Un total de 24.643 exparamilitares se acogieron a los beneficios de la Ley 1424, informó este jueves el Alto Consejero Presidencial para la Reintegración, Alejandro Éder.
El llamado fue acogido por el 93 por ciento de las 26.444 personas que podían acceder a ella y que busca resolver un limbo jurídico.
Según el Alto Consejero para la Reintegración, los desmovilizados que no se acogieron o reportado ante las autoridades competentes en el plazo establecido podrían recibir orden de captura y ser judicializados por el delito de concierto para delinquir, entre otros.
"El 7 por ciento restante, las 1.800 personas que no se acogieron a la Ley, no quedan cubiertas por los beneficios jurídicos que da esta Ley y por lo tanto podrán perder la libertad", comentó el funcionario.
Explicó que los desmovilizados que se acogieron a la Ley 1424 deberán realizar trabajo social como parte del proceso de reparación a las víctimas.
"La mayoría de estas personas estaba trabajando en el sector formal de la economía, lo que muestra que el proceso está funcionando. Lo único distinto que deberán hacer estas personas ahora, es, primero que todo, hacer trabajos sociales para reparar de manera integral a sus víctimas y, segundo, deberán acudir al Centro de Memoria Histórica", apuntó.
En opinión del funcionario, el Gobierno hizo lo posible para otorgar todas las garantías y facilitar a los desmovilizados este proceso. Para él "la clave para generar confianza en los desmovilizados fue la unidad del Estado”. El Gobierno presentó el proyecto de ley que fue aprobado en tiempo récord en el Congreso y, finalmente, la Corte Constitucional lo declaró exequible. “Estos son pasos firmes que llevaron a una unidad de propósito en el Estado", dijo Éder.
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