Para Panamá es un motivo de tranquilidad que su devenir político no sea objeto de titulares en los medios de comunicación internacionales. El primero de julio, asumió la presidencia de la república Ricardo Martinelli, líder de una coalición de centro-derecha, quien derrotó en las elecciones por amplio margen a Balbina Herrera, la candidata del PRD, el partido de gobierno.
El nuevo presidente le agradeció a su antecesor, Martín Torrijos, la colaboración prestada para facilitar el empalme administrativo entre los dos gobiernos. En forma rutinaria, dentro de la normalidad institucional, tuvo lugar el intercambio de funciones entre gobierno y oposición, sin que estuviera de por medio un reto al orden democrático, el modelo económico vigente o la política internacional del país.
Panamá recuperó el control nacional de la totalidad de su territorio en 1999, al cumplirse el plazo estipulado en los tratados Carter-Torrijos para ponerle fin al manejo del Canal por el gobierno norteamericano y al ejercicio de autoridad civil y militar extranjera en la franja de territorio panameño denominada Zona del Canal. También se eliminaron las bases militares estadounidenses y la sede del Comando Sur, el cual se trasladó a la Florida.
Desaparecido el irritante de la presencia norteamericana en la Zona del Canal, Panamá mantiene estrechos vínculos diplomáticos y económicos con Estados Unidos. Los temas prioritarios de la agenda bilateral actual incluyen la aprobación legislativa del tratado de libre comercio y la negociación de un acuerdo similar a los que se les han propuesto a centros bancarios como los de Suiza y Luxemburgo para suministrar la información financiera que solicite el Departamento del Tesoro, en casos de evasión fiscal.
Los dirigentes panameños han logrado construir un consenso nacional acerca de la conveniencia de preservar los elementos centrales de su modelo de desarrollo. Por disponer de un mercado interno pequeño, Panamá mantiene una economía abierta al comercio mundial, con un mínimo de restricciones de cualquier orden a las importaciones. La política económica está condicionada por su posición geográfica y por la vital importancia que tienen para el país el canal interoceánico y las demás actividades relacionadas con un intenso tráfico marítimo.
Para garantizar un alto nivel técnico y gerencial, la Autoridad del Canal se puso a salvo del clientelismo. Como estrategia competitiva de un país exportador de servicios, con un hub de transporte aéreo y de comunicaciones, Panamá procura atraer la inversión extranjera y evitar la imprudencia fiscal y financiera.
La transferencia tranquila y ordenada del poder en Panamá permite hacer unas reflexiones acerca del respeto a las instituciones y la viabilidad de la democracia liberal que resultan relevantes en la actual coyuntura latinoamericana. La evidencia empírica sugiere que, excepto en el caso de los petro-estados, las probabilidades de consolidar un régimen democrático se incrementan en los países a partir de un ingreso anual por habitante de US$ 7.000, umbral al cual se acerca Panamá.
La experiencia panameña reciente demuestra que, una vez alcanzado determinado grado de madurez política, es posible mantener continuidad en temas fundamentales de interés nacional bajo gobiernos de distintos partidos. Los elementos centrales del ordenamiento político y del sistema económico no se juegan al azar en cada elección. Lo cual hace necesario el respeto por parte de los dirigentes a las reglas de juego democrático propias de un Estado de Derecho. El sometimiento de los gobernantes a los límites temporales de permanencia que establece el respectivo ordenamiento constitucional es lo que diferencia a la democracia liberal de los regímenes en los cuales los aspirantes a caudillos utilizan el poder para adecuar las constituciones a sus ambiciones personales.
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