Un capítulo más de Odebrecht enreda al fiscal

La divulgación de audios en los que Néstor Humberto Martínez conoció de las presuntas coimas de la multinacional, se suma a otra serie de hechos.

Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía en 2016, tras ser superministro del Gobierno entre 2014 y 2015. FOTO Colprensa

La muerte de Jorge Enrique Pizano, testigo clave en caso Odebrecht en su posición de antiguo controller (encargado del control de gestión) de la concesión Ruta del Sol, el pasado 8 de noviembre, desembargó una serie de declaraciones que comprometerían al fiscal general Néstor Humberto Martínez con el caso, y su credibilidad como cabeza del ente investigador.

Sumado a los audios proporcionados por Pizano, Medicina Legal confirmó ayer que el hijo de Jorge Enrique, Alejandro Pizano, murió envenenado con cianuro 48 horas después de la muerte de su padre luego de que se bebiera un agua que se encontraba en el escritorio de su progenitor.

Ese día, 8 de noviembre, fue a la oficina de su padre y acompañado de su esposa comenzó a observar algunos papeles en el despacho del arquitecto. Tomó el agua puesta junto al computador y se doblegó con un severo dolor estomacal.

“Las pruebas recaudadas en la residencia de sus padres indican que la víctima habría encontrado el cianuro en una botella de agua saborizada que se hallaba en el escritorio de su padre, de la cual ingirió un sorbo”, dice el informe de Medicina Legal.

Además, Pizano (padre) tendría un preacuerdo con la justicia de EE. UU. para contar todo lo relacionado con Odebrecht, señaló una fuente a EL COLOMBIANO, que pidió la reserva de su nombre.

Hay un tercer punto a considerar. En entrevista concedida a este diario el 15 de octubre de 2018, de la cual reproducimos las preguntas más relevantes (ver nota adjunta), Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, dijo que solicitó el testimonio de Martínez a su favor “porque él participó activamente en hechos que tienen que ver con mi defensa. Por ejemplo, él firmó el concepto favorable que dio luz verde a su cliente, Ruta del Sol, de seguir adelante y firmar el otrosí.”

En un documento conocido por EL COLOMBIANO, queda constancia de que el Inpec visitó el 11 de septiembre a Andrade y le sugirió que “suspendiera la entrevista” y “se comprometiera a no hacerla”.

Lo que enredaría al fiscal

Según los audios de Pizano, revelados por Noticias Uno el pasado lunes, el hoy fiscal tuvo conocimiento de que se estarían pagando coimas al interior de los negocios de la construcción de la Ruta del Sol 2, en momentos en los que oficiaba como abogado del grupo Aval, dueño de la firma Corficolombiana, socia del proyecto, y ni en ese momento como abogado, ni luego como cabeza del ente investigador, denunció la situación.

Así quedó consignado en el testamento del ingeniero Pizano, fallecido al parecer por un cáncer que lo aquejaba de tiempo atrás, y que encargó liberar esas pruebas en caso de su muerte o que pudiera salir protegido a otro país.

Según sus indicios, que fueron puestos en conocimiento de Martínez, el 25 de junio de 2015, un año antes de su nombramiento en la Fiscalía, al cruzar las cuentas de los contratos con los pagos reales en tesorería del proyecto Ruta del Sol 2, encontró que las cuentas no daban. Aparecieron contratos invisibles u objetos contractuales duplicados, observaciones que llegaban a un valor de 24 mil millones de pesos. Esta era la prueba de que se estaban dando coimas y quien era el encargado del correcto uso de los recursos y la ejecución de las obras se las estaba dando a conocer al abogado de la empresa para la que trabajaba.

Vale recordar que el escándalo de Odebrecht en Colombia tiene varias ramificaciones, pero la línea de investigación que más ha sobresalido es la red de sobornos para conseguir la aprobación del otrosí 6, que le permitía al consorcio Ruta del Sol 2 construir la vía Ocaña-Gamarra.

Ante la tormenta, el fiscal Martínez aseguró en un comunicado que atendió a Pizano en calidad de amigo, pues este quería hacerle llegar por intermedio suyo a Luis Carlos Sarmiento Angulo, presidente de la junta directiva del grupo Aval, las evidencias que encontró, siempre aclarando que el mismo controller no estaba seguro de que lo que tenía entre manos fueran coimas.

Además, agrega que tras conocerse las sospechas, Sarmiento Angulo obligó a Odebrecht a reintegrar al consorcio Ruta del Sol 2 los 33 mil millones de pesos de los contratos con dudas.

En ese orden de ideas, Martínez defiende que en 2017, ya como fiscal general, la entidad confirmó los hallazgos de Pizano y varios más y por eso se efectuaron las órdenes de captura y toda la actividad investigativa de la Fiscalía en la trama de la Ruta del Sol 2.

Finalmente, enfatizó en que no ha actuado como fiscal en el caso Odebrecht, pues se declaró impedido para conocer de ello y la Corte Suprema de Justicia lo aceptó.

Estallado el escándalo, el Grupo Aval S.A., la Corporación Financiera Colombiana (“Corficolombiana” o la “Sociedad”) y su filial Episol, precisaron mediante un comunicado que estaban enterados de las denuncias de Pizano y que dichos informes “y ninguna otra información conocida en aquel momento permitían que, ni el Dr. Pizano, ni Corficolombiana, ni persona alguna pudiera afirmar que dichos contratos y los pagos efectuados como consecuencia de estos estuvieran relacionados a los sobornos que, en diciembre de 2016, Odebrecht confesó haber cometido para garantizar la adjudicación del contrato de concesión de Ruta del Sol 2”.

La gravedad de los hechos

Ante la situación, queda la discusión sobre si está en entredicho la legitimidad del fiscal y si reviste en contra suya alguna falta a la ley.

