“Coroncoro” reclama la seguridad social que no le pagaron debido a la informalidad que existía en los clubes de la Dimayor.
La búsqueda de una pensión digna se ha convertido en una batalla para varios exfutbolistas colombianos. El caso de Luis Carlos Perea ilustra los desafíos administrativos y la informalidad que históricamente ha caracterizado las relaciones laborales en el fútbol profesional del país.
Muchos inclusive han fallecido sin pensionarse, pero ro como dijo Carlos González Puche, abogado y vocero de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), “el derecho a la pensión no prescribe” y la familia puede reclamarla.
Perea, el popular “Coroncoro”, tuvo una brillante carrera deportiva –ganador de la Copa Libertadores de 1989 con los verdes– y muchas veces fue convocado a la Selección Colombia de mayores. El exzaguero central, de gran desempeño en las décadas del 80 y 90, cumplirá los 62 años el próximo 29 de diciembre, la edad exigida para los trabajadores colombianos que aspiran a una pensión.
Resulta que en la recolección de datos para llenar los requisitos de ley, no le aparecen pagos de pensión en Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior.
Ante esta situación, el exjugador nacido en Turbo, en el Urabá antioqueño, hoy en día radicado en Estados Unidos donde tiene una academia de fútbol, pero que constantemente visita Colombia, decidió demandar a los clubes ya mencionados.
“Yo llego al DIM procedente de la Selección Antioquia en el año 1983 y juego ahí hasta mediados del año 1987, cuando paso al Atlético Nacional y desde esa fecha juego hasta el año completo de 1990. En 1991 llego al DIM para jugar hasta 1993 completo y en el año 1994 fui transferido al Atlético Junior. En 1996 regreso a Nacional hasta 1998, cuando termino mi contrato”, es la información que le pasó a su abogada.
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En diálogo con EL COLOMBIANO, Luis Carlos Perea manifestó que ya tuvo una audiencia con la Corporación Atlético Nacional y los testigos que le pidieron no pudieron asistir (no se presentaron virtualmente). “Ahora estoy preparando con mi abogada, la doctora Evilieta Gómez, el caso contra el Medellín” y seguramente seguirá con Junior.
Luego de interponer derechos de petición en el que solicita expedir un certificado de que laboró con el DIM desde 1983 hasta 1986 y desde 1991 hasta 1993, le respondieron que el Equipo del Pueblo, sociedad anónima constituida en 2012, “celebró un contrato de compra de activos y cesión de pasivos de la sociedad Deportivo Independiente Medellín S.A. Sin embargo, en dicho contrato se estableció que dicha venta no configuraba la venta del establecimiento de comercio, quedando autónomas e independientes las dos entidades”. Y que, en consecuencia, debe dirigir la petición a la sociedad Deportivo Independiente Medellín S.A., en liquidación, empresa que es competente para dar respuesta a la solicitud.
También le agregan que “el Equipo del Pueblo S.A. no tiene antecedentes, archivos o información que vincule al señor Luis Carlos Perea con el Deportivo Independiente Medellín durante los años mencionados; por ende, se imposibilita completamente brindarle la información requerida, ya que no existió una sustitución patronal de su contrato de trabajo”. La misiva la firmó Daniel Ossa, presidente ejecutivo, el 10 de octubre de 2023.
Por su parte, el 26 de septiembre de 2023, Alfonso León Ossa, gerente de Gestión Humana de Atlético Nacional, le respondió que en relación con la solicitud de hacerle llegar copia de los certificados de afiliación y constancia de pago por concepto de pensión de los meses durante los cuales existió relación laboral entre él y el club verde, “debo puntualizar que, según nuestros archivos, usted nunca ha tenido relación laboral con esta sociedad, es decir, con Atlético Nacional S.A., por lo que es imposible para nosotros certificar o entregar documentación alguna y menos aún, proceder al pago o a la cotización de unas semanas que no tienen relación con esta empresa”.
El caso de Perea evidencian la informalidad que existía en el fútbol colombiano hasta 2004, cuando ningún club profesional afiliado a la Dimayor cotizaba la seguridad social de los jugadores.
Puche González, asegura que con el surgimiento de la Asociación, ese año, los futbolistas comprendieron que tenían derechos. Antes no demandaban porque el Artículo 8 del Estatuto del Jugador de la Federación decía que si usted demandaba a un club, hasta que ese litigio no se definiera no podían ejercer la actividad. “Generaron un mecanismo para impedir que los futbolistas acudieran a la justicia ordinaria”.
Según él, podrían venir muchos conflictos por casos similares, pues muchos exfutbolistas han ganado, entre ellos Miguel Escobar al Cali, Pitillo Valencia, Víctor Lugo, Juan Penagos y hasta el propio Hernán Darío Herrera a Nacional.
En definitiva, el caso de Perea no solo resaltan las particularidades del pasado laboral en el fútbol colombiano, sino que también subrayan la importancia de la formalización y el cumplimiento de las obligaciones patronales para garantizar un futuro digno a quienes contribuyeron al deporte nacional. La jurisprudencia reciente y la labor de asociaciones como Acolfutpro abren un camino de esperanza para otros exfutbolistas en situaciones similares.
