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En Argentina, un juez de fútbol de categoría internacional tiene un sueldo mensual, fijo, equivalente a 7,3 millones de pesos colombianos. En contraste, para que un colegiado llegue a esa cifra en nuestro país necesitaría dirigir cuatro partidos de la Liga profesional al mes, algo inusual. El máximo de designaciones en ese período son dos, según estadísticas de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Y otro dato clave para entender la situación laboral de los árbitros nacionales: el que no pita, no gana.
Hoy, cuando las miradas se posan sobre los deportistas y los técnicos que ruegan por la reanudación de sus actividades, pocos se acuerdan de los jueces, hombres y mujeres que son parte fundamental del juego.
Este gremio en Colombia reúne cerca de 12.000 personas. De ellas, 530 están afiliadas a los tres colegios de esta región: Corporación Arbiantioquia (200), Corporación Arbitral, Social y Deportiva (220) y Academia Antioqueña (130).
En el país hay 38 corporaciones avaladas por la Federación Colombiana de Fútbol (Colfútbol) en diferentes categorías, incluidos los profesionales, entre los cuales hay cerca de 30 mujeres (12 paisas).
Tras la pandemia, todos han resultado afectados económicamente por la crisis. Solo en el último sondeo que hizo Arbiantioquia con sus asociados, 54 solicitaron ayuda. Incluso, con un aporte que hizo la Liga Antioqueña de Fútbol, los mismos compañeros y particulares, pudieron llevarles mercados a ellos.
Si bien el juzgamiento deportivo es para algunos un hobby, pues solo a partir de 1994 los jueces empezaron a recibir pagos en el Mundial Fifa (Federación Internacional de Fútbol Asociado, entidad que rige este deporte), para otros se convirtió en una fuente de subsistencia. Antes lo hacían por medallas y el honor de representar a su país.
Sin embargo, depender totalmente de esta fuente de ingresos en Colombia resulta difícil: “La falta de profesionalización de la actividad los obliga a tener un trabajo alterno para cubrir sus gastos”, dice el exjuez Adrián Vélez.
Sus bolsillos están vacíos y hasta ahora ni Colfútbol ni la Dimayor (ente que organiza los torneos profesionales) les han brindado ayuda económica, confirmó a este diario gente cercana a ellos, pues les tienen prohibido dar declaraciones sobre este tema.
Varios centrales y asistentes que prestan los servicios en la Primera División (Liga Betplay) dependen de esta actividad y la están pasando mal, porque los ahorros en 3 meses de receso se agotaron.
Al ser indagado al respecto, el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, dio a entender que allí solo contratan los servicios de los jueces cada vez que hay partidos y su papel termina con el pago de los honorarios.
La Federación es la que tiene la mayor responsabilidad sobre ellos en capacitación y ranquin para obtener las escarapelas Fifa. El presidente, Ramón Jesurún, único autorizado para abordar con los medios todos los asuntos del balompié nacional, no respondió a las inquietudes que le formuló este periódico.
“En Colfútbol les piden disponibilidad completa porque en cualquier momento los requieren para juegos o cursos y eso les dificulta tener otro empleo. Su vínculo no va más allá de la prestación de un servicio en los encuentros”, dice José Ruiz, exárbitro federado.
Los 140 “referís” (60 centrales) de la Primera División y 110 de la Segunda División (torneo de ascenso) cumplen hoy con entrenamientos y exámenes virtuales que programa la Comisión Técnica.
Un juez central en Colombia recibe dos millones de pesos por partido en la máxima categoría, y en promedio pita dos veces al mes. De ese dinero saca transporte interno y otros gastos, es decir, le quedan cerca de $1.8 millones, sin descontar la seguridad social que corre por su cuenta. Los asistentes (jueces que van en las líneas) devengan la mitad.
En la Segunda División, el principal gana $1.1 millones por juego, y los ayudantes de campo, $770 mil cada uno.
Los jueces Fifa, que en Colombia son 14 (7 centrales), tienen salidas esporádicas que mejoran sus ingresos, pues por cada participación en torneos como Libertadores o Sudamericana son remunerados con $11.8 millones libres (los asistentes, $9.6 millones).
Pero mientras no haya competencia no obtienen dinero y esto ha hecho que casi todos acudan a labores extras. Pocos, dice José Ruiz, tienen la fortuna de conseguir un empleo en el que les den permisos para cumplir sus compromisos con el fútbol.
En la rama aficionada dirigen estudiantes universitarios y padres de familia que cada fin de semana, con alta exigencia física, pitan unos 5 partidos. En eso pueden ganarse 240 mil pesos, un poco más del salario mínimo que está en $877.803 sin auxilio de transporte.
¿Cómo encontrar garantías? El exárbitro José Borda plantea dos caminos: “Primero, que los directivos de Colfútbol empiecen a ver a los jueces como profesionales que imparten justicia, y no asumir su rol como un gasto, sino como una inversión. Y, segundo, los colegiados deben pensar más en grupo, no individualmente, crear una organización que haga respetar sus derechos. De los contrario los van a dejar solos, como ahora, desamparados”.
El analista también llama la atención para que a las mujeres les den más protagonismo, pues desde hace 14 años ninguna dirige en la Liga masculina. Agrega que en Colombia solo les asignan partidos de la Liga Femenina, mientras en el resto de Suramérica sí tienen presencia en los torneos de hombres. “A pesar de sus capacidades, no les dan oportunidad, no hay una política seria con ellas”.
La pandemia deja ver los vacíos en este gremio que, desde ahora, puede pensar en reiventarse.