Tres bloqueos en vías departamentales, un enfrentamiento con el Esmad en Bogotá y 15 personas judicializadas. Esas fueron las anomalías que registraron las autoridades policiales durante las marchas que se llevaron a cabo ayer en 57 municipios del país.
La Policía Nacional no reportó muertos ni heridos graves. Pese a que dos uniformados y un funcionario de la Defensoría del Pueblo que fueron lastimados por “encapuchados” en Bogotá, el paro nacional fue catalogado como “pacífico” por parte del Gobierno.
El primer bloqueo se presentó en la vía Panamericana, en el kilómetro 47 entre Cali y Popayán. En menos de una hora, Ejército y Policía lograron retirar a un grupo de sujetos “encapuchados” que se habían tomado la carretera.
El segundo bloqueo, según el Ministerio del Interior, afectó la vía entre los municipios de Buesaco y La Unión (Nariño). El tercero ocurrió en la Montelíbano - Puerto libertador (Córdoba), donde fueron capturadas siete personas por el delito de perturbación del orden público.
En Bogotá, al finalizar la tarde, un grupo de encapuchados lanzó bombas molotov y el Esmad lo dispersó con agua. “Salvo el incidente final en la Plaza de Bolívar de Bogotá, esta fue una jornada sin alteraciones del orden público ni alteración de la movilidad en todo el territorio nacional”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
Asimismo, gremios agropecuarios reportaron normalidad laboral, lo mismo hicieron las instituciones públicas y los juzgados: “El sector productivo no se detuvo, tampoco las entidades públicas. Quienes protestaron legítimamente lo hicieron de manera pacífica”, agregó Cristo.
De acuerdo con la Confederación General del Trabajo (CGT), 40 mil personas salieron a marchar, logrando llamar la atención suficiente para que el presidente Juan Manuel Santos designara a siete ministros para instalar una mesa de concertación nacional que estudie el pliego de peticiones que han presentado las centrales obreras.
Habrá diálogo
La lista de peticiones es extensa y reúne inconformidades de 1.700 sindicatos unidos en este paro nacional.
Yesid Camacho, vocero de la Asociación Nacional Sindical de Trabajadores (Antoch), señala que se ha propuesto un paro indefinido si el Gobierno no cumple sus promesas: “hay temas relacionados con la salud, por la crisis de los hospitales públicos; de la educación, por promesas incumplidas a los maestros; y proyectos muy polémicos. Por ejemplo, la venta de Isagén, y la desnutrición infantil, nos han llevado al paro. Y hay temas más locales, como la venta de ETB, que también afecta a muchos empleados”.
Dentro de los puntos más espinosos que deberá tratar el Gobierno con los sindicatos están: impedir la venta de empresas como Emcali, ETB, EAAB y EEB; evaluar los Tratados de Libre Comercio (TLC); mayores controles para proyectos minero energéticos; reducción de los precios de combustibles, la garantía de no aumentar las cargas tributarias y garantizar la “no privatización” de la salud , la educación y las entidades públicas.
Al respecto, Cristo señaló que en la semana de Pascua se sentará el equipo del Gobierno para evaluar los temas con los sindicatos.
“Continuaremos con el diálogo social para evaluar el pliego de peticiones. Agradecemos la actitud de los organizadores del paro, como la Cumbre Agraria, que respaldó el proceso de paz. Vamos a conversar con todos los sindicatos para que se haga una evaluación pertinente de lo que el Gobierno ha hecho y en lo que ha avanzado. La instrucción es mantener el diálogo”.
Pese a que el Gobierno ha hecho algunos avances en materia educativa, como aumentar el salario de los maestros en un 9,77 por ciento, Rafael Cuello Ramírez, secretario General de Fecode, considera que todavía quedan muchos puntos por resolver.
“Los maestros tenemos un régimen especial de salud y un régimen prestacional excepcional. El Gobierno certificó que ninguno se va a tocar. Lo que está en discusión es el modelo de contratación que existe para el tema de la salud, que es perverso. Los contratistas se dan el lujo de incumplir los contratos como le da la gana”, le dijo a la Agencia de Información Laboral.
Discusiones de este tipo son las que tendrán que enfrentar los funcionarios del Gobierno. Y todo parece indicar, según información de la Defensoría del Pueblo, que la intensidad de las protestas no bajará: “entre enero y diciembre de 2015 hubo un total de 1.792 hechos de protesta social en el país, es decir, un promedio 150 por mes”.
125
protestas hubo en el país en enero pasado, 18 más que
en igual mes de 2015.
5.000
personas manifestaron en Medellín, según la Secretaría de Seguridad.