En el primero de los casos, es preciso conocer lo que le dijo Martínez a Sarmiento para así determinar el grado de importancia que se le dio. Así lo consideró Juan Carlos Ruiz, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. “Esto mina la legitimidad del fiscal en sus actuaciones frente a Odebrecht. Aquí no se está avanzando como en otros países como Perú –donde expresidentes están incursos en procesos– y Martínez ya no tiene una posición cómoda ante la opinión pública”, aparte, recalcó que “causa mucha sorpresa que no se haya nombrado fiscal ad hoc”.

A su vez, Jaime Carrión, politólogo y docente de la Universidad Nacional, agregó que “guardar silencio sobre este tipo de delitos es muy delicado, mas cuando ellos son los rostros que invitan a la ciudadanía a denunciar”.

Por su parte y para la segunda cuestión, el exfiscal general Guillermo Mendoza Diago fue enfático en que desde la actuación penal, no hay irregularidad alguna. “Néstor Humberto Martínez era abogado y asesor de una de las partes intervinientes en esos contratos, y uno en ese rol tiene la obligación de guardar reserva profesional respecto a ciertas cosas. Pero lo más importante es que, como tal, no tenía la obligación de denunciar este hecho”, explicó.

Añadió que la actuación de la Fiscalía no se ha obstaculizado ni frenado por acción u omisión del jefe de la entidad, pues este se declaró impedido recién llegó al cargo. “No veo qué cuestionarle”, remató.

“TODO LO SABÍAN MIS JEFES”: EXGERENTE ANI

Un capítulo más de Odebrecht enreda al fiscal

EL COLOMBIANO reproduce apartes de la entrevista que publicó el 14 de octubre con Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), por ser parte de las denuncias que comprometerían a Néstor Humberto Martínez.

El fiscal Néstor Humberto Martínez dice que el concepto que emitió en la Ruta del Sol no fue tenido en cuenta por la ANI, es más, dijo que el concepto, que usted publicó, fue “mutilado deliberadamente...”

“Me causa enorme impresión que el fiscal le esté mintiendo al país. Cuando fue ministro de la Presidencia, dos años después de emitir el concepto, participó en el Conpes y estuvo de acuerdo en que se adicionara el tramo Ocaña-Gamarra a la Ruta del Sol y ahora hemos descubierto, por sus declaraciones, que además participó en la negociación entre el grupo Aval y Odebrecht. Él es un excelente testigo para dar fe de cómo se hicieron las cosas”.

¿Cuál es, entonces, el interés que tiene el fiscal?

“No lo sé. Lo único que puedo decir es que hay un conflicto de intereses. No puede ser que la persona que era abogado de Odebrecht y del grupo Aval ahora sea quien investigue”.

¿A quién protege el fiscal?

“Eso tiene que preguntárselo a él. Creo que es bastante obvio, pero es mejor preguntárselo a él”.

¿Al grupo Aval?

“Debe preguntárselo a él”.

¿Cuál es la responsabilidad de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del grupo Aval, de que usted hoy este preso?

“(Silencio) Eso no lo sé”.

¿El fiscal está favoreciendo al grupo Aval?

“Creo que hay un conflicto de intereses que es inaceptable en un esquema moderno de justicia porque él fue abogado de la subsidiaria de Odebrecht en Colombia y ha sido abogado durante 20 años del grupo Aval y a mí me parece que debería haber un fiscal independiente en estas investigaciones”.

La Superindustria formuló pliego de cargos a varias empresas relacionadas con Ruta del Sol 2 por el pago de un soborno a un funcionario del Estado, conflicto de intereses y por la realización de contactos privados y directos entre personas vinculadas al proyecto. ¿Cómo vio esas sanciones?

“Está muy bien que entidades como la SIC investiguen. Una de las cosas de las que me he quejado es que en el caso de Odebrecht la verdad ha salido a cuentagotas”.

¿La investigación de la SIC deja abierta la interpretación de que la Fiscalía puede estar manipulando la información?

“No hago ese juicio. En lo único en que insisto es en que para que haya un sistema de justicia moderno y creíble no pueden haber intereses en la Fiscalía”.

¿Cómo ve hoy el papel del expresidente Santos en su proceso? Usted era su funcionario estrella y él nunca salió en su defensa...

“El gobierno Santos se ha lavado las manos. Todas las decisiones que tomé fueron consultadas con él (con el presidente), consultadas con el vicepresidente Germán Vargas, con los ministros y con todas las formalidades del caso. Francamente, no he visto a ninguno de ellos saliendo a explicar cómo se tomaron las decisiones”.

Lo dejaron solo...

“Me parece que es una obligación ética, si participaron en estos procesos de decisión, que le expliquen al país cómo se tomaron. A mí me están acusando por el otrosí Ocaña-Gamarra que, como ya todo mundo sabe, se discutió en el Conpes, ahí estaban el presidente Santos, el vicepresidente, el fiscal, todo el gabinete y se aprobó”.

¿Todos ellos sabían?

“Me acusan de tener un interés indebido en las reclamaciones que hizo Ruta del Sol, que es lo más absurdo, porque fui quien se opuso. Todas las decisiones las consulté. No solo seguí el debido proceso de las consultas a abogados y aprobaciones en comités, sino que también las consulté con ellos, con el presidente, el vicepresidente...”.

La exministra de Transporte, Cecilia Álvarez, su jefe, también lo dejó solo...

“Todo lo que yo hice lo consulté con mis jefes. Cuando Cecilia Álvarez era mi jefe lo consulté con ella. Cuando Natalia Abello era mi jefe, lo consulté con ella. Cuando Jorge Rojas era mi jefe, lo consulté con él. Cuando el vicepresidente Germán Vargas estaba a cargo de sector, lo consulté con él”.