Ante la decisión del Consejo de Estado de anular el laudo arbitral que obligaba a EPM Telecomunicaciones (hoy Une) indemnizar a Comcel (ahora Claro) con 17.324 millones, la multinacional mejicana considera que el caso no está cerrado.
En un lacónico comunicado, anoche dijo que acata la decisión del Consejo de Estado, que establece que no se llevó a cabalidad el proceso, por parte de los árbitros del proceso que empezó a finales de 2007.
De hecho, el Consejo de Estado falló a favor de Une al verificar que el tribunal de arbitramento no hizo la respectiva solicitud. Pero sugiere que la "decisión del Consejo de Estado implica que se debe convocar nuevamente al tribunal de arbitramento para que realice la consulta prejudicial ante el Tribunal Andino, y se vuelva a dictar el laudo arbitral". La justicia tiene otra vez la palabra.
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