En el marco de la investigación por supuestas irregularidades en la campaña del hoy presidente Gustavo Petro en 2022, este martes se conoció que la Unión Patriótica (UP) –uno de los partidos que conforma la coalición del Pacto Histórico–, reconoció ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los cargos por presunta violación de topes. Sin embargo, este mismo martes la colectividad reculó y ahora presentó una retractación parcial de lo que inicialmente admitió.
Previamente, en una carta que data del pasado viernes 7 de noviembre, la colectividad –en cabeza del congresista Gabriel Becerra, representante legal de la UP–, admitía su responsabilidad por presunta violación de topes y financiación con recursos prohibidos. El monto señalado asciende a más de 5.300 millones de pesos, cifra que incluye aportes no reportados y gastos omitidos.
Según la ponencia que estudia el CNE, realizada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, entre otras, la UP presuntamente habría tolerado o permitido irregularidades en la financiación, entre ellas la recepción de aportes prohibidos de personas jurídicas como Fecode, Ingenial Media y la Unión Sindical Obrera (USO), y la superación de los topes legales de ingresos y gastos por más de $5.300 millones en primera y segunda vuelta.
Para la autoridad electoral, el partido habría incumplido sus deberes de diligencia y control, al omitir reportar o advertir dichas inconsistencias en los informes contables de campaña, configurando una vulneración al régimen de financiación electoral.
A esos cargos se allanó inicialmente la UP. “Admitir la presente aceptación de cargos del partido Unión Patriótica, dentro de los expedientes administrativos sancionatorios”, dice uno de los apartados de la carga.
Sin embargo, este martes el propio Becerra reculó y explicó que por error se terminaron aceptando los cargos relacionados con el caso Petro. Según el congresista, en búsqueda de que el CNE les levante las sanciones y puedan avanzar para consolidarse formalmente como Pacto Histórico junto a otras colectividades, la UP sí admitió cargos por otras investigaciones y, por una equivocación, se incluyó el expediente Petro.
“Hubo un problema porque se fue otro proceso dentro de la carta, que es uno sobre el cual no nos podemos allanar porque sencilla y llanamente no hay decisión. El CNE todavía no ha decidido plenamente sobre el caso de las investigaciones por violación de topes de la campaña del señor presidente Petro”, explicó Becerra.
De acuerdo con el congresista, que presentó una carta ante el CNE retractándose por el yerro, el proceso por el caso Petro no hace parte del allanamiento a cargos. En su lugar, sí admiten responsabilidades por otros procesos: líos con la rendición de cuentas de sus candidatos en las elecciones regionales de 2023, así como una supuesta violación de topes de campaña para la Alcaldía de Duitama (Boyacá) en elecciones atípicas del 2021.
“Eso implica pagar una multa, como lo hizo MAIS, para que saliera la personería jurídica de Progresistas y ya con la aceptación de esos cargos, pues lo que procede es que el carácter suspensivo de la personería jurídica del Pacto, que no debería mantenerse”, agregó.
A mediados de septiembre pasado, el CNE aprobó la fusión de los partidos que integran el Pacto Histórico de cara a llegar consolidados para las elecciones de 2026, pero les puso una condición: estableció que el visto bueno estará condicionado a la terminación de los procedimientos sancionatorios contra las diferentes colectividades. Es decir, para avalar la fusión, primero los movimientos deben saldar las investigaciones disciplinarias que pesan contra ellos.
“La decisión que tomó la UP fue allanarse, como entiendo también lo va a hacer o lo ha hecho el Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista, para poder ya ejercer a plenitud la personería jurídica del movimiento Pacto Histórico”, precisó Becerra.
