incluso en una ocasión los productores visitaron la sede del Éxito en Envigado (Antioquia) y se sorprendían de ver cómo eran comercializados sus productos.
“Nos sentimos muy orgullosos de ver el fruto de nuestras manos en esas estanterías”, recuerda Castro.
En adelante los proyectos son mucho más grandes. La idea de Salvaterra es ayudarles a llevar, además de aguacate, cebolla, pepino, frijol, pimentón, tomate y pescado, pero lo más importante, a precio justo.
A LAS PLAZAS DE MERCADO DE BOGOTÁ
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en alianza con la Alcaldía de Bogotá (Instituto para la Economía Social - IPES), lleva a las plazas de mercado los productos de campesinos que abandonaron los cultivos ilícitos. El propósito es mostrale a la ciudad los resultados del compromiso con la legalidad de los labriegos. Esta iniciativa elimina además la intermediación entre productores y comerciantes para fomentar el crecimiento económico y la sostenibilidad.
“El Desarrollo Alternativo busca fomentar el progreso y bienestar de las comunidades y prevenir el establecimiento de cultivos ilícitos. En este camino en el que estamos avanzando juntos con el Gobierno nacional y la Alcaldía de Bogotá esperamos lograr la estabilización de economías lícitas y seguras para el maravilloso campo colombiano”, afirmó Pierre Lapaque, representante de UNODC.
“Esta estrategia permite fortalecer a todos esos productores campesinos que en algún momento tuvieron cultivos ilícitos y que decidieron voluntariamente sustituir esas plantaciones por productos que hoy pueden ser comercializados en nuestras Plazas Distritales”, comentó María Gladys Valero, Directora General del IPES.
En el evento participaron más de 50 comerciantes de todas las Plazas Distritales y productores de las organizaciones que sustituyeron la coca y que provienen de las regiones de Antioquia, Boyacá, Córdoba, Cauca, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca, Santander y Tolima. Más de 50 organizaciones campesinas fueron ubicadas en las Plazas de Mercado 20 de Julio y Fontibón (Bogotá).
34
campesinos de Catatumbo llevaron sus productos al Grupo Éxito
50
organizaciones campesinas llevan sus productos a las plazas de Bogotá.
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