El Congreso vive momentos de agitación tras los recientes avances del escándalo de corrupción de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), que ya involucra a congresistas, altos funcionarios del Gobierno y aliados cercanos del presidente Gustavo Petro.
La captura de los influyentes congresistas Iván Name y Andrés Calle encendieron las alarmas entre los demás implicados, que desde la semana pasada comenzaron a afinar sus estrategias legales y a desplazarse hacia sus regiones, temerosos de terminar en un patio de La Picota, como ya ocurre con sus antiguos compañeros.
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Uno de esos movimientos “preventivos” lo protagonizó Carlos Ramón González Merchán, aliado clave de Petro, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y luego jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). González abandonó el país justo cuando su nombre apareció en múltiples páginas del expediente de la UNGRD.
Según testigos clave, habría sido uno de los cerebros detrás de la red de corrupción que operó desde el propio corazón del Gobierno, desviando recursos destinados a emergencias naturales. Desde que fue señalado en el caso, González quedó expuesto como figura central del entramado, junto a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, también salpicados por la Fiscalía, aunque actualmente en libertad.
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Su salida del país rompió el muro de protección política que hasta ahora parecía blindar a los alfiles más cercanos de Petro. El mensaje fue claro: quien sea mencionado por los testigos, podrá ser llamado a rendir cuentas.
Inicialmente González salió del país a pasar vacaciones, según su abogado quien además afirmó que no estaba buscando en Barcelona. Sin embargo, medios revelaron recientemente que el exfuncionario estaría solicitando asilo político en Costa Rica, lo que refuerza las sospechas de una fuga para evadir a la justicia.
En su petición ante el Gobierno de Rodrigo Chaves alega una persecución como exalto funcionario de Petro. La tesis del exilio, sin embargo, pierde fuerza frente a los hechos: quienes lo señalan de corrupción no son opositores, sino excompañeros de gabinete y miembros de su propio partido, como Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y hoy testigo clave en su contra.
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No solo su intempestiva pero también muy sigilosa salida del país despertó sospechas. También lo hicieron movimientos financieros relevantes y la venta de varias propiedades. Ahora, además de su papel en el escándalo de corrupción, las autoridades escudriñan el origen de su fortuna. En 2021, González declaró ante la DIAN un patrimonio bruto de $12.508 millones de pesos y la posesión de 18 bienes inmuebles distribuidos en Bogotá, Girón (Santander), y los municipios San Francisco y Sopó, en Cundinamarca.
Esa fortuna, hoy bajo la lupa de las autoridades, está siendo examinada como parte del material probatorio en poder de la Fiscalía. Según registros bancarios, entre el 1 de enero de 2019 y el 3 de septiembre de 2024, González realizó 22 movimientos en efectivo que despertaron sospechas y fueron reportados a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) por presunta inconsistencia en el origen de los fondos.
En paralelo, su esposa, Luz Dana Leal, renunció a la dirección de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del SENA, en medio del escándalo.
También se identificaron transacciones inmobiliarias inusuales. Según documentos revelados por El Tiempo, en septiembre de 2024 González y su esposa vendieron un apartamento de lujo en El Chicó por $675 millones a su hija, la abogada Tania América González Millares.
Además, transfirió otro inmueble en el norte de Bogotá a su esposa por $550 millones. Estas operaciones se realizaron justo antes de que la Fiscalía solicitara su imputación y el rastreo de sus finanzas, bienes y salidas del país.
Durante más de tres décadas, González operó como estratega en las sombras. Fundador del partido Alianza Verde, entonces llamado Opción Centro, manejó avales, alianzas y campañas políticas desde la trastienda del poder. Su ingreso al Gobierno de Petro lo puso por primera vez en el ojo público, ventilando sus formas, ahora al parecer, ilegales.
