Una polémica sobre el manejo de los permisos mineros por parte de los entes territoriales, desató el director de Ingeominas, Mario Ballesteros, al asegurar que la mina La Planta, ubicada en Cucunubá (Cundinamarca), y en donde se presentó el viernes una explosión que acabó con la vida de ocho personas, funcionaba de manera ilegal desde hace cuatro años.
"En 2004, se canceló la licencia de funcionamiento porque la mina no cumplía con los requisitos básicos de seguridad. En 2005, los dueños de la mina, respondieron con un recurso de reposición, y el Ingeominas, se ratificó en su decisión de cerrar la mina", dijo el funcionario.
"Inmediatamente se trasladaron copias de los documentos al alcalde del momento. Adicionalmente en 2006, se realizaron dos visitas informándolos sobre el funcionamiento ilegal de esta mina", aseveró.
Nelson Varela, alcalde de Cucunubá, reconoció que en la mina no existían las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes allí trabajaban.
Así mismo, pero dijo desconocer su competencia en el cierre de la mina, principalmente porque ante su despacho no se había radicado documento alguno que le informara sobre la ilegalidad de esta explotación carbonífera, aunque no descartó que la hubiera recibido su antecesor en el cargo.
Un minero sobreviviente
Entretanto, Uriel Guzmán, uno de los dos mineros que sobrevivieron a la explosión aseguró que el calentamiento de la mina se venía presentando desde hace varios días, pero ninguna de las personas que se encontraban en el lugar se percató de la peligrosidad del fenómeno.
El gas metano es un elemento inherente a los productos carboníferos, que si no se evacua a través de un estricto proceso de ventilación se convierte en un material altamente explosivo.
Una vez el compuesto entra en contacto con el fuego, o es sometido a cambios fuertes de temperatura, se convierte en un potente explosivo.
