Desde las cero horas de hoy, y hasta el lunes, la Universidad de Antioquia tiene habilitada una consulta en su página de internet sobre los problemas de convivencia que la desangran.
Son cuatro preguntas que según Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general, son precisas con respecto a los asuntos más sensibles de la coyuntura. El Consejo Académico comunicó que la idea es darles espacio a las voces de quienes no suelen expresarse o son silenciados y que será "un presupuesto para la normalización académica".
Santiago Salinas, alumno de la U. de A., no comparte la iniciativa porque cree que se pretende justificar medidas que se tomen posteriormente con respuestas obvias a preguntas sobre la situación del campus.
Salinas habló ayer en una rueda de prensa a la que convocaron organizaciones estudiantiles universitarias. En la cita alumnos y profesores del Alma Máter exigieron la reapertura inmediata de la institución, cerrada desde el 15 de septiembre luego de que una manifestación de estudiantes y el ingreso del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (Esmad) -hay voces encontradas sobre si estaba justificado o no- terminara en violencia.
Los delegados de los estudiantes aseguraron que tienen propuestas frente a los temas sensibles del claustro pero que se sentarán a dialogar cuando esté abierto. En ese sentido, Camilo Durango, del Comité Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda, sostuvo que para debatir se requiere la presencia de los miembros del plantel.
Esa posición, dijo Alejandro Parra, de la Federación Universitaria Nacional, la expusieron los cinco delegados de los estudiantes que el martes estuvieron en la sesión del Consejo Superior. Parra, sin embargo, dijo que no vio disposición al diálogo de parte del gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, presidente de ese organismo, el máximo de dirección.
En esa reunión el Gobernador reiteró que la fuerza pública entrará a la ciudadela las veces que sean necesarias.
Sara Fernández, de la Asociación de Profesores, manifestó que aceptan medidas judiciales y de policía para combatir problemas de convivencia pero con respeto a los derechos constitucionales de la comunidad universitaria.
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