en definitiva
El Gobierno deberá dirimir las preocupaciones del país por el agua y de las comunidades por su economía, en un ambiente caldeado por la época electoral y la visita de Santos a Arabia.
En un mes exacto se cumplirán tres años desde la delimitación del páramo de Santurbán y ni los campesinos de la zona, ni los activistas de Santander, están contentos.
Las tensiones que se viven actualmente, por la incertidumbre que trae un fallo de la Corte Constitucional que deja sin efectos la línea de protección que trazó el Gobierno y le da un año para que se expida una nueva, sumado a que el proyecto Minesa surca viento en popa los requerimientos para obtener una licencia de explotación de las 9 millones de onzas de oro que alberga la montaña, solo han servido para avivar la llama del descontento en las comunidades que viven en la zona.
Esta llama existe desde hace casi ocho años, cuando la atención del país se centró en el proyecto a cielo abierto Angosturas de la Greystar. Desde ese momento han pasado otras empresas (AUX, Leyhat, Eco Oro y ahora Minesa) pero no han variado las dos posturas que se presentan irreconciliables.
Actualmente, el colectivo ambientalista desde Bucaramanga, que interpuso la tutela con la que la Corte consideró que no se habían tomado en cuenta las posiciones de todos los involucrados, ha adelantado esfuerzos en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, para que les conceda voz y voto en la decisión de la licencia. La solicitud ya fue aceptada.
Por su parte, en los municipios de Santurbán (Vetas, Suratá, Matanza y California) se manifiestan abiertamente a favor de la entrada de este capital extranjero. La razón es simple: desde la delimitación, la población vive una grave situación de desempleo y siente que las promesas hechas por el Gobierno no se han cumplido.
Para acabar de encender la hoguera, la visita del presidente Juan Manuel Santos a Emiratos Árabes, en la que se anunció una donación de 45 millones de dólares para proyectos del posconflicto; más la reunión del ministro de Minas, Germán Arce, con el fondo Mubadala, dueños de Minesa, le imprimió intereses políticos al asunto y un mensaje de indignación, a tono con el ambiente electoral actual.
Sin embargo, al páramo no lo tomó por sorpresa la visita presidencial, según lo confirma el alcalde de Vetas y cabeza de la Asociación de Municipios de Páramo de Santurbán, Orlando Rodríguez: “Ya sabíamos. Ahora estamos esperando a que nos reciba el presidente para ver si llegó a otros acuerdos”.
Gasolina a la llama
De 36 páramos que tiene Colombia, 23 han sido ya delimitados por decreto presidencial y la meta puesta por el propio presidente era tenerlos todos listos antes de dejar la Casa de Nariño.
Santurbán viene siendo el paciente cero, por decirlo de alguna manera, y la guía de aplicación de las políticas de conservación y sostenibilidad de las regiones.
Por eso, la decisión tomada por la Corte Constitucional de tumbar la delimitación de 2014 y dar un plazo de un año podría generar un choque de intereses que siente precedente para los demás páramos.
Como el proyecto Minesa se ajusta a los parámetros dictados por el mismo Gobierno, pues se aloja por debajo de la línea de páramo, hay posibilidades que que pase la revisión de la Anla. El choque podría venir si al cabo de un año se admiten las pretensiones de los demandantes en la Corte y se accede a ampliar los límites de la zona donde no se puede adelantar ninguna actividad.
Esto genera serias tensiones en los pueblos de la montaña. Lizcano argumentó que “nosotros somos mineros hace cientos de años y las decisiones de los últimos años nos han golpeado. Pedimos que nos permitan desarrollar nuestro trabajo y nuestra tradición”.
Por eso, no están dispuestos a reconocer como interlocutores válidos a quienes no viven en la zona, pues “ninguno de los que se dicen defensores ha puesto jamás un pie en el páramo. Todo esto es política”, dice con algo de amargura Leonidas Arias, campesino californiano que ha tomado hace años la vocería de los mineros artesanales que hoy, dice, están dedicados al rebusque.
Las estadísticas municipales respaldan la afirmación de Arias, pues exponen una desocupación en hombres superior al 80% y en mujeres del 90%.
Por su parte, los comités ambientales son enfáticos en que la comunidad ha sido engañada y que Bucaramanga, al depender del agua que baja del páramo, tiene autoridad para decidir.
“El bien general prima sobre el particular”, consideró Erwin Rodríguez-Salah, uno de los accionantes de la tutela y miembro del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán.
Agrega que no existe “una minería bien hecha”, pues “no cabe en ningún entender que pueda existir tal cosa en los frágiles y vulnerables páramos y sus ecosistemas circunvecinos, todos interdependientes e indispensables para el buen funcionamiento del ciclo hídrico, ubicados por encima de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga”.
La pretensión del colectivo es simple: que se reconozca a los bumangueses como intervinientes y se conciba una delimitación total del ecosistema paramuno (la protección actual cubre el 73% del territorio), a partir del hecho de que toda actividad minera por encima de bocatomas (959 metros sobre el nivel del mar), pone en riesgo el suministro.
