En detalle, los hechos sucedieron en la madrugada del 13 de mayo del 2012, cuando en un puesto de control de la policía en Barranquilla, Atlántico, agentes de tránsito detuvieron la camioneta que conducía el señor Merlano. Tras notar que posiblemente se encontraba en estado de embriaguez, un patrullero le solicitó al senador los documentos del vehículo, la licencia de conducción, así como la prueba de alcoholemia.
La respuesta del exparlamentario fue que 50.000 personas habían votado por él, por lo que se rehusaba a practicarse la prueba. Tampoco entregó a los agentes su licencia de conducción, por lo cual se le impuso un comparendo.
Adicionalmente, durante el procedimiento, el exsenador amenazó a los agentes con poner la queja ante sus superiores. Esta intimidación llevó a que los patrulleros suspendieran el procedimiento y omitieran el cumplimiento de su deber.
Considerando los hechos, la Corte Suprema de Justicia encontró que Merlano al parecer abusó de su calidad de congresista para influir y ejercer una presión indebida sobre los patrulleros.
“El operativo de tránsito se vio obstruido por Merlano, quien haciendo alarde de su calidad de Senador, evitó una multa mayor, así como la inmovilización del vehículo que conducía por no portar la licencia y en aparente estado de embriaguez”, dice el alto tribunal.
Reprochó la corporación que por las influencias indebidas del entonces congresista, no se le aplicaron las medidas, estando en la obligación, como cualquier otro ciudadano, de acatar la ley, sobre todo él, en su condición de legislador.
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Por estos mismos hechos, la Procuraduría General lo había destituido e inhabilitado por diez años, sin embargo, el año pasado el Consejo de Estado tumbó la sanción argumentando que el Ministerio Público no era competente para imponer las medidas.
