Nelly Sánchez (*), cucuteña, casada y madre de dos niñas, es ejecutiva de una entidad financiera en la capital de Norte de Santander. A simple vista no le falta nada: profesional, bella y carismática, además de un puesto estable y un sólido hogar.
Pese a todo, había algo en ella que la afectaba profundamente: la convicción de que sus senos no eran tan grandes como quisiera, una idea que comenzó a obsesionarla e incluso a deprimirla.
“Fue un complejo que tuve desde joven”, dice esta mujer, bachiller del Colegio Departamental y egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander, quien hace tres largos años pasó el susto de su vida cuando decidió someterse a un implante de silicona para agrandar el tamaño de sus senos.
La operación, hecha a finales de 2010, fue la única opción que le quedó a Nelly para enfrentarse a un complejo que no hacía más que crecer cada vez que se comparaba con sus compañeras de oficina, la mayoría de ellas con senos más generosos que los suyos.
Lo hizo pese a que su esposo estaba satisfecho con su físico. “Nunca me hizo un comentario sobre el volumen de mis senos, pero era yo quien no estaba contenta con ellos. Mi autoestima era muy baja”, recuerda Nelly para justificar, después de aquella traumática experiencia, que “la solución estaba al alcance de su manos”.
El hecho de que una de sus dos hermanas se había hecho ya una exitosa mamoplastia (cirugía de aumento de senos) la alentó para ponerle término a la demora que, en su opinión, tuvo en decidirse por la intervención quirúrgica, a la que se sometió en un centro médico de la avenida Gran Colombia a un costo de 4 millones de pesos y 8 días de incapacidad médica.
Por supuesto, y como es habitual en estos casos, no había necesidad de preguntar qué clase de implantes le sería puesto, al fin y al cabo aquella operación sin complicaciones había hecho en Nelly el milagro de ver aumentada su talla de 30 a 34.
De aquella operación solo se llevaría a casa los empaques de los implantes, una pequeña caja identificada con las letras PIP.
El calvario
La alegría de Nelly no duró mucho. En mayo de 2012 se enteró por boca de su madre de que cierto tipo de prótesis mamarias era un amenaza a la vida de las miles de mujeres sometidas en el mundo a mamoplastias basadas en siliconas producidas por una empresa francesa que las comercializaba con las sigla PIP.
“En un abrir y cerrar de ojos el mundo se me vino encima, tomé el periódico y leí que los implantes que tenían problemas eran los PIP. Busqué la cajita, que había guardado sin querer queriendo y constante, para mi angustia, que eran de la misma marca de los que me habían instalado”, recuerda hoy.
“Eso no era lo malo, lo peor era que estaba embarazada y me dio miedo perder a mi segunda hija o morirme y dejar huérfana a la mayor”.
Tras esta mala noticia, la angustia de Nelly se transformó en esperanza, tan pronto acordó con el médico que pese a la ausencia de malestares o deformaciones en el pecho, la prótesis le sería retirada. No obstante, ello solo sería posible una vez terminara el embarazo.
Tras casi dos años y medio con el implante, esta ejecutiva financiera tuvo que pagar 3.000.000 de pesos por una nueva intervención.
“Fue el 13 de noviembre de 2013. Recuerdo que le recé a Dios y a la Virgen lo que nunca había hecho en mis 33 años de vida”, evoca Nelly, no sin antes precisar las razones por las cuales desistió de hacerse la operación en el Hospital Universitario Erasmo Meoz, una de las 24 instituciones que el Gobierno dispuso para operar gratis a las mujeres que necesitaran la extracción segura de las prótesis.
El miedo a que las demoras habituales en el trámite pre-operatorio le trajeran alguna complicación fue lo que la impulsó a valerse de sus propios recursos para retirarse el implante PIP, intervención que el Gobierno asimiló siempre como “una medida exclusivamente preventiva para evitar un daño a la salud de las personas a las que les han sido implantadas estas prótesis”.
El tiempo le daría luego la razón a Nelly Sánchez sobre la validez de su miedo. En efecto, pese a que se mantenía la gratuidad en el retiro de los implantes PIP, su reemplazo por otro excluía a las mujeres que se operaron por razones estéticas.
La decisión del Gobierno tuvo el efecto, según Nelly, de que los hospitales dejaran de considerar prioritarias sus solicitudes.
De hecho, se estima que de las 15 mil colombianas que se sometieron a implantes PIP, solo 500 han podido apelar al sistema de sanidad pública para el retiro gratis de las prótesis.
La demanda
Pero lejos de sentirse derrotada por la adversidad, Nelly entendió que las leyes podrían estar de su parte. A través de internet conoció a la firma Lozano Blanco & Asociados único bufete de Colombia y de América Latina dispuesta a representar a las mujeres víctima de los implantes PIP.
“Todo fue por internet. Les conté mi caso y me pidieron que les enviara la constancia de utilización de los servicios quirúrgicos de la clínica y una certificación del médico donde se identificaban las prótesis utilizadas, la factura de compra y el recibo de pago de la primera cirugía”, explica.
Pero hasta en este paso tuvo que luchar contra viento y marea dada la renuencia de la clínica a entregar los papeles. Solo un derecho de petición hizo posible que, finalmente, la documentación requerida por los abogados Lozano Blanco & Asociados estuviera en sus manos.
Asociada al célebre bufete francés Lauren Gaudo, la firma colombiana entró así, a 10.000 kilómetros de distancia, a reclamar los derechos de esta cucuteña, una de las cientos de miles de mujeres que desde 2010 han vivido un verdadero calvario por cuenta de uno de los peores errores en la fabricación de prótesis en el mundo.
Con la idea fija en que la empresa fabricante TÜV se responsabilice de los daños emocionales y económicos que las prótesis han causado, Nelly confía ahora en obtener una indemnización de varios miles de euros.
De momento, Nelly recibirá 3.000 euros. Un fallo, cuya lectura tardó cuatro minutos, ha hecho justicia parcial a esta mujer que aspira, sin embargo, a que el controvertido fabricante del implante, Jean Claude-Mas –actualmente en prisión- le reconozca una cifra muy superior, acorde a lo que fue su tortuoso procedimiento quirúrgico.
*Nombre cambiado para proteger la identidad de la víctima
