Poco más de 24 horas después del atentado con un carrobomba a la Brigada 30 del Ejército, ocurrido el martes en Cúcuta (Norte de Santander), siguen conociéndose más detalles de este ataque perpetrado, según versiones iniciales de las Fuerzas Militares, por el Eln, aunque no se descarta la participación de otros grupos armados ilegales.
EL COLOMBIANO tuvo acceso al video que muestra el momento exacto en el que una camioneta Toyota blanca, de placas JGX-180, modelo 2017, llega a la guardia de la base militar y es requisada por un soldado que, segundos después de hablar con el conductor, revisa la maleta del vehículo y procede a darle entrada.
Un fuente militar le explicó a este diario que el protocolo falló el martes en todos los aspectos relacionados con la seguridad. “Cómo es posible que un soldado revise un vehículo de esta forma y permita el ingreso sin ni siquiera realizar una inspección más profunda? No se puede olvidar que es una zona donde se libra una guerra con los grupos ilegales y estos hacen inteligencia y contrainteligencia, y no se puede fallar así”, dijo el alto mando militar.
Según el oficial, en el momento del ingreso de la camioneta a las instalaciones de la Brigada 30, “en la caseta de la guardia hay 8 soldados (incluye al que revisó el vehículo) y un perro antiexplosivos, ¿por qué el soldado no utilizó al perro para revisar la camioneta?”.
Este militar asevera que entre los otros interrogantes que deja este atentado están: ¿por qué el comandante de guardia no ordenó a tres soldados a revisar el vehículo como lo establece el protocolo? ¿Por qué los otros cuatro soldados, encargados de acompañar los carros que ingresan a la base militar en sus recorridos, no lo hicieron con esta camioneta en particular? “Eso genera muchas inquietudes”, agrega el mando militar.
Con la información recopilada por Inteligencia Militar, se estableció que la camioneta realizó un recorrido de 200 metros desde su ingreso por al puerta del batallón, luego giro otros 10 metros y se parqueó frente al dispensario, para luego moverse otros 20 metros y parquearse frente a las instalaciones del Batallón de Caballería Mecanizado No.5 Maza, y frente a la guarnición donde se aloja la comisión de la Brigada de Asistencia de la Fuerza de Seguridad del Ejército de los EE. UU., (SFAB por sus siglas en inglés), “sin que se detectara por la seguridad los traslados sospechosos del automotor”, dijo el militar.
Por este hecho, la cúpula de las Fuerzas Militares relevó de su cargo a siete mandos militares mientras duran las investigaciones: tres oficiales: teniente coronel comandante del Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate Número 30, segundo comandante y oficial de operaciones. Cuatro suboficiales: el comandante de guardia, suboficial de administración, cabo de guardia y cabo relevante.
“El comandante del Ejército relevará de sus cargos, a los servicios de la guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante, y al comandante del Batallón de Apoyo de Servicios para el Combate Número 30”, manifestó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, en la mañana de este miércoles.
¿Se falló en el protocolo?
Analistas consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que en el atentado ejecutado el martes en Cúcuta, en el interior de la Brigada 30, se falló en los protocolos de seguridad.
John Marulanda, coronel (r) del Ejército y actual presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, Acore, señaló que indudablemente hubo una falla en el tema de la seguridad, y esta se evidencia, precisamente en los cargos relevados en la mañana de este miércoles por el general Navarro.
El general (r) de la Policía y especialista en Ciencias Políticas, Jairo Delgado, concuerda con la postura de Marulanda y señala que en efecto, “el ingreso de un vehículo cargado con explosivos, vulneró las medidas de seguridad” y asevera que “las unidades militares y policiales ubicadas en áreas de mayor afectación del orden público, deben mantener unos dispositivos de seguridad que minimicen los riesgos de atentado u otra clase de actividad irregular contra el personal y las instalaciones”.
Agrega Delgado que según lo s hechos conocidos, “se observa una planeación detallada de los terroristas, para evitar ser detectados por el personal de guardia. Por otro lado, habría que establecer qué información de inteligencia había disponible sobre probables acciones de la guerrilla que pudieran tener como objetivo instalaciones militares, y evaluar qué medidas de seguridad y planes de recolección de información se adoptaron para prevenir la acción ilícita”.
Por ahora, y como lo anunció el fiscal general, Francisco Barbosa, las investigaciones continúan. Hasta ahora se tiene la trazabilidad de la camioneta, y la versión del dueño quien asevera que la negoció por 120 millones de pesos que le pagaron en dos contados de 100 y 20 millones respectivamente.
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