Responde Minesa
Juan Camilo Montoya, director de sostenibilidad de Minesa, consideró infundadas las preocupaciones expresadas por los ambientalistas a quienes, de paso, les pidió soportes técnicos a sus afirmaciones.
Frente a la acusación de contaminación de aguas subterráneas que afecten las cuencas que surten a Bucaramanga, sostuvo que “el agua subterránea en la zona de páramo se encuentra a una profundidad importante y el agua que sustenta la vegetación del mismo páramo es distinta de esta, que se infiltrará de manera controlada a la mina”.
Agregó que poseen tecnología para que el agua que pase por el proyecto sea debidamente tratada “para eliminar materiales que puedan generar riesgo. Nuestra huella de intervención superficial en la mina será de 24 hectáreas, todas fuera del páramo, mientras que proyectos de otras empresas proyectaban intervención de más de 1.000 hectáreas, muchas de ellas dentro del páramo”.
Esta afirmación coincide con lo expuesto por la directora del Instituto Humboldt, Brigitte Baptiste, que dirigió el estudio que delimitó a Santurbán.
El estudio expone que el páramo inicia a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar, mientras que el proyecto Minesa lo hace a los 2.640, en zona de bosque alto andino.
Ante las preocupaciones del impacto de una remoción diaria de 7.000 toneladas de roca y el uso de 170 litros, Montoya no niega el impacto pero expone que es enormemente menor al que se puede generar en los proyectos de minería a cielo abierto.
¿Quién tiene voz?
Desde hace meses, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, empezó una cruzada para conseguir para su ciudad un sitio en la mesa de discusión minera. Su último movimiento busca 500 mil firmas de ciudadanos para solicitar a la Anla que los acepten como tercer interviniente en el proceso de licenciamiento, junto a los municipios de Suratá y California.
La movida, sagaz por demás, puede dar frutos rápidamente. Es sabido que el enorme apoyo que ha recibido Minesa en la zona les daría una victoria casi segura en una eventual consulta popular. No obstante, si Bucaramanga entra en la votación, el panorama se voltearía.
Para el analista político santandereano Julio Acelas, la polarización entre ciudad y campo es una consecuencia de que Minesa “se adelantó” a todos los demás actores.
“La estrategia fue interlocutar con los habitantes de la región y abrir la agenda. Tomaron la delantera y cuando los ambientalistas se dieron cuenta, ya ellos llevaban tramo adelantado con mesas de trabajo”, explicó.
El mensaje se enfoca en recalcar que no se están repitiendo los errores de Greystar y otros proyectos pasados. Primero, porque el proyecto queda por fuera de la delimitación y segundo, porque generaría una reactivación económica que se está esperando hace ocho años.
Las cifras que presenta Minesa son atractivas. Hablan de 1.000 empleos directos, 4.000 indirectos y 1.600 millones de dólares en compras y salarios locales.
Para Lizcano es una oportunidad para redimirse de lo que denomina un abandono después de la delimitación, “tenemos un cero en la inversión del Gobierno en la región, ni servicios ambientales, ni en proyectos”. A esta problemática se suma que muchos campesinos se sienten atrapados en sus fincas pues, al quedar metidas en el límite de protección, dicen que perdieron todo valor comercial.
A pesar de la problemática, Rodríguez-Salah aseguró que los alcaldes de Santurbán “no deben actuar como si no tomaran agua”, y recordó que la asociación que formaron y que encabeza Lizcano ha firmado convenios con Minesa por 30 millones de pesos, con cláusulas que les impiden ser un palo en la rueda minera.
Aun así, Acelas sostiene que “para volver al ruedo se crearon sinnúmero de situaciones extremas, diciéndole a la gente de Bucaramanga que el páramo se va a acabar y el agua a envenenar. Entran los políticos al ruedo”, concluye.
Hora de balances
Cuando se dio a conocer el mapa de protección del páramo, el entonces ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, anunció inversiones de 15 mil millones de pesos para la socialización de las implicaciones de la protección, reactivación económica para los campesinos cesantes y protección de la geografía.
Los municipios acusan un incumplimiento total, mientras que el Ministerio de Ambiente argumentó en su última rendición de cuentas, que de la meta de cinco programas regionales de negocios verdes, lleva adelantados los primeros dos, en Pacífico y Amazonía.
Campesinos como Arias son enfáticos en que, con o sin Minesa, seguirán sacando el oro de la montaña como lo han hecho ancestralmente. El problema ha mutado en la figura de los mineros ilegales, los galafardos, que entran a minas abandonadas y potencialmente inestables a sacar el oro. “Muchos ni siquiera son de la región”, acusa.
Por ello, el Minminas hace eco de las aparentes ventajas del proyecto, que traería ingresos por 2.000 millones de dólares en impuestos y regalías.
Sin embargo, el negocio podría no ser tan redondo. Un análisis del docente Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo, indica que las proyecciones según lo planteado no superan los 70.000 millones de pesos de regalías anuales al Gobierno y 500 empleos.
Habrá que esperar al próximo año a que la Anla decida si le da esta nueva oportunidad a la minería en el primer páramo delimitado de Colombia.
