La reparación a cerca de cuatro millones de colombianos víctimas del conflicto y sus actores armados ilegales es una promesa del Gobierno.
Miguel Samper, director de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, uno de los funcionarios responsables de elaborar el proyecto de Ley de Víctimas reconoce que esta iniciativa exige medidas extraordinarias y un gran esfuerzo económico.
El Fondo de Reparación no alcanza para reparar
"En el proyecto de Ley se establece que el fondo sigue cubriendo la reparación por vía judicial, pero se le adicionan recursos de bienes incautados al narcotráfico y otros en proceso extinción de dominio y recursos de cooperación internacional. El Gobierno es consciente que el fondo no se ha nutrido lo suficiente por victimarios".
¿Por qué el fondo tiene tan pocos recursos?
"Ha faltado voluntad de los desmovilizados, no han entregado los bienes que deberían. El proceso de extinción de dominio y el trámite para que los bienes incautados lleguen al fondo exige que estén saneados para utilizarse y en algunos casos eso no ocurre. Esos dos efectos se agravan porque los proceso requieren trámite legal y no han sido tan rápidos y expeditos como se quisiera".
Mientras se resuelven esos problemas y cuellos de botella, ¿qué se está haciendo?
"El Gobierno ha venido impulsando la reparación administrativa, complementaria a la judicial, se vienen entregando recursos con cargo al presupuesto nacional por 500 mil millones de pesos a unas 20 mil familias".
La Fiscalía ha encontrado bienes de los victimarios no declarados, escondidos...
"El Gobierno tiene claro que los bienes obtenidos ilegalmente o legalmente son los que deben cubrir la reparación, la idea es perseguirlos y buscarlos. El compromiso de los postulados para obtener la pena alternativa y los beneficios de Justicia y Paz es entregar bienes o pueden ser excluidos y juzgados por la justicia ordinaria".
La administración de los bienes ha sido un dolor de cabeza...
"En coordinación con Incoder y Acción Social estamos ajustando mecanismos y coordinación para asegurar que se administren bien los activos, que no pierdan valor y se deterioren".
¿Cuánto le costará al Estado la reparación de las víctimas, según la Ley de Víctimas?
"La cifra aún no es cuantificable mientras no se tenga el universo total de víctimas. La cifra que ha rondado es de 40 billones de pesos. El esfuerzo económico es monumental, es el proyecto de reparación más ambicioso en el mundo, así lo ha reconocido la OIM. Pero el Ministerio de Hacienda aún no se puede comprometer con una cifra, pero las preocupaciones fiscales que generaba el proyecto anterior ya no se encuentran en el actual proyecto de Ley".
¿Se puede financiar la Ley de Víctimas sin temor a un déficit fiscal?
"La sostenibilidad del proyecto radica en el criterio de progresividad, acorde con la sostenibilidad fiscal y gradual en los próximos 15 años. El objetivo es reparar unas 4 millones de personas, un millón de familias, pero la sostenibilidad fiscal también depende de que no haya más víctimas en el futuro. Para eso el proyecto plantea garantías de no repetición y el Gobierno es consciente de que con seguridad y proyectos sociales debe garantizar que no haya más ciclos de violencia que produzcan más víctimas".
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