Esta semana el país político fue sacudido por una situación inédita: aun sin haber asumido su curul, dos congresistas electos –Wadith Manzur y Karen Manrique, implicados en el caso de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)–, fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Es decir, ambos parlamentarios –quienes actualmente fungen como representantes a la Cámara–, no podrán tomar posesión de sus escaños el 20 de julio próximo. Ello implica que desde ya el nuevo Congreso arrancará con dos sillas vacías.
Al margen de la controversia y las consideraciones de lado y lado, lo cierto es que son varios los congresistas electos que enfrentan procesos, indagaciones e investigaciones ante diferentes instancias por presuntos delitos o fallas. Uno de esos estamentos es nada menos que la Procuraduría General de la Nación, el organismo encargado de vigilar y sancionar disciplinariamente la conducta de los funcionarios públicos.
A través de un derecho de petición elevado por EL COLOMBIANO, el Ministerio Público confirmó que actualmente tiene procesos abiertos contra 26 senadores electos (uno de cada cuatro), así como contra 27 representantes a la Cámara (el 16% de la Corporación) que asumirán en julio próximo.
A la luz de esas cifras se concluye que, del total de congresistas (286 sumando Senado y Cámara), el 18,5% –casi uno de cada cinco parlamentarios– tiene procesos sancionatorios o investigaciones administrativas ante la Procuraduría General.
Según la información conocida por este diario, hay 52 procesos en curso contra senadores electos –en la medida en que un mismo funcionario puede tener varias investigaciones en contra–, mientras que en Cámara se adelantan en total 40 actuaciones.
Los implicados
Solo en Senado, de acuerdo con la Procuraduría, hay 17 procesos abiertos contra senadores electos del Pacto Histórico, mientras que hay 13 contra parlamentarios del Partido Liberal. Además, el Partido de La U concentra siete procesos y colectividades como Centro Democrático o el Conservador agrupan hasta cinco investigaciones. (Ver infografía)
De acuerdo con los datos del organismo de control, el congresista que suma el mayor número de procesos es Héctor Olimpo Espinosa, senador electo del Partido Liberal, quien tras declinar a su aspiración presidencial y lanzarse al Congreso obtuvo 96.310 votos.
Si bien contra Espinosa a lo largo de su carrera pública se han abierto 39 procesos, actualmente nueve están vigentes, todos relacionados con su paso por la Gobernación de Sucre entre 2020 y 2023.
Otro liberal con procesos en contra es el exalcalde de Sabaneta, Antioquia, Santiago Montoya Montoya, quien ejerció durante 2020 y 2023, y que se hizo a 88.962 votos en los comicios del pasado 8 de marzo. Entre otras, es investigado por negarse a presentar su declaración de bienes y rentas, sus conflictos de intereses y la declaración del impuesto sobre la renta.
En el Pacto Histórico también hay investigados. Por un lado, figura el senador Alex Flórez, uno de los cercanos al controvertido Daniel Quintero, quien suma cinco procesos en contra. La mayoría (cuatro), son por su paso por el Concejo de Medellín y uno por su trayectoria en el Senado.
También aparece Carmen Patricia Caicedo, quien durante su carrera pública ha sumado 24 procesos; sin embargo, solo tiene tres vigentes
Otros senadores electos hasta con cinco investigaciones vigentes en la Procuraduría son Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador –quien obtuvo 88.065 votos–, y Wilmer Carrillo, del Partido de La U, quien saltó de la Cámara al Senado tras hacerse a 125.356 apoyos.
Investigados en Cámara
En el caso de la Cámara de Representantes, el congresista electo con mayor número de procesos es el exalcalde de Valledupar, Mello Castro González, quien se hizo a 58.171 votos con el aval del Partido Liberal. Es investigado, entre otras, por supuestos líos en el manejo de regalías y por presuntamente no presentar su declaración de bienes y rentas.
Con hasta tres procesos figuran: el exalcalde de Piedecuesta (Santander), Mario José Carvajal, que obtuvo 61.313 apoyos también con aval liberal; el exdiputado de Risaralda, José Durgués Espinosa Martínez, que consiguió 26.760 votos con el espaldarazo del Centro Democrático y el MIRA, y Julio Aníbal Álvarez, exdiputado liberal de Nariño con 35.534 apoyos.
Hasta con dos investigaciones activas aparecen además el exalcalde de Duitama (Boyacá), José Luis Bohórquez, de la lista cerrada del Pacto Histórico; Juan Manuel Londoño, exgerente de Inficaldas y exsubgerente del Incoder, que obtuvo 30.335 con el respaldo del Partido Conservador, y la actual representante del Huila, Flora Perdomo Andrade (38.092 votos con el aval liberal, aunque es señalada de apoyar al gobierno de Gustavo Petro).
En el ramillete se cuenta también Guillermo Ignacio Alvira Acosta, exalcalde de San Luis (Tolima) durante 2020 y 2023, quien consiguió 54.506 votos con el respaldo del Partido Conservador. Uno de los casos está relacionado con el presunto incumplimiento de una sentencia de tutela que protegía los derechos fundamentales de un grupo de ciudadanos.
