Esta historia no hace parte de los libros que narran cómo los españoles esclavizaron a los indígenas al pisar suelo americano. No fue en 1600 ni en 1800, pero es un reflejo de que ese fenómeno sigue vivo en pleno siglo XXI y ante los ojos de Colombia.
Le sucedió a Erika Vargas Castillo, de 18 años, una mujer indígena en embarazo y perteneciente a la comunidad Carapana de Vaupés, a quien esclavizaron hace cuatro años, en Bogotá. El pasado miércoles el Juez 18 de conocimiento condenó por el delito de trata de personas con fines de explotación, bajo la modalidad de servidumbre, a su victimaria, Claudia Maritza Castiblanco. Esta decisión se convierte en un precedente a la protección de los derechos de las mujeres, según manifestaron organizaciones civiles.
Todo empezó en su comunidad, cuando un hombre, queriendo mostrarle una oportunidad de vida, le ofreció que se fuera con él a la capital, pues allí le pagaría $250 mil mensuales para que cumpliera con las tareas del servicio doméstico de una vivienda; sin embargo, el panorama con el que se encontró fue otro. “Esclavitud sin cadenas”, dicen desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Ahí empezó su martirio, desconectada del mundo y sin ningún tipo de retribución por su trabajo.
La víctima relata que durante un año y medio no pudo salir de la casa de quien fungía como su patrona, pues la mantenían bajo llave, y tampoco le pagaron un solo peso. El argumento para ello era que tenía que pagar por su desplazamiento de Vaupés a Bogotá, estimado en unos $400 mil.
“Fue tratada como una mercancía y restringida en su libertad, ya que fue encerrada con llave todo el tiempo”, señaló la Fiscalía durante la audiencia realizada el miércoles pues en las entrevistas que tuvo con la víctima, quien logró contactar a su familia y contó lo que estaba padeciendo, y tras una investigación de al menos seis meses liderada por la Policía, se dio cuenta de que a Vargas Castillo la tenían “en condiciones de esclavitud” asociadas a servidumbre.
Además, la Fiscalía le imputó el delito de trata de personas a la victimaria, Claudia Maritza Castiblanco, porque había abusado de su condición de poder frente a la víctima, y por estos hechos, el juez 18 de conocimiento de Bogotá la condenó a 13 años de cárcel, la pena mínima según el Código Pena colombiano, para que responda por el “delito de trata de personas con fines de explotación bajo la modalidad de servidumbre”, dice en el fallo.
De acuerdo con la Onic, organización que se encargó de presentar la denuncia y acompañar a la víctima en el proceso, la victimaria, al enterarse de la denuncia, decidió sacar a la mujer indígena de la casa “con sus cosas y sin dinero para sobrevivir”. Sin embargo, la condenada aún no ha sido capturada por las autoridades.
El general Jorge Vargas, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, afirmó que tras el inicio de la investigación “se logran varias declaraciones, se establece el delito, se tipifica y precisamente se emite la condena con fines de servidumbre en el país, es un hecho histórico”.
Este fallo representa, sin duda, un reconocimiento a la dignidad de la mujer y, sobre todo, a los derechos de las comunidades indígenas de Colombia. Leandrina Pastor, consejera Mayor de la Consejería de la Mujer de la Onic, señala que es “un triunfo para nuestras mujeres y ahora la sociedad deberá entender que los abusos cometidos contra nosotros tendrán más lupa”.
Por su parte, Fernanda Barbosa, quien es asesor de la organización indígena, expresó que comportamientos y frase como “tráigame a la indiecita, la negra o la campesina, que yo aquí le doy trabajo”, se han normalizado por la sociedad.
Según Barbosa, “los indígenas empezamos a tener confianza en la justicia, pues el fallo nos ubica en la sociedad con igualdad de derechos ante cualquiera”, lo que, de una u otra manera, respalda a las “muchas mujeres que hoy siguen esclavizadas en el mundo y en Colombia, pero no son escuchadas”.
