Al descubierto quedó un "cartel" de abogados que pretendía quedarse con cerca de medio billón de pesos del magisterio (457.000 millones de pesos) que frenarían el pago de la mesada pensional a más de 130 mil maestros en todo el país.
El hecho se presentó en Córdoba donde con 857 resoluciones, presuntamente irregulares, varios jueces decretaron el embargo de recursos del Fondo de Prestaciones del Magisterio (Fomag).
"Si no actuamos rápido esto sería una segunda versión de Foncolpuertos", dijo ayer la ministra de Educación, María Fernanda Campo.
Según el ministro de Hacienda, J uan Carlos Echeverry , si se hubiera hecho el retiro se habría "consumido" dos meses de las pensiones de los más de 130.000 maestros. En total, fueron 16 embargos en 32 procesos los que ordenaron dos juzgados promiscuos del Circuito de Córdoba, Planeta Rica y Chinú, y un juzgado civil del Circuito de Lorica.
Así actuaban
A través de estas 875 resoluciones expedidas por las secretarías de Educación de los municipios de Lorica y Sahagún (Córdoba) se reconocía el ajuste a la pensión de jubilación a maestros con 50 años de edad o 20 o más años de servicio previsto en la Ley 33 de 1985.
Estas resoluciones reconocían y reajustaban pensiones a otros que no son docentes y a otros que ni si quieran tienen una pensión reconocida. Las resoluciones no cuentan con el visto bueno previo de la fiduciaria La Previsora, administradora del Fomag, requisito sin el cual no se pueden autorizar los pagos.
"Aparece un cartel de abogados que se dedica a recoger poderes, algunos presuntamente no concedidos por algunos docentes y con estos poderes, entonces, presentan estas demandas ante jueces de Lorica, Planeta Rica y Chinú; estos jueces decretaron una serie de medidas cautelares, también presuntamente irregulares, donde embargan las cuentas del Ministerio de Educación Nacional, del Fomac y de la Fiduciaria La Previsora", señaló la Ministra de Educación.
La Procuraduría le dio instrucciones al juez de garantías para que no hiciera efectivo los embargos. "Cuando el Estado trabaja de manera coordinada y conjunta se logra prevenir que estos recursos se pierdan", dijo el superintendente Financiero, Gerardo Hernández.
El caso Telecom
Entretanto , Fernando Carrillo, director de la Agencia de Defensa Judicial de la Nación, afirmó que "esto se está convirtiendo en una epidemia" y advirtió que hoy habrá un anuncio sobre el caso de Telecom con el fin de frenar un desangre y precisó que está haciendo una investigación al patrimonio autónomo de la entidad.
Desde hace años se han venido acumulando demandas al Estado en cabeza de "carteles de abogados". Por ejemplo, en 2011 el Gobierno denunció que estaban en jaque 45 billones de pesos por las pretensiones de estos abogados que defendían víctimas de captadoras ilegales como DMG.
Esos casos de corrupción se han ido multiplicando y aunque se han concentrado en departamentos de la región Caribe, también se han detectado irregularidades en Cauca, Boyacá y en Bogotá. Además del carrusel pensional del magisterio, la Agencia de Defensa Judicial de la Nación ha identificado otros sectores donde hay riesgo de perderse cuantiosos recursos.
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