“La decisión judicial ordenó al municipio adelantar en un plazo de cinco meses todas las acciones necesarias para ejecutar el proyecto habitacional Torres de San Carlos, o en su defecto, ofrecer a los beneficiarios otra alternativa. Al parecer, las autoridades municipales no cumplieron lo ordenado, lo que llevó al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de San Luis a declarar el desacato”, determinó en su momento el ente de control.
¿Qué viene para los investigados?
Pese a las investigaciones y procesos, lo cierto es que, aun en caso de que se confirme algún tipo de sanción por parte de la Procuraduría, ello no implica que sean apartados de su cargo. Lo ocurrido con el senador Alex Flórez ejemplifica la situación.
En octubre de 2024 el Ministerio Público confirmó un fallo de primera instancia contra el congresista petrista. Lo anterior, por el penoso incidente ocurrido en Cartagena en septiembre de 2022, cuando insultó e intimidó policías en estado de embriaguez.
Por estos hechos, protagonizar actos calumniosos y en estado de alicoramiento contra integrantes de la fuerza pública, fue suspendido e inhabilitado para ejercer cargos públicos durante seis meses.
Sin embargo, la misma Procuraduría declaró que, aun cuando se concluyó el proceso disciplinario, era necesaria otra instancia para confirmar la sanción. ¿La razón? Un fallo de la Corte Constitucional que determinó que “es imperioso” asegurar que las decisiones sancionatorias “no pueden quedar ejecutoriadas ni ser ejecutables antes de que su determinación final se defina por medio de sentencia que expida un juez”.
El trasfondo de esa determinación constitucional fue el fallo a favor del hoy presidente Gustavo Petro emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que el Ministerio Público no puede inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular.
“Todas esas demandas contra los procesos terminan en el Consejo de Estado. A la luz de lo determinado por la CIDH y la Corte, se concluye que la sanción no queda en firme, sino que es necesario acudir al Consejo de Estado para que emita un pronunciamiento de fondo, porque lo que dice la Constitución es que nadie puede ser juzgado sino por su juez natural. En este caso hace el juez natural de una persona de elección popular es el Consejo de Estado”, explica el abogado César Vargas, magíster en Criminología y Ejecución Penal, y presidente de la firma CDS Estrategia Legal.
Aunque las investigaciones disciplinarias no implican per se sanciones ni la pérdida automática del cargo, sí ponen de relieve el desafío institucional que enfrenta el nuevo Congreso que asumirá en poco más de cuatro meses.
Con decenas de procesos en curso y varios casos de alto perfil en la opinión pública, el papel de los organismos de control y de las instancias judiciales será determinante para esclarecer responsabilidades. En últimas, lo que está en juego es la confianza ciudadana en una de las ramas fundamentales del poder público.
Los aspirantes investigados
La información presentada por la Procuraduría permite evidenciar también que de los 1.078 candidatos que se inscribieron al Senado y de los 2.066 que postularon su nombre para la Cámara, en total se cuentan 2.463 investigaciones disciplinarias. Eso sí, la gran mayoría (2.121) se encuentra en estado inactivo, mientras que 342 aún están vigentes.
Al revisar los procesos disciplinarios activos (ver infografía), se concluye que 186 –más de la mitad, el 54 %– se encuentran en etapa probatoria. Por otro lado, 62 casos están en pruebas de descargos; 51 en evaluación de investigación disciplinaria; 17 procesos están para proferir fallo; ocho en recurso de apelación del fallo sancionatorio, y siete en etapa probatoria en indagación preliminar.
Además, hay tres casos en evaluación de indagación, otros tres en proceso de registro de decisión, dos con recursos de apelación o archivo, otros dos en estudio preliminar, y uno para proferir fallo en recurso de apelación.
En este contexto, hay que tener en cuenta también que hay congresistas electos que ya fueron sancionados por la Procuraduría; no obstante, pudieron presentarse tras cumplir la inhabilidad determinada por el organismo de control.
¿Y las curules de Manzur y Manrique?
Después de que la Corte Suprema de Justicia enviara a la cárcel a los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, empezaron los cuestionamientos de qué ocurrirá con sus curules, teniendo en cuenta que acaban de ser reelegidos. Ambos fueron acusados por el delito de cohecho impropio e irán a la cárcel por una medida de aseguramiento.
Son varias preguntas para el caso del congresista conservador Wadith Manzur y la congresista de las CITREP Karen Manrique. Por ahora, ninguno de los dos representantes ha sido condenado y hay presunción de inocencia, pero de todas maneras se aplicaría la figura de la silla vacía en estos últimos tres meses de Congreso. Un precedente relevante para este caso es el del exsenador liberal Mario Castaño, quien fue capturado el 7 de junio de 2022, a poco más de un mes de acabar su período legislativo. Su curul no alcanzó a ser ocupada pero tampoco se aplicó la figura de la silla vacía.
Otro caso es el de Aída Merlano, a quien la Corte le confirmó financiación con recursos que excedían los topes legales y, posteriormente, por fugarse. Aunque Soledad Tamayo asumió su escaño en el Senado durante poco más de un año, el Consejo de Estado le cerró el camino al anular el acto de llamamiento que le hizo el Congreso para hacerlo.
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