Con la presencia de varios cancilleres y representantes del continente, comenzó la 44° Asamblea General de la OEA sobre el proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La reunión en la Organización de Estados Americanos cuenta con la presencia de los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño; México, José Antonio Meade; Colombia, María Ángela Holguín; Argentina, Héctor Timerman; Perú, Rafael Roncagliolo y Chile, Alfredo Moreno.
También acudieron el ministro de Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez; el de Guatemala, Fernando Carrera; el de Costa Rica, Enrique Castillo; el de Paraguay, José Félix Fernández, y el de Grenada, Nickolas Steele.
Por parte de EE.UU. asiste el subsecretario de Estado, William Burns; por Brasil el subsecretario de la Cancillería para Suramérica, Antonio Simoes; por Bolivia el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, y por Venezuela y Nicaragua sus embajadores ante la OEA, Roy Chaderton y Denis Moncada, respectivamente.
Al comienzo de la reunión, el ministro mexicano propuso a su homólogo costarricense para presidir la reunión, algo que respaldaron el resto de delegaciones.
Antes de la reunión, los cancilleres participaron en varias reuniones cerradas para tratar de concretar un acuerdo en puntos relacionados con la financiación, en este punto no hay todavía consenso.
El canciller ecuatoriano dijo a los periodistas al llegar a la OEA que Ecuador no cree que será posible alcanzar este viernes un acuerdo, a menos que se plantee una alternativa de una discusión a posteriori, después de algunos meses y con profundidad sobre el tema de los derechos humanos.
Mientras, el canciller chileno dijo que todos los fondos que recibe la CIDH, tanto de los Estados miembros de la OEA como externos son importantes y que la reforma que la Comisión ya ha aprobado para sí misma satisface ampliamente las preocupaciones que tenía Chile, que comparte posición con países como México y Perú.
El borrador de resolución toma nota de la reforma y del propio reglamento que la CIDH aprobó el lunes pasado, y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, lo que otorgaría un respaldo explícito de los Estados a ese trabajo de la Comisión como órgano autónomo.
No obstante, un grupo de países liderado por Ecuador ha abierto un nuevo debate, centrado fundamentalmente en cómo financiar la Comisión y sus ocho relatorías, centradas en colectivos específicos.
Otra de las ideas que debatirán los cancilleres es la de convertir todas las relatorías de la CIDH en especiales, es decir, otorgarles el mismo rango que la de Libertad de Expresión y encargarlas a una persona a tiempo completo, aunque esto estaría condicionado a que se aumenten las aportaciones de los Estados.
De llamar alguno de los cancilleres a votación, la eventual resolución debería aprobarse por una mayoría simple de 18 votos, un esquema en el que es clave la posibilidad, aún no determinada, de que los países caribeños emitan sus 14 votos en bloque.
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