Las reclamaciones por parte de personas naturales y jurídicas que colocaron sus dineros en las llamadas pirámides ascienden a 621.765.
Estas solicitudes representan un monto aproximado de 708.271 millones de pesos, según estadísticas manejadas por la Superintendencia de Sociedades.
Los análisis realizados por la entidad permiten determinar, además, que el total de dinero en efectivo que se ha incautado en 335 firmas es 133.253 millones de pesos, de los cuales, 108.000 millones de pesos corresponden a la empresa Drfe. Este dinero está consignado en el Banco Agrario.
Fuentes del ente de control señalaron que con este fenómeno se han afectado 1.245 proveedores, 829 empleados directos y 234 indirectos. Sin embargo, estas cifras pueden aumentar debido a que aún no se conocen los resultados de todas las sociedades intervenidas.
Informe detallado
La Superintendencia presentará en próximos días a la opinión pública, un informe detallado sobre cada una de las sociedades cuestionadas con el fin de que tanto los afectados como los que no lo son conozcan de cerca el desarrollo del proceso de cada una de las comopañías cuestionadas.
Para cumplir con este objetivo, los interventores se encuentran trabajando en cada una de las firmas con el propósito de recopilar datos de los reclamantes y así adelantar el proceso de devolución de los dineros.
"Los designados realizan su labor de la mano de las autoridades pertinentes, para presentarle al país un completo informe con el que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones frente a la coyuntura y recuperar recursos y bienes", dijeron fuentes de la entidad.
Los interventores tienen 20 días calendario para analizar la documentación y pronunciarse sobre la legitimidad de los mismos. Posteriormente, se determina el valor de los bienes y se ponen en venta. En caso de no ser adquiridos, la Central de Inversiones S.A, se quedará con los mismos, según lo establece la ley.
En el caso de DMG
La interventora de DMG, María Mercedes Perry Ferreira, dijo que se está llevando a cabo la revisión de las 240.244 solicitudes presentadas de 113 sucursales de la sociedad en mención.
Perry señaló que a finales de enero se hará el pronunciamiento sobre los documentos aceptados y los que no lo fueron. Los últimos tendrán cinco días de plazo para presentar objeciones y en los diez días siguientes se procederá a un segundo dictamen por parte del interventor.
"El pago se realizará de acuerdo con la ciudad y se prevé que comiencen a finales de febrero", dijo Perry.
Para el colaborador del interventor de Drfe, Carlos Cortés, el vencimiento del plazo fue el 29 de diciembre de 2008 y hasta el momento no se tienen cifras consolidadas debido a la extensión geográfica de la sociedad, pues son diez departamentos con 60 oficinas.
Según Cortés, los afectados pasan de 300.000, por lo tanto, se estudia la posibilidad de pedir prórroga con el propósito de darle atención a un mayor número de solicitudes.
Por su parte, el interventor de Costa Caribe, Jorge Urrego Bustamante, señaló que se presentaron 19.178 reclamaciones correspondientes a 432.300 millones de pesos.
Además, manifestó que enviará la solicitud a la Superintendencia de Sociedades con el fin de prorrogar el plazo establecido en 30 días más, debido a que se encontraron 25.000 carpetas con los registros de los pagarés de las personas que depositaron sus dineros en esta sociedad.
Pero no todas las sociedades intervenidas cuentan con montos elevados, también existen otras como, por ejemplo, Funsome, cuyo interventor es Juan Bautista Hernández, quien afirmó que son 10.000 los afectados en Bogotá y el monto corresponde a 47.000 pesos por persona.
Plan de desmonte
Según el interventor de Global Vital, Manzur Numa, esta firma presentó ante la Supersociedades, el plan de desmonte que está siendo objeto de análisis por parte de la entidad. Sólo se analizan nueve reclamaciones. Este plan permite que en un plazo de tres meses sean devueltos los dineros a los afectados.
Global Empresarial y Euroacciones, también se encuentran bajo responsabilidad de Numa. Estas firmas se ubican en Putumayo y Nariño, respectivamente, y los afectados conformaron comités con el propósito de agilizar los procedimientos de devolución de dineros.
